El Supremo sigue el rastro de los mensajes borrados de García Ortiz en sus destinatarios

Ni siquiera el habitual parón procesal de Navidad ha hecho mella en la causa que conduce el Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado. En un nuevo auto, el juez Ángel Hurtado ha cumplido un doble cometido. Por una parte, fijará la sucesión de hechos de las horas determinantes en las que sitúa el momento en el que se revelaron las comunicaciones privadas del novio de Isabel Díaz Ayuso antes de citar como imputado al jefe de la Fiscalía. Por otra, busca acreditar y conservar comunicaciones perdidas o borradas a través de sus destinatarios. Si los mensajes y emails que remitió Álvaro García Ortiz han desaparecido en origen, habrá que buscarlos en destino, según se deduce de su escrito.

Lo que ha hecho Hurtado era previsible, pero adquiere ahora una nueva dimensión. En esas horas entre el 13 y el 14 de marzo, cuando la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sitúa la difusión de los correos electrónicos en los que el empresario Alberto González Amador ofrecía reconocer dos delitos fiscales para eludir una pena que implicara el ingreso en la cárcel, García Ortiz y la jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, hablaron con unas pocas personas. Dos de ellas fueron Almudena Lastra, fiscal superior de la Comunidad de Madrid, y Julián Salto, el fiscal del caso.

El magistrado cita a ambos para finales de enero y anticipa su intención de llamar después como investigado al fiscal general. Los dos testigos declararon en la primera fase de la investigación, ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y, en aquel momento, apuntaron a García Ortiz como el autor de la orden sobre el reenvío de los correos electrónicos. Salto explicó que se encontraba en un partido de fútbol cuando Rodríguez le contactó para que le reenviara todos los emails a petición del fiscal general. Así lo hizo cerca de las 10 de la noche del 13 de marzo.

Almudena Lastra, por su parte, aparece en esta historia como una voz crítica dentro de la Fiscalía. En esos mensajes que sí se han conservado -los que le fueron incautados a la jefa provincial- se analizó una filtración en dos fases. En la primera, lo que se difundió -según la UCO- fue la propia denuncia de la Fiscalía contra la pareja de Ayuso. Después de que los medios de comunicación se hicieran eco de ella, Rodríguez advertía en un wasap que la fiscal superior estaba muy enfadada con FGE [sic] "por la filtración de lo del novio de Ayuso".

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En la segunda, se encuentra el nudo del presunto delito, según el TS. Aunque Lastra no participó en el trasiego de los emails, sí que tuvo protagonismo respecto a la elaboración y difusión de la nota de prensa que se basó en ellos. La fiscal superior se mostró, de nuevo, en contra, como consta en varios mensajes que ella misma entregó en el TSJ. "Almudena, la nota está correcta en fechas y contenido. Hay que sacarla, si tardamos se impone un relato que no es cierto y parece que los compañeros no han hecho bien su trabajo", le dijo García Ortiz. Después de que Lastra dejara esos mensajes sin contestar, García Ortiz envió varios más. "Es imperativo sacarla. Nos están dejando como mentirosos", añadió, "Si dejamos pasar el momento nos van a ganar el relato. La actuación de las compañeras y de la Fiscalía es impecable y hay que defenderla", le indicó también.

Proteger las comunicaciones

Hurtado no oculta que quiere proteger esas comunicaciones. "Conviene que aporte información en relación con el intercambio de mensajes que mantuvo con el fiscal general del Estado, así como valorar el ofrecimiento que hizo para el volcado de los correos electrónicos y wasaps que mantuvo con la Fiscalía General del Estado", dice el auto con las citaciones. Respecto a Salto, el juez también se refiere a los correos se comprometió a aportar los emails originales.

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Como ya publicó El Confidencial, el instructor sigue ya el rastro de los mensajes. La pasada semana se dirigió a la UCO para pedir que se le facilite el listado completo de números de teléfono que se clonaron durante la entrada y registro al despacho de Álvaro García Ortiz. Solicita además los IMSI/IMEI asociados de las tarjetas que fueron objeto de dicha diligencia, así como la titularidad asociada a estos números de teléfono. La idea es la de comprobar si el móvil que clonó la Guardia Civil es el que se utilizó en las fechas sensibles o si el fiscal general cambió de teléfono.

El juez tiene también pendiente pronunciarse sobre multitud de diligencias reclamadas por las acusaciones. Desde la citación como imputado del fiscal general por delitos añadidos por el borrado hasta la recuperación de parte de los mensajes a través de sus posibles destinatarios en Moncloa o Ferraz, la causa se desplegará cada vez con más fuerza a lo largo de 2025. Todo apunta a que acabará en un juicio donde se diriman las presuntas responsabilidades penales.