Reducir la jornada laboral también pasa por Puigdemont: Junts no asegura ni su tramitación
La primera batalla es alcanzar un pacto dentro del Gobierno entre PSOE y Sumar y afrontar luego la "realidad parlamentaria". UGT trabaja para que los independentistas permitan al menos abrir la negociación
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La reducción de la jornada laboral dependerá también del pulgar de Carles Puigdemont. El Gobierno de coalición arranca 2025 sin garantías de sacar adelante en el Congreso la que aspira a ser una de las medidas estrella de la legislatura. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, acabó el año con un acuerdo con los sindicatos para bajar de 40 a 37,5 horas semanales. Pero ahora debe aprobarse en el Consejo de Ministros y remitirse después a las Cortes.
Ninguno de estos dos pasos está exento de complicaciones. La parte socialista del Ejecutivo avisa de que el pacto social requiere pasar el filtro del conjunto del Gobierno. "Hay que buscar el punto de equilibrio entre los dos socios, No existe todavía una posición interna", explican fuentes gubernamentales. En Sumar admiten que lograr este consenso es la "primera batalla". Aunque las dos partes dan por seguro que habrá acuerdo. A partir de ahí se necesita contar con votos suficientes en el Congreso. Y Junts ni siquiera asegura su tramitación.
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, que en diciembre pasado viajó a Waterloo (Bélgica) para abordar, entre otros asuntos, el apoyo de Junts a la rebaja de la jornada laboral, destacó ayer en la Ser que "nadie puede dar por hecho el voto de Junts". Álvarez explicó que están intentando convencerles de que su respaldo puede contribuir a que también se sume la CEOE. En resumen, que si no presentan en su momento una enmienda a la totalidad, el texto puede enriquecerse para contentar a la patronal y a las formaciones de derecha (Junts y PNV) de la mayoría parlamentaria, que (no siempre) sostienen al Ejecutivo.
El líder sindical vincula a Puigdemont con los empresarios catalanes y relaciona la "espantada" de CEOE, que en noviembre se levantó de la mesa de diálogo tras meses de conversaciones con el Ministerio de Trabajo y los sindicatos, a los contactos con Junts. En realidad, no han existido formalmente reuniones entre Junts y CEOE, sino entre los independentistas y Foment del Treball, la principal organización empresarial de Cataluña, asociada con Antonio Garamendi.
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El presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre, muy crítico con la bajada a 37,5 horas, presiona a Puigdemont para que no la respalde. Esa pinza (Sánchez Llibre es además vicepresidente de CEOE) facilita que Garamendi se eche a un lado. Si Junts no está por la labor, no hay votos en el Congreso para aprobar la nueva ley. Los empresarios, en la medida en que media una tramitación parlamentaria, no han tenido seguridad y no se han visto conminados a negociar, según Pepe Álvarez. Por eso, recalcó, la importancia de incorporar a Junts, para que sirva también de vehículo al reencuentro con la patronal y el pacto social.
PSOE y Sumar tienen firmado que la reforma debe culminar en 2025, pero los socialistas sostienen en privado que la fecha no es lo más importante y que lo fundamental es que cuente con el mayor consenso. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, aseguró ayer en RNE que la voluntad es "llegar lo antes posible" pero advirtió de que hay que ser "conscientes" de la "dificultad". Hay dos realidades a tener en cuenta, señaló, la primera es la "realidad parlamentaria" y la segunda es la "realidad económica", en referencia al impacto sobre las empresas, a las que, dijo, "tenemos que ayudar y acompañar".
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A la complejidad de contar con Junts se une la necesidad de contentar a Podemos. Sus votos son igual de imprescindibles y eso obliga a que la ley tampoco pueda "bascular a la derecha", apuntan fuentes al tanto de este proceso. El Gobierno confía en que la negociación sobre la reducción de la jornada laboral se beneficie de que cuenta con un importante apoyo social, a izquierda y derecha. Pero la relación con Junts pasa por uno de sus peores momentos y el Ejecutivo ni siquiera tiene la seguridad de poder aprobar los presupuestos.
Lo lógico es que si al final hay acuerdo con Puigdemont sobre las cuentas y Pedro Sánchez consigue estabilizar la legislatura, eso redunde en un acercamiento para rebajar la jornada de trabajo. Si es al contrario, este asunto también se le puede atragantar al Gobierno.
La reducción de la jornada laboral dependerá también del pulgar de Carles Puigdemont. El Gobierno de coalición arranca 2025 sin garantías de sacar adelante en el Congreso la que aspira a ser una de las medidas estrella de la legislatura. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, acabó el año con un acuerdo con los sindicatos para bajar de 40 a 37,5 horas semanales. Pero ahora debe aprobarse en el Consejo de Ministros y remitirse después a las Cortes.