España y la corrupción, en la unidad de grandes quemados

¿Quién no pondría la mano en el fuego por la probidad del gobernador del Banco de España? Alguien la puso por Mariano Rubio y se abrasó. ¿Quién no lo haría por el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)? Pues alguien se fio de Gerardo Díaz Ferrán y se quemó. ¿Y nadie salió en defensa apasionada de un director general de la Guardia Civil? Por supuesto, pero quien apostó por la honradez de Luis Roldán tuvo que aplicarse pomada en sus quemadas extremidades. No se pudo suponer, que el brillante y prometedor vicepresidente del Gobierno, ministro de Economía, y luego director gerente del Fondo Monetario Internacional, Rodrigo Rato, se desplomase, condenado por corrupción y delitos fiscales. ¿Cuántos expresaron su escepticismo cuando se conocieron los primeros indicios de sus conductas ilícitas?

Lo mismo le ocurrió a quien saliese valedor del ministro del Interior, José Barrionuevo, o del secretario de Estado de Seguridad, Rafael Vera. ¿Recordamos el caso Naseiro o el caso Filesa, o el caso Gürtel o el caso Bárcenas? Quizá recuerden a Ángel Fernández Villa, un icono del sindicalismo minero asturiano que en otoño de 2014 se acreditó que disponía de una fortuna de 1.400.000 euros que afloró para beneficiarse de la disparatada 'amnistía fiscal' de Cristóbal Montoro. Acaso les suenen los viajes de José Antonio Monago, cuando era senador por Extremadura, y viajaba a Canarias para visitar a su novia a cuenta de los gastos de desplazamiento de la Cámara Alta. O a Mercè Pigem, consejera del Poder Judicial que trasegaba con dinero entre Barcelona y Andorra. O de Ana Mato, ministra de Sanidad en 2012 que dimitió porque su garaje era un museo de la corrupción de su marido en el caso Correa, pero ella, dijo, no se enteraba de nada. O el juez Luis Pascual Estevill, delincuente y consejero del Poder Judicial a propuesta de CiU, un corrupto redomado.

Ítem más. Hace diez años, en el Tribunal de Cuentas trabajaban 700 empleados, cien de los cuales, con oposiciones ganadas, eso sí, eran parientes de cargos y excargos del órgano fiscalizador. ¿Qué decir de Jordi Pujol, tan celebrado hoy en Cataluña, una década después de que confesase que era un defraudador fiscal? ¿Recordamos el 3% que denunció Pasqual Maragall, comisión sistemática que cobraban algún estamento catalán y el extinto partido convergente?

La ovación y la corrupción

Para ir concluyendo con este listado tan peculiar, que es meramente enunciativo, ahí están las investigaciones prejudiciales del ministerio fiscal al rey emérito, Juan Carlos I, que, de no ser por la prescripción, la regularización fiscal y la inviolabilidad, tendría que haberse sentado en el banquillo ante la Sala Segunda del Supremo. No lo hizo. Pero tampoco lo hicieron —se les ha librado con una sentencia creativa del Constitucional— los responsables de los cientos de millones de los ERE que volaron en Andalucía, para cuyos dos de sus expresidentes, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, hubo ovación en la apertura del 41 º Congreso del PSOE celebrado en Sevilla hace menos de un mes.

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El breve relato anterior parece el pasado, pero es también el presente. Están encausados y pendientes de que se tramiten las instrucciones judicialmente acordadas, desde el fiscal general del Estado (la revelación de secretos es también una forma de corrupción), hasta el exministro de Fomento, primero, y Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, después, José Luis Ábalos, pasando por Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno (a ella también la aplauden los militantes socialistas), y David Azagra (Sánchez) cuñado de la anterior y hermano del inquilino de la Moncloa.

