Siete tribunales distintos desinflan la teoría de la ofensiva judicial contra Sánchez

El 2024 será recordado como el año en el que el pulso entre el poder ejecutivo y el judicial alcanzó niveles nunca antes vistos en democracia. La semilla se plantó casi desde el arranque de la legislatura en 2023, a partir de la ley de amnistía, y el globo no dejó de inflarse hasta alcanzar su punto más alto a raíz de los procedimientos que rodean a Pedro Sánchez y al propio Ejecutivo. Siete tribunales y una treintena de magistrados lideran o han apoyado estos casos.

La teoría mil veces repetida desde la Moncloa es la de que existe una ofensiva judicial en contra del presidente del Gobierno y que hay magistrados que buscan investigar a su entorno para hacerle daño (teoría repetida este mismo viernes en una entrevista en Onda Cero por el ministro Óscar Puente). No obstante, los órganos judiciales que instruyen o se han pronunciado sobre estos procedimientos son ya diez. Distintos tribunales de distintos territorios y de los que forman parte distintos jueces, enmarcados también en asociaciones progresistas. La tesis de la confabulación no se sostiene ante esta variedad, señalan distintas fuentes jurídicas.

Solo en la Audiencia Nacional, dos juzgados centrales de instrucción distintos se ocupan de procedimientos sensibles. El titular del 3, Ismael Moreno, instruye desde hace meses el conocido como caso Koldo que salpica a varios cargos del Ejecutivo más allá del exministro José Luis Ábalos, con Ángel Víctor Torres y la presidenta del Congreso Francina Armengol a la cabeza.

Mientras, el 5 —a cargo de Santiago Pedraz— se ocupa de instruir aún en secreto la conocida como trama de los hidrocarburos. El empresario Víctor de Aldama actúa como nexo entre ambas causas y existe la sospecha, como también ocurre en el sumario bautizado con el nombre del asesor del que fuera titular de Fomento y secretario de Organización del PSOE, de que hubo pago de mordidas sin que, de momento, se conozca su alcance. La tercera pata en la propia Audiencia es la Sala de lo Penal, que ha venido avalando con sus decisiones la continuidad y el avance tanto de la una como de la otra.

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En el caso del Tribunal Supremo pasa algo similar: dos instructores con causas diferentes y que cuentan con el aval de la Sala de lo Penal. Por una parte, el magistrado Leopoldo Puente conduce el caso Ábalos, con la sospecha creciente de que durante su etapa en el Ejecutivo hubo pago de comisiones a cambio de contratos, buena parte de ellos de obra pública. Por otra, el magistrado Ángel Hurtado se ocupa del procedimiento contra Álvaro García Ortiz por la revelación de secretos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, que ya ha alcanzado también tanto a la Moncloa como a Ferraz, al vincular a distintos cargos que conocieron el contenido de los correos secretos de la defensa del empresario Alberto González Amador.

En cuanto a los juzgados de instrucción, por una parte, el 41 de Madrid, del que es titular Juan Carlos Peinado, lleva las riendas del caso Begoña Gómez, un procedimiento que, en lugar de encoger, va creciendo a media que avanza la instrucción. Desde la revisión de las actividades profesionales de la mujer del presidente del Gobierno se ha avanzado en las últimas semanas a la apertura de una pieza sobre el software que desarrollaron gratis para su cátedra y a petición suya empresas como Google, Indra o Telefónica.

El Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz se ocupa por su lado de la investigación respecto a la contratación del hermano del presidente del Gobierno y el contrato que suscribió con la administración para el cargo de Coordinador de Actividades de los Conservatorios de Música del Área de Cultura, Juventud y Bienestar Social. David Azagra, está citado a declarar como investigado el 9 de enero. La principal línea de investigación de la jueza se centra en posibles irregularidades en el modo en que accedió a su plaza.

Los avales

De trasfondo se encuentra el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y las Audiencias Provinciales de Madrid y de Badajoz. Aquél intervino, primero, para ver delito en la actuación del fiscal general, que remitió al Supremo y después para rechazar las acusaciones de prevaricación contra el juez Peinado y avalar su instrucción. La Audiencia Provincial de la capital también se opuso al archivo del procedimiento contra Begoña Gómez, algo que había reclamado su defensa. Lo mismo hizo la Provincial de Badajoz respecto al procedimiento sobre Azagra.

En todos esos tribunales, una treintena de jueces de distintas sensibilidades, también progresistas, han participado a lo largo de estos meses en los procedimientos que rechaza el Ejecutivo y relaciona con "el fango y la ultraderecha", poniendo el foco en las acusaciones populares personadas en ellos. En el caso concreto del caso Koldo y sus derivaciones, olvida que los lidera la Fiscalía Anticorrupción. En el resto que, al margen de los denunciantes, los órganos judiciales han apoyado avanzar al ver indicios de delito.

El penúltimo empujón a la teoría de la judicatura enemiga, de derechas y que lidera un supuesto golpe en contra del Gobierno, lo dio el propio presidente del Gobierno en sus últimas declaraciones en un corrillo con periodistas. Sánchez insinuó que existe un hilo de comunicación entre los jueces y el Partido Popular que juega así "con cartas marcadas". Provocó con ello un nuevo pico de indignación y la reacción inmediata de la presidenta del Supremo, la progresista, Isabel Perelló. En el nuevo año, las causas continuarán su avance y es probable que el pulso se endurezca más aún.