El fiscal general, abocado a acabar en el banquillo pese al borrado de los mensajes

La desaparición de mensajes del móvil del fiscal general no evitará que esquive un futuro juicio de revelación de secretos. En los informes recabados hasta el momento por el Tribunal Supremo existen otras pruebas ajenas al análisis del teléfono y de su ordenador personal que apuntan a su intervención en el episodio que investiga el juez Ángel Hurtado. El examen de sus comunicaciones debía servir de complemento a estas sospechas, pero solo de complemento. La constatación de que esos mensajes ya no existen no es delictiva de forma independiente, pero puede ser tomada por el TS como un indicio incriminatorio.

Con la ausencia de comunicaciones, Álvaro García Ortiz, ha perdido, además, la oportunidad de demostrar de forma indudable que no cometió el delito por el que se le acusa. La situación del fiscal general no era la mejor desde hace ya semanas. En noviembre, la Unidad Central Operativa le atribuyó una "participación preeminente" en la difusión de los correos reservados de la defensa de Alberto González Amador. El análisis de los dispositivos de la segunda imputada en el procedimiento, la fiscal provincial Pilar Rodríguez, reflejaban —en opinión de la Guardia Civil— una sucesión de comunicaciones entre los distintos protagonistas de la Fiscalía que participaron en el episodio que no solo no servían para descartar las filtraciones, sino que las reforzaban. Estos mensajes se conservan, ya que estaban en un terminal diferente.

Fue entonces, a la vista de esas primeras conclusiones, cuando el juez instructor Ángel Hurtado ordenaba a la UCO que realizara una "copia" del material incautado a García Ortiz y procediera a "acceder al contenido" del mismo para llevar a cabo un "análisis" sobre lo ocurrido entre el pasado 8 y 14 de marzo. A pesar del escaso resultado, el Supremo sigue teniendo ahora cabos de los que tirar e indicios "suficientes" para dejar la decisión final a una sala de enjuiciamiento.

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Hurtado tendrá que aclarar las circunstancias en las que se ha producido la eliminación de los correos. La Fiscalía esgrime un protocolo de seguridad por el que se realizan borrados cíclicos del contenido de los dispositivos. En las últimas horas, y según publica Europa Press, el propio fiscal general ha admitido que fue él quien borró los mensajes comprendidos entre el 8 y el 14 de marzo, los días clave para la presunta filtración sobre Alberto González Amador, en aplicación de esa prevención. Falta determinar si la limpieza también afectó a otros dispositivos.

Respecto al ordenador de sobremesa de Álvaro García Ortiz, la UCO se refiere a dos cuentas de email distintas. La personal, de Gmail, incluía dos copias de la cadena de correos entre el fiscal del caso contra la pareja de Ayuso y su defensa, que apunta a que se enviaron por la Fiscalía Provincial y se recibieron 15 minutos antes de las doce de la noche del 13 de marzo. En la extensión de email corporativo se localizan 46 mensajes, una cifra poco habitual para siete días de actividad.

Las horas no concuerdan

Otra incógnita a despejar es que tampoco concuerda la hora de envío y recepción de la cadena de mensajes con la reflejada en la intervención del móvil de la fiscal provincial. En las conversaciones encontradas en los teléfonos de la fiscal Rodríguez se aprecia cómo García Ortiz le requiere la cadena completa de mensajes unos minutos antes de las diez de la noche y esta se los manda a esa hora, aunque incompletos.

Queda, además, ahondar en la parte de toda esta historia que afecta a Moncloa y a Ferraz. La irrupción de Juan Lobato ha desvelado que al menos cinco altos cargos socialistas tendrían conocimiento de esos emails antes de ser publicado en la prensa. Al ex secretario general del PSOE madrileño se le pidió entregar su terminal, por lo que no es descartable que suceda lo mismo con los teléfonos de aquellos que conocían el email con anterioridad a su publicación.

La desaparición de los mensajes se ha recibido por parte del Gobierno como una inexistencia de pruebas que exculpa al fiscal general. El mismo presidente del Gobierno se preguntaba tras conocerse las conclusiones de la UCO quién pedirá ahora perdón a García Ortiz por el daño a su reputación. Otros miembros del Gobierno se han pronunciado en las últimas horas en la misma línea. "Se acabó la historia", decía, por ejemplo, Óscar Puente. Nada más lejos. El banquillo aún le espera.