Los investigadores apremian: temen la destrucción de pruebas que impliquen a Ábalos

El caso Koldo estalló el 20 de febrero con la detención por parte de la Guardia Civil del más estrecho colaborador del exministro José Luis Ábalos. De entonces a ahora han pasado 10 meses sin que, de momento, haya sido posible rastrear las comunicaciones o las cuentas del diputado y comprobar sus ingresos o patrimonio para confirmar si se produjeron movimientos económicos que respalden las sospechas sobre el cobro de comisiones. Fuentes del caso reconocen a El Confidencial que los investigadores temen que, en este plazo, haya podido producirse una destrucción de pruebas. El socialista seguirá a salvo de una investigación en profundidad hasta que el Congreso tramite el suplicatorio que ha remitido el Supremo. Como aforado, Ábalos goza de una especial protección.

La investigación concreta sobre el exministro se impulsó a finales del pasado noviembre cuando el juez de la Audiencia Nacional a cargo de la instrucción, Ismael Moreno, se dirigió al TS para solicitar su imputación. Las pesquisas llevadas a cabo habían permitido determinar que existían "indicios fundados y serios" de su "papel principal" en la presunta organización criminal bautizada con el nombre de su asesor de confianza. En esa primera etapa, la Guardia Civil accedió a las conversaciones de Koldo García, el empresario Víctor de Aldama y otros miembros de la trama.

Ismael Moreno destacaba entonces la imposibilidad de continuar la instrucción sin realizar diligencias de investigación que afecten de manera directa al diputado. Como primer paso, el Supremo ofreció a Ábalos declarar de forma voluntaria e interrogó también a García y Aldama. No creyó al exministro —que negó cualquier participación— y, en base a las pruebas recabadas hasta el momento, decidió continuar adelante. Durante todo ese tiempo, ya desde el arranque, la figura del diputado sobrevoló la investigación hasta el punto de las sospechas sobre su posible intervención motivaron su expulsión del PSOE. La investigación directa a Ábalos siempre fue cuestión de tiempo y él lo sabía.

A partir de febrero, con el cronómetro de la investigación ya en marcha, las únicas posibilidades del diputado se han centrado en ganar tiempo. Esta estrategia de protección continúa aún, a la vista de las decisiones de defensa que ha adoptado en los últimos días. Una vez se hizo público que el Supremo quiere imputarle de manera formal y ordenar, con ello, la práctica de prueba directa sobre sus vínculos de la red, Ábalos ha dado pasos para dilatar —de nuevo— las pesquisas y busca la nulidad del procedimiento.

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Como primer paso, denunció ante la Fiscalía a la Guardia Civil. En su escrito asegura que la UCO interceptó su "correspondencia privada" pese a estar protegido por la inmunidad del aforado y violó con ello el secreto de las comunicaciones. Se refiere, en concreto, a lo sucedido en noviembre de 2023. Los agentes, que tenían pinchado el teléfono de Koldo García, interceptaron una conversación en la que este pedía a su hermano, Joseba García, que llevase al exministro una documentación que le habían dado en el Ministerio de Transportes.

El 4 de noviembre de 2023, Joseba García quedó con él en Valencia y antes recogió esa documentación en Madrid. Añade que entre Alicante y Valencia la furgoneta de Joseba fue interceptada por el Grupo de Acción Rápida (GAR) de la Guardia Civil y tras un registro localizaron el sobre donde iba la documentación "el cual iba nominado en la parte delantera del mismo a nombre de José Luis Ábalos Meco". "En el adverso estaba cerrado y con el sello oficial del MITMA". El GAR abrió el sobre "y fotografió toda la documentación que contenía".

Recurso al Supremo

Como segundo paso y, una vez realizada la denuncia contra los agentes, la defensa del exministro de Transportes se ha dirigido al instructor del Supremo Leopoldo Puente para recurrir su decisión de elevar suplicatorio al Congreso de los Diputados y, de paso, reclamar que la causa se declare nula dado que la investigación en su contra se ha conducido de forma ilegal. Ya anuncia que si se rechaza su solicitud, acudirá al Tribunal Constitucional.

De momento, tanto el Supremo como la Fiscalía Anticorrupción calculan que el permiso que debe proporcionar la cámara baja para proceder contra Ábalos no se concederá hasta finales de febrero debido a que el Congreso mantiene suspendidas las sesiones. La causa entra en un paréntesis en el que los investigadores se centrarán en comprobar si la munición con la que disparó Aldama en su contra es real o si ha utilizado balas de fogueo.