Sumar presenta un plan en el Congreso para desmantelar Muface en nueve meses

El futuro de Muface se decide en diecinueve días y, de momento, mira al precipicio. Adeslas, que presta atención sanitaria a casi la mitad de los funcionarios que atiende Muface (1,5 millones entre beneficiarios directos e indirectos), no ha aceptado la última oferta que ha puesto sobre la mesa el Ministerio de Óscar López, con una subida del 33% en la prima por mutualista. Su decisión de no seguir adelante, al considerar que en las condiciones actuales es "económicamente inviable" y que registraría pérdidas de 250 millones, aboca al modelo a su extinción final, ya que DKV tampoco va a continuar y Asisa no podría asumir sola a todos los mutualistas.

Ante esta situación crítica, el principal socio de gobierno de los socialistas ya se mueve en el área parlamentaria para desmantelar Muface. Sumar siempre ha mostrado su voluntad de acabar con este modelo, abogando por el tránsito paulatino de los funcionarios a la Seguridad Social, para que reciban en su totalidad sanidad pública. Más País fue el partido pionero en esta propuesta, que lleva años formando parte de su programa electoral (al contrario que Podemos).

Sumar acaba de registrar en el Congreso de los Diputados una hoja de ruta para desmontar Muface en un plazo de nueve meses. Se trata de un texto que bebe de forma directa del plan propuesto por Mónica García y su Ministerio de Sanidad. La propuesta será debatida en la Comisión de Sanidad y tras el portazo de Adeslas a la última oferta del Gobierno, el cierre de Muface es más real que nunca. Las otras mutuas, el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (Isfas) y la Mutualidad General Judicial (Mugeju), sí tienen visos de continuar prestando su actividad al contar con el sí de las aseguradoras.

La propuesta de Sumar se resume en prorrogar durante 9 meses el concierto actual, tal y como permite la Ley de Contratos del Sector Público, y abordar en ese tiempo el tránsito de los mutualistas de MUFACE a la prestación de servicios sanitarios por parte del Sistema Nacional de Salud (la sanidad pública). Abogan por transferir la financiación destinada a la asistencia sanitaria en las aseguradoras privadas a la sanidad pública "con criterios proporcionales a las personas que participarían en la transición del modelo".

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Se tendrían en cuenta "sus características e identidades patológicas, con un refuerzo específico para su incorporación en un modelo pleno de Atención Primaria y de coordinación con los diferentes recursos sanitarios hospitalarios y de la red sanitaria y social". El partido de Yolanda Díaz propone una inyección extra de dinero público en la sanidad para afrontar la asistencia de estos nuevos pacientes. "Como no puede ser de otro modo, se ha de acompañar de los recursos monetarios necesarios. Según la Estadística del Gasto Sanitario Público en 2022, último año para el que se dispone de datos, la asistencia sanitaria de las tres mutualidades en cuestión significaba unos 2.436 millones de euros", reza la Proposición No de Ley.

Fases de la demolición de Muface

El primero de los pasos de acuerdo con el socio del PSOE es la creación de "una comisión de trabajo interministerial, liderada desde el Ministerio de Sanidad, que incluya a las comunidades autónomas, con el objetivo de establecer un proceso de transición de beneficiarios del sistema de aseguradoras privadas al sistema público".

Sumar explica que el proceso comenzaría con los mutualistas incluidos en Muface, incorporándose las "prórrogas extraordinarias que fueran necesarias para la continuidad de pacientes y transferencia desde el modelo de aseguradoras y sistema público". Además, "se tendría en cuenta aquellas situaciones especiales como las de trabajadores y trabajadoras en el extranjero en situaciones donde no exista el Sistema Nacional de Salud y no existieran acuerdos bilaterales".

Este grupo parlamentario defiende que la transición hacia la sanidad pública no debe concluir con Muface, sino que debe extenderse también de manera progresiva a los colectivos pertenecientes a Isfas y Mugeju. Los más de 2.000 millones que se destinan ahora a las aseguradoras que ofrecen servicio en estas mutualidades se trasladarían a las comunidades autónomas siguiendo "criterios demográficos y perfiles de morbilidad".

Nuevo incendio para el Gobierno

El fracaso del Ejecutivo en plantear una oferta que convenza a las aseguradoras va a abrir un nuevo frente en el Gobierno: los funcionarios. La mayor parte lleva años recibiendo asistencia sanitaria privada a través de Muface y no cuentan con historial clínico en la pública. La asunción de más de un millón de usuarios adicionales colapsará todavía más un Sistema Nacional de Salud (SNS) que registra listas de espera récord en los últimos tiempos. Fuentes de CSIF aseguran que acudirán a la huelga si no se garantiza a este personal una asistencia sanitaria como la actual.

Según datos de la Cátedra Extraordinaria ‘Salud Sostenible y Responsable’ de la Universidad Complutense de Madrid, en colaboración con la Alianza de la Sanidad Privada (ASPE), las listas de espera para ser atendido por un especialista crecerán un 266%, mientras que las quirúrgicas aumentarán un 115% tras la desaparición de Muface.