Cruzar un mar o escapar a Marruecos para abortar: el derecho que no llega a Ceuta y Melilla

Lucía —nombre ficticio— tiene 17 años y vive en Melilla. No está en sus planes ser madre y, tras meditarlo, ha decidido que lo mejor es abortar. Está nerviosa y desconoce los pasos que debe seguir. Busca en internet y encuentra un número de teléfono donde puede recibir asesoramiento. Llama.

Es el 664 64 75 53 de L'Associació Drets Sexuals i Reproductius, donde la atienden y le explican qué hacer. Esta es una situación que atraviesan miles de mujeres cada año. Al otro lado de la línea descuelgan voluntarias como Sílvia Aldavert, coordinadora de la organización, que relata paso a paso cómo sería esa conversación.

"Lo primero, si tiene tarjeta sanitaria europea, es acudir al centro de salud, donde se confirma el embarazo y se deriva a la mujer a ginecología. Desde allí se envía una solicitud a INGESA (Instituto Nacional de Gestión Sanitaria) para tramitar la cita con una clínica asociada", detalla a El Confidencial. Lo siguiente es embarcarse en un ferry o un avión.

Alrededor de 200 kilómetros separan a las melillenses de su derecho a abortar. Todos los ginecólogos del hospital público de la ciudad son objetores de conciencia y no hay clínicas privadas interesadas en ofrecer el servicio. No les sale a cuenta. La más cercana está en Málaga, a una hora en avión y ocho en ferry. En Ceuta, la situación es idéntica: las pacientes son derivadas a Algeciras o Sevilla, dependiendo de los meses de gestación. Desde que se legalizó el aborto siempre ha sido así.

La clínica más cercana está en Málaga, a una hora en avión. En Ceuta, la situación es idéntica: las pacientes son derivadas a Algeciras

El vuelo o el trayecto en barco corre a cuenta de la entidad pública, que se encarga de contactar telefónicamente con las pacientes para cuadrar la fecha de intervención y citarlas en una agencia de viajes. Según detalla a este medio la investigadora Eva Estévanez, el resto de transportes, siempre que sean públicos, pueden reclamarse a posteriori, al igual que una dieta de hasta diez euros por jornada. "Muy pocas lo hacen", asegura, porque llega un sobre al domicilio "y si viven con parejas que no lo saben o padres… no se arriesgan".

"Es más rápido y fácil cruzar a Marruecos"

Estévanez es coautora de una investigación publicada este año sobre las barreras en el acceso al aborto en la ciudad melillense. El estigma, la falta de información, los desplazamientos a la Península o la necesidad de consentimiento de terceros son algunas de las hasta trece que ha identificado.

"Una mujer se acercó a pedirme ayuda, ya fuera del hospital. Quería abortar, pero era inmigrante sin papeles y no sabía qué hacer", cuenta. Esta historia, que sucedió hace unos años, fue el desencadenante del estudio, que la ha llevado a entrevistar a una decena de profesionales de ginecología y otras áreas. "Hasta entonces no había sido consciente, pero creo que es una vulneración de derechos muy burda".

Para cualquier extranjera, independientemente de su estatus legal, es suficiente con contar con una tarjeta sanitaria temporal para solicitar una IVE (Interrupción Voluntaria del Embarazo) gratuita. Si no puede hacerse con una, tiene la posibilidad de acudir a cualquier clínica privada pagándolo de su bolsillo —entre 300 y 500€—. Podría decirse que el aborto está garantizado para cualquier mujer que pise suelo español, con excepciones como las de Ceuta y Melilla. Cualquiera de estas dos vías implicaría el riesgo de ser identificada y detenida al cruzar el mar de Alborán.

"Una mujer se acercó a pedirme ayuda, ya fuera del hospital. Quería abortar, pero era inmigrante sin papeles y no sabía qué hacer"

La mayoría de inmigrantes no se arriesgan y les quedan dos opciones: o continuar con un embarazo no deseado o cruzar a Marruecos y buscar una clínica clandestina. Estévanez, durante su investigación, recogió varios testimonios de médicos que constatan esta práctica. "Para ellas es más rápido y fácil cruzar a Marruecos —donde abortar es un delito–", afirma uno de los facultativos. Otro aseguraba haber atendido a una mujer tras haberse realizado una IVE en Marruecos.

A Aldavert le llegan casos similares, no solo de mujeres marroquíes que optan por abortar clandestinamente en su país: "Sabemos que se pueden conseguir pastillas abortivas por internet", e insiste: "Cuando una mujer quiere abortar, aborta. Antes, ahora y siempre. Lo que hay es que garantizar que pueda hacerlo con seguridad". Paco López, enfermero y secretario general de CCOO Melilla, apunta en esta dirección y confirma que estas prácticas siguen sucediendo en la ciudad "como antes, cuando se viajaba a Londres".

