El PNV sentencia la prórroga del escudo social por favorecer la "inquiokupación"

El Gobierno celebra este lunes el último Consejo de Ministros ordinario del año para aprobar, entre otros asuntos, la prórroga del decreto de medidas sociales que mitiguen las consecuencias de la crisis en Ucrania, entre las que figuran ayudas al transporte, la luz o la vivienda. Pero esta vez el PNV ha mandado un aviso serio a Moncloa: no dará su voto a favor si persiste la prohibición generalizada a los desahucios, que es justo a lo que acaba de comprometerse con Podemos. Se espera que el Congreso reúna una sesión plenaria extraordinaria para el 21 de enero, para la que ya se prevé otra difícil negociación con los socios.

Los nacionalistas vascos se muestran inflexibles contra el fenómeno de la "inquiokupación", que se caracteriza por que los arrendatarios dejan de abonar el alquiler, aun estando en condiciones de solvencia económica porque cobran una nómina suficiente. Según los nacionalistas, la actual legislación permite un "agujero legal", del que se benefician muchos y debe atajarse ya el problema para aliviar también el mercado. Junts mantiene una posición similar a la del PNV.

"Ténganlo claro, o pactamos las medidas que vayan en esos posibles decretos o esta vez votaremos en contra", abundan desde el PNV, que hasta ahora y desde el covid han aprobado todas las medidas extraordinarias del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

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Pero el Gobierno le ha prometido a Podemos que extenderá la suspensión de los desahucios, de todos, incluidos estos supuestos de abuso legal. Los de Andoni Ortuzar recriminan al PSOE que vuelque sobre los hombros de particulares la eventual situación de precariedad de sus inquilinos. "Si hay familias que no pueden hacer frente al alquiler se les debe ayudar, pero con fondos públicos, no cargándoselo a otros ciudadanos que tienen sus propiedades en alquiler", señalan a El Confidencial fuentes del grupo nacionalista, que se muestra inflexible en su posición.

El portavoz del PNV, Aitor Esteban, ya manifestó públicamente en el Congreso que su grupo no aceptaría una prórroga sin más del decreto de medidas sociales en vigor. "Si el Gobierno pretende hacer una reedición corta-pega del Decreto-ley en vigor que aprobó con medidas extraordinarias con el inicio de la guerra de Ucrania y que prorroga periódicamente, también les diremos que no. Si en tiempos en que la recaudación está en ascenso seguimos hablando de crisis, se tomarán las decisiones equivocadas. Proteger a colectivos realmente desprotegidos dándoles el amparo de las instituciones, sí. Pero el inquiokupa, aquel inquilino que abusa de la norma para dejar de pagar su renta cuando tiene capacidad económica para ello, no debe ser amparado por unas normas que teóricamente buscan proteger a quienes están en situación de vulnerabilidad".

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"Normas bien intencionadas de las que algunos abusan nos están llevando a que se produzca una falta de seguridad jurídica que contribuye a la escasez de oferta de alquiler. Ayudar a quienes en situación de vulnerabilidad lo necesitan, sí. Proteger a jetas, no", abunda Esteban.

Podemos y PNV libran una guerra particular por el impuesto a las energéticas y por la okupación. Para los morados, cualquier lanzamiento de una familia debe ser considerado ilegal, dada la actual situación de crisis habitacional que vive el país. El PNV, en cambio, considera que hay quien abusa de la normativa y pide ponerle freno. "Ione Belarra miente: la enmienda del PNV aprobada no es sobre desahucios, es sobre okupas. No afecta a la familia que no puede hacer frente al pago de su vivienda. Le afecta a aquel que delinque okupando una vivienda ajena", criticó el diputado en redes sociales ante la polémica desatada por la enmienda insertada en la ley de modernización de la Justicia, que Podemos aprobó in extremis tras arrancarle a Félix Bolaños el compromiso de que seguirán prohibiéndose los desahucios. "Podemos está a favor de la okupación, el PNV en contra", resumió Esteban.

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El PNV se manifiesta en contra de medidas de protección social de carácter universal. "No nos parece progresista tomar medidas que apliquen ayudas o subvenciones sin discriminar en función de la renta y del uso. Sea en el transporte o en cualquier otro sector", añade Esteban, dejando claro que están en contra de la subida del impuesto al diésel para equipararlo al de la gasolina. En todo caso, aclaran fuentes del grupo vasco, apoyarán esa medida por estar comprometida con el Gobierno. "No nos gusta, pero cumpliremos nuestro pacto".

Moncloa ha optado por separar del real decreto ley de medidas sociales la norma relativa al diésel. También se ha troceado la parte referente al impuesto de las energéticas, que irá en otro decreto previsto para que entre en vigor a finales de ley. Para ello solo tienen el apoyo de Podemos, ERC y Bildu, además de Sumar y el PSOE. Pero sin el concurso de Junts y el PNV no saldrá adelante.

El Gobierno deberá aprobar antes de marzo el impuesto al gasoil para poder optar al ingreso del quinto pago del plan de recuperación español pactado con la Comisión Europea, que supera los 20.000 millones de euros entre ayudas directas y préstamos. Aquí Podemos es la principal amenaza, porque ya trasladó al Gobierno que no apoyarían esta subida impositiva si no se recupera el gravamen extraordinaria a las energéticas. "Los que más contaminan son los que más deben pagar", señalan los morados.