El juez del caso Begoña Gómez cita a los representantes de Google, Indra y Telefónica

El juez Juan Carlos Peinado ha citado como testigos el próximo 22 de enero a los representantes legales de Google, Indra y Telefónica por el software que desarrollaron para el máster de Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid. El magistrado también acuerda tomar declaración ese mismo día como testigos al vicerrector de Relaciones Institucionales de la universidad, José María Coello de Portugal, y a su antecesor en el cargo, Juan Carlos Doadrio, así como a los representantes de otras dos empresas: la Fundación Manpower, que colaboró con la cátedra de Gómez, y Arsys Internet, que registró el dominio desde el que ofrecía el programa informático.

Como desveló El Confidencial, Gómez pidió a directivos de Indra, Telefónica y Google que le hicieran gratis este software para el Máster de Transformación Social Competitiva de la Complutense que codirigía desde 2020. Solo en el caso de Indra, los trabajos le supusieron un coste de más de 150.000 euros, pero ni ella, ni el máster, ni la universidad les abonaron cantidad alguna. La mujer de Sánchez registró después la aplicación informática en la Oficina Española de Patentes y además controla el 100% de las acciones de una empresa que lo ofrece.

Según señaló Peinado en una resolución del pasado octubre, estos hechos encajarían "evidentemente" con un presunto delito de apropiación indebida: "Se podría inferir, a priori, que la querellada, vinculada como codirectora de la cátedra de Trasformación Social Competitiva a la Universidad Complutense de Madrid, habría inscrito a su favor, como titular de la entidad Mercantil Trasforma TSC SL, la marca TSC Transformación Social Competitiva y posteriormente el software de la Cátedra Trasformación Social Competitiva, que había sido financiado por empresas, pero siempre para la Universidad Complutense de Madrid (UCM)", advirtió el magistrado.

Begoña Gómez culpa a la Complutense

En un informe remitido al juez el pasado julio, la Complutense también explicó que había formulado una solicitud a la Oficina Española de Patentes y Marcas y que había confirmado "la existencia de dos marcas a favor de María Begoña Gómez Fernández" relacionadas con este software. "La UCM no tuvo conocimiento de la posible existencia de tales marcas hasta la publicación por los medios de informaciones referidas a María Begoña Gómez Fernández", remarcó.

En cuanto a la posterior constitución de la empresa que ofrece el software, el informe también destacaba que se hizo "sin conocimiento ni participación de esta universidad". De hecho, en ese caso iban un paso más allá y avisaban sobre los perjuicios que les causaba la misma: "La citada sociedad, entiende esta administración, por cuanto su denominación, persona que la constituye y objeto, pudiera dar lugar a, como mínimo, confusión con el contenido y promotores del convenio para la creación de la cátedra Extraordinaria para la Transformación Social Competitiva firmado entre la Universidad Complutense de Madrid y otras personas jurídicas".

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La mujer de Sánchez niega estas acusaciones y el pasado noviembre presentó una serie de correos electrónicos para intentar demostrar que solo siguió indicaciones de la Complutense. Durante su declaración como imputada del pasado miércoles, también siguió la misma estrategia y descargó la responsabilidad de cualquier posible irregularidad sobre la universidad. Según afirmó ante el juez, ella nunca tuvo ningún afán de lucro con el software.

Tras haber escuchado a ambas partes, el juez pone ahora el foco en las empresas que financiaron el software. "Visto el estado de las presentes actuaciones, se acuerda recibir declaración en calidad de testigos el próximo 22 de enero de 2025", acuerda en una resolución del 19 de diciembre a la que ha tenido acceso este diario. Además de por apropiación indebida, el magistrado también mantiene imputada a Gómez por tráfico de influencias, corrupción en los negocios e intrusismo profesional.