Corrupción blanca, gris y negra

¿Es la corrupción, en sus diversas formas, sistémica? Lo es. Lo es, sin duda alguna. Y lo sabemos desde hace ya décadas y se ha convertido en "un coste de la democracia" como escribiera, en el mejor ensayo sobre esta lacra, Javier Pradera ( Corrupción y política: los costes de la democracia. Galaxia Gutenberg). Pradera, que tomó la metáfora de Arnold J. Heidenheimer, glosó los colores de la corrupción. La blanca "aparece cuando la mayoría de la opinión de masas y de élite no cree necesario el castigo a unas prácticas que se mueven dentro del límite de lo tolerable" (pongamos por caso, un 'enchufe' como asesor en una administración pública); la gris es esa ante la que la opinión pública se divide, es ambigua, pongamos por caso un tráfico de influencias 'blando', reproblable socialmente pero no punible. Y la negra que es la que produce "un amplio consenso punitivo por una cuestión de principios", que concurre cuando los asaltantes se lo llevan crudo a su bolsillo o al de su partido. En España, disponemos de toda la paleta de colores.

Los factores criminógenos

¿Por qué esta persistencia de la corrupción y de los corruptores y corrompidos? La respuesta es relativamente sencilla: porque persisten los factores criminógenos, es decir, aquellas circunstancias que favorecen este tipo de delincuencia y/o de anomalía en las conductas de dirigentes políticos y, no lo olvidemos, de otros ámbitos. ¿Qué factores? Varios y entre ellos, la financiación opaca de los partidos políticos; la falta de control de la licitación pública; la indolencia de sectores muy amplios del funcionariado que, dócilmente, no quiere ver las fechorías que se perpetran ante sus ojos; el descontrol en las administraciones locales y autonómicas, la insoportable lentitud de los procesos judiciales, los medios de comunicación que se rinden al poder por afinidad o por necesidad y cubren la realidad con argumentarios partidistas y, sobre todo, la resignación social ante un fenómeno continuado que permite suponer que en democracia existe una 'corrupción soportable', incluso, 'aceptable', lo que el urdidor de esta teoría, George Plunkitt (1842-1924), denominó honest graft, algo así como un 'trapicheo permisible', un clientelismo de baja intensidad que serviría a los partidos políticos para no colapsar.

Se trata de una suposición arriesgada pero avalada por la experiencia comparada: una corrupción cero es 'incompatible', se dice, con el funcionamiento del actual sistema que, siendo, a veces, putrefacto, es preferible a cualquier otro. En este cambio de era, en la actual alteración de los paradigmas de exigencia ciudadana, quizás las cosas cambien y decaigan contemplaciones que han ido socavando la moral cívica.

La corrupción de respuesta

Ocurre que la sociedad suele reaccionar ante la corrupción de las clases dirigentes con la suya propia. Es la corrupción de respuesta. Y así, es perfectamente aceptable que un servicio profesional se preste en negro, eludiendo el IVA; es también aceptable que, desde una posición de poder, se obtengan privilegios domésticos, desde la invitación a un espectáculo a atenciones materiales de eufemística cortesía.

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El país, además, lleva años y años aceptando que hasta un 20% de la economía siga sumergida suponiendo aquellos que se mueven en ella que su conducta queda eximida de responsabilidad por la de quienes desde el poder infringen la ley y la moral con mayor obligación de atenerse a la una y la otra. Un determinado sector de la ciudadanía no se cree en la obligación de alterar su criterio infractor si aquellos que gobiernan jamás dimiten, ni siquiera responden, pese a contraer, directa o indirectamente, graves responsabilidades de distinto orden.