Otro de los testimonios que recoge la investigación es el de un trabajador de una ONG melillense que ayuda a mujeres vulnerables y relata la complicada situación con la que lidiaron durante la pandemia. Durante estos meses se encontraron con al menos tres casos. Uno de ellos se pudo gestionar con un salvoconducto a Málaga y las otras dos mujeres, finalmente, se echaron para atrás. "Fue complicado, era difícil para ellas justificar una salida así… Hasta ese año no les llegaban prácticamente peticiones de mujeres que quisieran abortar y no tuvieran papeles, porque directamente optaban por Marruecos", explica la autora del informe.

Al inicio de este reportaje se aludía al caso de una adolescente de 17 años. La edad no fue elegida al azar. Desde 2023, las chicas de 16 y 17 años pueden abortar incluso cuando no cuentan con el respaldo de sus progenitores. Evidentemente, en Ceuta y Melilla también, pero el proceso se puede complicar al subirse a un avión o a un barco. "No va a bastar con su decisión libre, a pesar de la reforma", subraya Sílvia Aldavert. Tanto en Ceuta, como en Melilla, sus posibilidades de coger un avión sin acompañante dependen de las exigencias de las aerolíneas, que suelen pedir un justificante.

El sistema sanitario ceutí y melillense está gestionado por el Gobierno central a través del INGESA. Es este organismo el que realiza todos los trámites y el que saca a concurso periódicamente la subvención de los abortos que, en los últimos años, ha recaído en las tres mismas clínicas, las más cercanas en cumplir los requisitos: Algeciras, Málaga y Sevilla. Atienden algo más de cien de estos casos al año, la mayoría subvencionados.

Eva Rodríguez es la directora de estas tres clínicas, además de fundadora de la Asociación de Clínicas acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI), y trabaja en la sevillana, que atiende gestaciones de más de 14 semanas. Son las menos frecuentes y las que precisan mayor reposo. El día que atiende a este medio ha operado a una paciente ceutí. "Venía muy tranquila porque estaba mentalizada de que podía haber una malformación y cada persona asimila la noticia a su manera. Mi experiencia es que las que peor lo pasan son las de niveles socioeconómicos más bajos o con situaciones familiares complejas". Uno de los problemas que más le trasladan es con quién dejar a sus hijos. "El viaje es un trauma para algunas porque tienen que buscar excusas; si vienen a Sevilla, hacer noche, gestionar el viaje… Este es el problema y no tanto el tiempo, que se puede alargar, pero no más que en otras comunidades autónomas. Nosotras damos cita en cuestión de días".

El caso de Ceuta y Melilla no es excepcional. Hasta en doce provincias españolas siguen sin practicarse abortos por ausencia de clínicas privadas y de personas predispuestas a realizarlos en la que, por ley, debería ser la primera opción: los hospitales públicos.

En todas las entrevistas que realizó Estévanez a personal sanitario implicado en el proceso de la IVE, se llegó a la conclusión de que la solución para mejorar el acceso al IVE es evitar el desplazamiento. A la pregunta: "De acuerdo con la actual ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, ¿se está garantizando a todas las mujeres el acceso por igual a esta prestación sanitaria, con independencia del lugar en el que residen?", todos tienen claro que no.

"El viaje es un trauma para algunas porque tienen que buscar excusas, gestionar el viaje… Este es el problema y no tanto el tiempo"

¿La solución? Para Paco López, que conoce de cerca el sistema sanitario de estos territorios, podría pasar por fijarse en la ley de eutanasia y en la forma en que regula la objeción de conciencia. "En el caso del aborto, se pregunta cada vez que hay una solicitud y pueden cambiar las opiniones. Esto impide tener un equipo preparado, como sí tenemos para una futura petición de eutanasia. La última vez que se preguntó hubo una objeción de conciencia en bloque, pero veremos a ver la siguiente". Subraya que, solamente con este matiz, sería sencillo contar con personal, ya que, a diferencia de otras pruebas médicas que se trasladan a Andalucía por falta de medios, sí los hay para realizar abortos voluntarios.

Rodríguez no ve una solución a corto plazo y cree que hay un riesgo serio de que se pierda la técnica por falta de formación y relevo generacional. "Tengo compañeros que practican IVE en la privada y han intentado hacerlo en la pública, y se han encontrado con enfermeros, anestesistas… que se negaban; es más difícil de lo que parece". Una de las propuestas que se llegó a poner sobre la mesa fue la de recurrir al aborto farmacológico, en el que solo interviene un médico de cabecera, pero apunta: "Cuando preguntamos a las mujeres, no es lo que quieren. Quieren una intervención no consciente y sin dolor, que les quite dos horas de su vida y en la que se sientan acompañadas".