El Supremo ve indicios de irregularidades en obra pública pese a la ofensiva de Óscar Puente

El Supremo refleja en su último auto sobre José Luis Ábalos que cuenta con indicios suficientes para atribuir al exministro de Fomento delitos por la adjudicación irregular de contratos de obra pública. El escrito menciona de forma expresa este tipo de licitaciones, desveladas por Víctor de Aldama, y lo hace a pesar de los esfuerzos de Óscar Puente, su sucesor en la cartera, para desactivar la acusación a través de una auditoría que trata de desactivar atribuciones ilegales a empresas de la red investigada. El alto tribunal considera que Ábalos se lucró con esta práctica y no cree las explicaciones que dio el socialista a lo largo de tres horas.

Puente hizo público su estudio hace unos días tras avanzar sus conclusiones a través de la red social X y anticipar que el empresario se iba a llevar un disgusto a la vista de la revisión de los contratos señalados y revisados por su departamento. El actual Ministerio de Transportes dio el paso de analizar la contratación de grandes obras por iniciativa propia y avanzó que aportaría este pasado lunes al Supremo su pericial, a pesar de que no es parte en el procedimiento en el que ni siquiera está personada, al menos de momento, la Abogacía del Estado.

El tribunal conoce el contenido de estas conclusiones, ya que salieron a relucir en las últimas declaraciones. El propio Ábalos las subrayó en su defensa durante su comparecencia voluntaria. Lo hizo precisamente al ser preguntado por el cobro de mordidas a cambio de obra. Este detalle y otros llevaron a pensar al TS y la Fiscalía que existe un pacto callado de no agresión entre el diputado y el PSOE. Una alianza para hacer frente al ataque de Aldama, que afecta a ambas partes. Ha sido Ábalos quien ha entregado al juez los informes, entre otros documentos destinados a armar su defensa.

El ministro Puente explicó la iniciativa como un paso del Gobierno para desmontar algunas de las falsedades "que se están viviendo en sede judicial". Dijo que ese informe "muy extenso" y elaborado por Adif y la Dirección General de Carreteras, demuestra que lo que denunció en su declaración el presunto comisionista Víctor de Aldama "no es cierto". La auditoría "desmonta con datos las cosas que ha dicho", agregó. El Supremo no está de acuerdo con esta conclusión.

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En el auto en que anuncia la puesta en marcha del trámite ante el Congreso para obtener autorización para investigar a Ábalos, el juez Leopoldo Puente se refiere a las contrataciones que dieron origen a la investigación, aquellas vinculadas con la pandemia y destinadas a la compra de mascarillas y dice que Aldama hizo uso de su relación personal con Ábalos y Koldo García para obtener información privilegiada que le permitiera asegurarse la adjudicación. A continuación agrega que habría "obtenido también, antes y después, por un procedimiento semejante, la perfección de otros contratos de empresas y particulares con la Administración pública o institucional".

La lista de los delitos atribuidos a Ábalos es larga. El instructor del procedimiento en su contra, le atribuye nada menos que una integración en organización criminal. En distintas de las conversaciones se obran en el sumario que arrancó en la Audiencia Nacional, los miembros de la trama se refieran al "superjefe", "el gran jefe" o "el jefe" lo que lleva al TS a pensar que se trataba de un grupo estable que de manera concertada y coordinada se repartía diversas tareas o funciones con el fin de cometer delitos.

El análisis de Puente

También ve prueba de la comisión de delitos de tráfico de influencias, cohecho y malversación. Asegura que la mano derecha de Ábalos "intervenía activamente en la contratación, gestionaba los contratos de adjudicaciones a las empresas y, al tiempo, realizaba operaciones para ocultar los cobros recibidos de la organización" mientras que el exministro "también intervenía, personalmente y utilizando los oficios de su asesor en el Ministerio e, indiciariamente, disfrutando de los ilícitos beneficios económicos que tales actuaciones pudieran haberle generado".

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El análisis de Puente es doble. El primero, de ADIF, indica que ha quedado acreditado que "ninguna tramitación/gestión de los expedientes de contratación" que ha señalado Aldama en su documentación "ha devenido ni en la constatación ni incluso en la sospecha de algún trato de favor o actuación irregular". El segundo, de Carreteras, analiza 39 proyectos para llegar a la misma conclusión. Dice en concreto que en 21 de los 39 casos denunciados se ha licitado el contrato por obras y que en 15 de esos 21 casos se hizo por los predecesores de José Luis Ábalos en el cargo, tanto del Partido Popular como del PSOE.