La DANA del 29-O, negligencia corrupta

En España, por ejemplo, sería impensable que sucediese como con el presidente de la República federal alemana, Christian Wulff, que dimitió en 2012 de su cargo cuando se supo que había aceptado un regalo de un productor al que, siendo presidente de Baja Sajonia, avaló. Tampoco es imaginable que una ministra dimita como Anne Spiegel, responsable de familia en el ejecutivo germano, que se fue de vacaciones con su familia a los pocos días de las graves inundaciones que asolaron el oeste del país en 2022. Aquí, tras la tragedia del 29 de octubre pasado a propósito de la DANA en Valencia, con 220 víctimas mortales y unos daños materiales aún incalculables, nadie, ni en el ámbito autonómico ni en el de la Administración central, ha presentado su dimisión. Y la negligencia en el ejercicio (o en la omisión) de las facultades y competencias administrativas es también una forma gris de corrupción porque de la imprudencia no se sigue una consecuencia que la enmiende debidamente, se deja pasar.

Creíamos, no obstante, que cuando en junio de 2018 el Congreso de los Diputados votó favorablemente la moción de censura contra Mariano Rajoy presentada por Pedro Sánchez, España entraba en una nueva dimensión. Y vaya si entró. El secretario general del PSOE profirió un discurso de corte regeneracionista que enfrentó a las malas prácticas y corrupciones del Partido Popular, tanto en su financiación como en episodios que concernían a sus cargos públicos en las autonomías madrileña y valenciana. El peor engaño del actual presidente del Gobierno fue aquel discurso. Lo ha incumplido de principio a fin y mediante sus culpas indudables, tanto en la elección de colaboradores (presuntos corruptos) como en la vigilancia que sobre ellos le corresponde, nos ha devuelto a uno de los peores escenarios de corrupción desde el inicio de la democracia.

Sánchez y la suma y sigue de la corrupción

En el supuesto de que las mentiras no sean una forma de corrupción —que lo son—, resulta intolerable —veremos si también punible— que su mujer tejiese favores con centros educativos y con empresas, lo mismo que lo es que mantenga en su cargo al fiscal general del Estado, investigado por el Supremo, o que él y sus terminales traten de mitigar el escandaloso asunto del que fuera su mano derecha, en el Gobierno y en el PSOE, José Luis Ábalos. Mientras, la desaforada vicepresidenta primera del Gobierno y vicesecretaria del partido sigue abrasándose las manos por unos y por otros, y hasta el propio presidente afirma responder por los miembros de su organización y del Consejo de Ministros.

Todos ellos terminarán, es ya muy probable, en la unidad de grandes quemados, porque la historia reciente testimonia que los corruptos consuman performances siempre iguales, tanto en sus exculpaciones como en el fingimiento. Sigue existiendo la complicidad de 'poner la mano en el fuego' que es una forma indecente de erosionar la credibilidad de los jueces y los tribunales atribuyéndoles, como ahora, toda clase de intenciones torticeras. La corrupción, por cierto, está estrechamente vinculada a los populismos porque el caudillismo reclama autocracia, descontrol constitucional y mayoritarismo parlamentario.

Los 'perros guardianes'

Nada ha cambiado en este coste tan alto para la democracia con el primero (2019) y el segundo (2023) Gobierno de coalición de la democracia. Más aún: ha empeorado, porque nos prometieron que se había extirpado el tumor mientras la metástasis sigue avanzando. De modo tal que el cambio de ciclo político que se avizora deberá incluir una cláusula implacable: fuera del poder los corruptos y fuera de los centros de decisión los corruptores. Porque en la corrupción se produce una bilateralidad (lo que apela al ámbito empresarial de manera directa) y transversalidad (no hay identidad ideológica que resulte inmune ante ella).

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La democracia no debe comportarse orwellianamente, pero ya deberíamos saber a estas alturas que las manos de tantos y tantos ni fueron, ni son, ni serán ignífugas. Y que, en la era digital, la prensa, el sistema de medios de comunicación, o es el 'perro guardián' de la democracia o, simplemente, no es nada. Mantener, más que nunca, la teoría del watchdog es un objetivo esencial de la prensa. Es una corrupción sofisticada, pero burda, además de calumniar a los jueces, convertir el Gobierno y el partido que le apoya en un centro de agitprop contra la auténtica libertad de expresión que jamás sería cierta sin medios comprometidos con los valores deontológicos de la profesión periodística.