MAR, periodistas, fiscales y su hermano David: nuevo vía crucis judicial en enero para Sánchez

El caso Koldo, la imputación del fiscal general, la investigación contra su mujer, Begoña Gómez, y el procedimiento que se ha abierto contra su hermano, David Sánchez. Esas son las cuatro causas que acechan al presidente del Gobierno y que en los próximos meses alcanzarán su punto álgido. 2024 ya terminó con una serie de diligencias que enfrentaron a Pedro Sánchez a una situación sin precedentes, pero el nuevo año arranca desde este mismo enero con un nuevo vía crucis judicial para él.

La primera fecha marcada en rojo es la del próximo día 8, cuando el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, también conocido como MAR, está citado a declarar como testigo en el marco de la investigación que se sigue contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos contra el novio de la presidenta madrileña, Alberto González Amador. La tesis de la defensa de García Ortiz se centra en que el entorno de Díaz Ayuso y su jefe de gabinete intervinieron en las filtraciones de los correos electrónicos en los que la defensa de González Amador trataba de cerrar un acuerdo con la Fiscalía.

Como informó este diario, MAR no tenía el especial deber de reserva que pesa sobre los miembros de la carrera fiscal, pero García Ortiz quiere que se le interrogue igualmente. De hecho, los días 8 y 9 también comparecerán como testigos una serie de periodistas de El Mundo, La Sexta, Cadena SER, El Diario, El Plural, Vozpópuli, y Libertad Digital. García Ortiz confía en que estas declaraciones permitan reforzar su defensa en un momento en el que se ve acorralado por el borrado de los mensajes de su móvil, así como por el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que también apunta al PSOE y el Gobierno por las filtraciones.

La ronda de declaraciones de esta causa se retomará el 16 de enero, cuando comparecerán como testigos la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, y el fiscal de Delitos Económicos, Julián Salto, que fue el que denunció por fraude a la pareja de la presidenta madrileña. Ella ya entregó el pasado junio los wasaps que le envió García Ortiz para ordenarle que sacaran una nota de prensa en la que detallaban los correos enviados por González Amador. "Si dejamos pasar el momento nos van a ganar el relato", le indicaba el fiscal general en estos mensajes. "Es imperativo sacarla". En cuanto a Salto, la investigación ha revelado que le hicieron abandonar un estadio de fútbol en pleno partido de la Liga de Campeones para que les enviara estos correos que el fiscal general estaba reclamando de forma urgente.

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El 21 de enero, testificarán a su vez los jefes de prensa de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid y de la Fiscalía General. A la hora de acordar las últimas citaciones, el magistrado ha indicado además que valorará el ofrecimiento que hizo la fiscal superior de la Comunidad Madrid de volcar los correos y wasaps que intercambió con la Fiscalía General en las fechas clave. Si se acuerda esta diligencia, los investigadores podrían acceder a nuevos mensajes de García Ortiz, y todo ello en un momento en el que se ve cuestionado por parte de la institución ante las recientes declaraciones de Pedro Sánchez en las que se refirió a él como "su" fiscal general.

El interrogatorio a su hermano

El 9 de enero, mientras los mencionados periodistas testifiquen en el Tribunal Supremo, el hermano del presidente, David Sánchez, tendrá que comparecer como imputado en el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz. La principal línea de investigación se centra en el modo en que accedió a su puesto como jefe de la oficina de Artes Escénicas de la Diputación pacense y en cómo desempeña el mismo, para lo que la magistrada que instruye la causa apunta a posibles delitos contra la Administración Pública como prevaricación, tráfico de influencias, malversación o enriquecimiento ilícito.

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La citación David Sánchez, cuyo nombre artístico es David Azagra, se produjo después de que la UCO remitiera a la jueza un informe en el que analizaban miles de correos electrónicos del hermano del presidente y de otros cargos locales. Entre ellos, los del actual líder del PSOE y entonces presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, quien también consta como investigado.

En su informe, la UCO concluyó que la Diputación de Badajoz había los trámites para fabricar la plaza de alta dirección, que terminó en poder del hermano del presidente solo tres días después de considerarla excesiva. Los investigadores aún no han logrado hallar de quién partió la orden inicial, pero la magistrada considera que "existen indicios de racionales de criminalidad".

El 'software' de Begoña Gómez

El 22 de enero, el juez Juan Carlos Peinado ha citado además a los representantes legales de Google, Indra y Telefónica por el software que desarrollaron para el máster de Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid. El magistrado también acuerda tomar declaración ese mismo día como testigos al vicerrector de Relaciones Institucionales de la universidad, José María Coello de Portugal, y a su antecesor en el cargo, Juan Carlos Doadrio, así como a los representantes de otras dos empresas: la Fundación Manpower, que colaboró con la cátedra de Gómez, y Arsys Internet, que registró el dominio desde el que ofrecía el programa informático.

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Como desveló El Confidencial, Gómez pidió a directivos de Indra, Telefónica y Google que le hicieran gratis este software para el Máster de Transformación Social Competitiva de la Complutense que codirigía desde 2020. Solo en el caso de Indra, los trabajos le supusieron un coste de más de 150.000 euros, pero ni ella, ni el máster, ni la universidad les abonaron cantidad alguna. La mujer de Sánchez registró después la aplicación informática en la Oficina Española de Patentes y además controla el 100% de las acciones de una empresa que lo ofrece.

Begoña Gómez ya presentó el pasado noviembre una serie de correos electrónicos para intentar demostrar que solo siguió indicaciones de la Complutense. Durante su declaración como imputada del pasado 18 de diciembre, siguió la misma estrategia y descargó la responsabilidad de cualquier posible irregularidad sobre la universidad. Según afirmó ante el juez, ella nunca tuvo ningún afán de lucro con el software, pero Peinado quiere escuchar ahora a los representantes de las empresas.

Estas declaraciones se solapan además con otras diligencias que los magistrados ya han ordenado en sus respectivas causas y que aún siguen pendientes, como las que apuntan a un posible intento de recuperar los mensajes borrados de García Ortiz o las de volcar el contenido de un teléfono clave de Víctor de Aldama en el caso Koldo. A la espera de conocer el resultado de las mismas, todo apunta a que tampoco habrá paz judicial para Sánchez durante este mes de enero.