La UCO descubre que el fiscal general cambió de móvil una semana después de imputarle el Supremo

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha entregado un nuevo informe al Tribunal Supremo en el que avisa de que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, llevó a cabo "un cambio de terminal telefónico" una semana después de que se le imputara por un presunto delito de revelación de secretos contra el novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. Los investigadores han detectado ese cambio después de que el análisis de los terminales incautados a García Ortiz finalizara con el hallazgo de "0 mensajes" entre el 8 y el 14 de marzo, que es el periodo en el que se produjeron las supuestas filtraciones.

Tras ese primer informe, el magistrado reclamó el pasado 23 de diciembre que se le facilitara el listado completo de números de teléfono que se clonaron durante la entrada y registro al despacho de García Ortiz. Se trataba del primer paso destinado a intentar recuperar las comunicaciones eliminadas y la UCO ha respondido ahora al magistrado avisándole sobre el cambio de teléfono que se llevó a cabo el pasado 23 de octubre.

El informe, al que ha tenido acceso El Confidencial, apunta para ello a "los números de IMEI asociados al móvil localizado", que funcionan como "un identificador único que es identificativo para cada terminal". En el caso de los dispositivos de García Ortiz, "el inicio de actividad de los IMSIs aparejados a estos IMEIs es de fecha 23.10.2024, es decir, se habría producido un cambio de terminal telefónico en ese día".

Apenas una semana antes, el 16 de octubre, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo anunció la imputación del fiscal general del Estado y designó al magistrado Ángel Luis Hurtado para hacerse cargo de la instrucción. “Deben incoarse las oportunas diligencias de investigación, con el fin de confirmar o descartar los indicios suficientes de criminalidad anteriormente analizados, así como el grado de participación indiciaria de los querellados en los mismos”, advirtió el tribunal en un auto notificado ese mismo miércoles.

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La UCO también detalla en su nuevo informe que, "en lo que respecta a los números de teléfono asociados a las tarjetas objeto de dicha diligencia, y la titularidad asociada a los mismos, se han identificado dos números". Uno está a nombre de García Ortiz y es en el que recibió los wasaps de la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. El otro está a nombre de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación, que depende del Ministerio de Hacienda. La UCO precisa que ha detectado una IMSI (identificador único de cada abonado) vinculada a cada uno de estos números. En ambos casos, su "inicio de actividad" se produjo en 2020.

Un fiscal le vio con un móvil

El informe de la UCO llega después de que el fiscal Salvador Viada confirmara al magistrado que el pasado 30 de octubre, mientras la Guardia Civil estaba registrando el despacho de García Ortiz, él mismo vio cómo este revisaba un teléfono móvil junto a su número dos, la teniente fiscal Ángeles Sánchez Conde. Esta última es además la representante de la Fiscalía en la causa que se sigue contra García Ortiz y desde el primer momento se ha opuesto a que se investigue a su jefe por revelación de secretos.

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El magistrado citó a Viada a solicitud de la acusación que ejerce la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), a la que este pertenece. En un escrito, la APIF comunicó al Supremo lo que había visto Viada e incidió en que esta conversación entre el jefe de la Fiscalía y la teniente evidenciaba que ambos conversaban sobre asuntos del procedimiento, en ausencia del abogado de la defensa. El gesto deslizaba, además, la sospecha de una posible manipulación del terminal.

A su salida de su declaración ante el Supremo, el propio Viada indicó que la conversación "le llamó la atención" al tratarse de la fiscal del caso. "Yo no puedo saber ni qué miraban, ni de quién era el teléfono, ni ningún detalle por el estilo", reconoció. La APIF también pidió que se solicitaran las cámaras de vigilancia de la Fiscalía General del Estado y el juez atendió esta solicitud, pero posteriormente se supo que ninguna de ellas enfocaba al lugar donde se produjo el suceso que relata Viada.