El juez Peinado ya apunta al Ibex en el caso Begoña y exige explicaciones a tres empresas

Estaba claro que este momento debía llegar y así ha sido. El juez Juan Carlos Peinado ha decidido dar un nuevo impulso a la causa en la que investiga las actividades profesionales y académicas de Begoña Gómez y apunta ahora directamente al corazón del Ibex. El magistrado quiere escuchar a las empresas que atendieron las peticiones de la mujer del presidente del Gobierno y saber por qué elaboraron a fondo perdido una aplicación centrada en la sostenibilidad que debía destinarse a su Máster de Transformación Social Competitiva. Los representantes de tres gigantes empresariales tendrán que desfilar por su juzgado. Se trata de averiguar los motivos de esta inversión, que quedó abortada antes de llevarse a término.

Los representantes de Google Spain, Indra y Telefónica están citados el 22 de enero. Su comparecencia replica la que ya cumplieron hace semanas los patrocinadores del máster de la Universidad Complutense que dirigía Gómez. La Fundación la Caixa y Reale Seguros financiaban la cátedra extraordinaria creada por la UCM en 2020. El juez indagó en su caso sobre si el vínculo familiar de la imputada con el jefe del Ejecutivo influyó a la hora de decidir esta inversión y ahora, hará lo mismo.

La ampliación del procedimiento para alcanzar al famoso software ha servido también para que se amplíen las sospechas del instructor sobre el tráfico de influencias del que acusa a la esposa de Sánchez. Como paso previo a las citaciones que ahora se conocen, el magistrado acordó dirigirse a ellas para que informaran de las cantidades invertidas en la ideación, diseño y puesta de su funcionamiento o mantenimiento del software, y de las deducciones fiscales que hayan podido obtener.

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Ha trascendido hasta el momento la respuesta de una de ellas. Indra, Indra ha comunicado que gastó 155.415,27 euros en el software del máster y admitido que esta labor y estos gastos tuvieron un "carácter gratuito" para la Universidad Complutense. La empresa enmarca este desarrollo en el marco de su colaboración "altruista con distintas universidades".

Cooperación educativa

Esa será previsiblemente la versión oficial que mantendrán las tres compañías. Hasta el momento han explicado que el proyecto se emprendió como forma de cooperación a un proyecto educativo. Sin embargo, existían factores polémicos que, a la larga, desembocaron en la paralización de la iniciativa. Dos de las tres compañías son semipúblicas y cuentan con participación de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. A la tercera, Google, le afectaban decisiones gubernamentales como el desarrollo de la Ley de Propiedad Intelectual o la gestión de impuestos. La posibilidad de conflicto acabó frustrando el final del proyecto, que se detuvo. Para entonces, no obstante, las tres empresas colaboradoras habían gastado ya miles de euros de sus fondos.

Al quedar a medias, entró en juego Deloitte Consulting SLU que ganó el concurso diseñado por la universidad en su última fase. Recientemente, la Complutense denunció que la consultora no ha aportado, sin embargo, pruebas suficientes de sus supuestos trabajos. Los dos contratos públicos ascendieron a un total de 75.499 euros más IVA para poner en marcha la plataforma tecnológica. Deloitte defiende que su labor consistió en reunirse con la mujer de Pedro Sánchez y con otras empresas implicadas en el proyecto, pero alega que no tiene actas de esos encuentros y tampoco conserva otra documentación.

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En esta parte del software -al igual que en la contratación académica de Gómez- Peinado sospecha que fue recompensada con un trato de favor motivado por el cargo de su marido. Apunta en distintos autos a un "tráfico de influencias en cadena". Ahora serán las empresas colaboradoras las que tendrán que aclarar, en el Juzgado, los detalles de ese acuerdo y si tuvo o no tuvo que ver con que la persona que lo solicitaba estuviera casada. También si esperaban o si se produjo alguna contrapartida.

Además de los representantes de las tres empresas, también para ese mismo día a Arsys Internet, encargada de la gestión de la web creada para la gestión de la herramienta. Según comunicaron en un informe remitido al juez, el dominio fue dado de alta por la coordinadora de la cátedra y después que le traspasó su gestión a la propia Gómez. Quedó inactivo en septiembre por impago del servicio.