El Supremo sospecha que el fiscal general cambió de móvil además de borrar mensajes

La instrucción sobre la revelación de secretos que el Tribunal Supremo atribuye al fiscal general del Estado ha entrado en una nueva fase. El juez que instruye el procedimiento, Ángel Hurtado, ha dado el pistoletazo de salida para tratar de averiguar de qué manera se produjo la desaparición de los mensajes que Álvaro García Ortiz intercambió entre el 7 y el 14 de marzo, las fechas en las que se produjo la filtración de correos personal del novio de Isabel Díaz Ayuso, y de paso, para intentar recuperarlos. El alto tribunal sospecha que, además del borrado que ha constatado la UCO, el jefe de la Fiscalía cambió de número, de terminal o las dos cosas en ese periodo, apuntan fuentes del caso.

En concreto, el instructor se ha dirigido a la UCO para determinar si el número que peritaron los agentes cuando registraron el despacho de García Ortiz y clonaron el contenido de sus dispositivos, fue o no fue el que utilizó en ese plazo y, sobre todo, en la noche del día 13 cuando recibió la cadena de emails que cruzaron el abogado de Alberto González Amador y el fiscal que le atribuye una defraudación a la Hacienda Pública. Según se desprende de la investigación, el fiscal general recibió los correos unos minutos antes de las diez de la noche y, poco más de una hora más tarde, un primer medio de comunicación se hizo eco de su contenido.

En una providencia, el magistrado ha reclamado en concreto que, a la vista del resultado sobre el material intervenido y de los datos existentes sobre dispositivos móviles que figuran en el acta levantada, se le facilite los números de teléfono e IMSI/IMEI asociados de las tarjetas que fueron objeto de dicha diligencia, así como la titularidad asociada a estos números de teléfono. "Remítase oficio a la UCO, al que se acompañará copia del acta levantada con ocasión de la ya mencionada diligencia de entrada y registro", ordena. Será la Guardia Civil quien deba hacer la comparación.

La decisión se ha adoptado, en concreto, a la vista de las conclusiones del análisis de la Unidad. La UCO notificó que en el teléfono inspeccionado había "0 mensajes pertenecientes a cualquier tipo de aplicación de mensajería instantánea" en el periodo del 8 al 14 de marzo, los días más sensibles de la supuesta filtración. Una posible eliminación de los wasaps, sms y conversaciones en otras aplicaciones dificultaría la situación de García Ortiz e incluso puede considerarse un indicio incriminatorio.

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El juez Ángel Hurtado trata de determinar si remitió a distintos medios las comunicaciones reservadas en las que Alberto González Amador trataba de negociar un acuerdo de conformidad y ofrecía asumir la comisión de dos delitos fiscales. Se da la circunstancia de que, en el registro y análisis de los dispositivos de la fiscal jefa provincial de Madrid, se detectaron mensajes del máximo responsable de la Fiscalía que ahora no aparecen. El periodo entre el 8 y el 14 de marzo centra la investigación del Supremo. Unos pocos días antes del 8 de marzo, el fiscal a cargo del caso denunció al empresario. La denuncia fue reclamada por la fiscal jefa de Madrid el día 7 y reenviada a la Fiscalía General. El 13 de marzo llegó el turno de la cadena de correos electrónicos. En esa noche, el fiscal general tuvo acceso a ellos, considera demostrado el Supremo.

Tras conocerse el resultado de estas primeras pesquisas, la Fiscalía General desvinculó la limpieza del móvil y el ordenador del fiscal general de un intento de ocultación y aseguró que el fiscal general los borró de forma personal en aplicación de un protocolo de seguridad que, según muchos fiscales, no se ejecuta como práctica habitual. La jefatura del Ministerio Público mencionó, en concreto, una guía básica de actuaciones en la institución, publicada hace unos meses, y una instrucción en materia de protección de datos. Ambas aconsejan la "destrucción de forma segura de documentos y dispositivos en desuso" y la "limitación del plazo de conservación" de datos personales "durante el tiempo estrictamente necesario". Una segunda versión publicada por algunos medios como El País ya hablaba de un cambio de teléfono.

Batería de pruebas

El informe de la UCO ha indignado a las acusaciones del caso que, en las últimas horas, han reclamado una batería de pruebas e incluso la imputación del fiscal general por nuevos delitos y la ampliación de la investigación a otros de sus cargos de confianza. Sospechan también del cambio de teléfono y, en el caso de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) incluso apunta a que otros fiscales de su círculo cambiaron en las mismas fechas. Menciona, en concreto, a la Fiscal Jefe de la Inspección, María Antonia Sanz, y asegura con pantallazos aportados por el abogado Juan Antonio Frago que se cambió de número de teléfono el 1 de noviembre de 2024, al día siguiente de los registros.

El novio de Ayuso ha presentado un largo escrito en el que reclama, entre otros aspectos, que se determine si García Ortiz habló con cargos de Moncloa. En concreto se refiere a la asesora de Moncloa Pilar Sánchez Acera; el ex secretario de Estado de Comunicación Francesc Vallés y su sucesor y Ion Antolín, que acaba de anunciar su dimisión tras solo 20 días en el puesto. También la directora de comunicación de la ministra de Vivienda, Laura Sánchez Espada. Quiere que se impute al teniente fiscal de la Secretaría Técnica, Diego Villafañe.

Por su parte, la APIF considera que el borrado de los mensajes o cualquier otra circunstancia como un cambio intencionado de número o de terminal apuntan a la comisión por parte de García Ortiz de dos nuevos delitos: apoderamiento ilícito de información y prevaricación. También reclama nueva prueba más allá de un intento de recuperación de las comunicaciones. Pide el listado de llamadas entrantes y salientes en esas fechas para comprobar si habló con personas de Moncloa o Ferraz.