El PP golpea con PNV y Junts el plan fiscal del Gobierno y anula el impuesto a energéticas

El año parlamentario acaba como empezó. El Gobierno sigue sumando derrotas al marcador. El PP vio en la reforma fiscal una oportunidad para pescar en río revuelto y desestabilizar la mayoría de investidura. Y no la desaprovechó. Con el apoyo de PNV y Junts, y de Vox, el PP ha conseguido modificar el paquete tributario del Ejecutivo al introducir una enmienda para derogar el impuesto a las energéticas. La votación ha finalizado con 183 votos a favor frente a 166 en contra.

La reforma fiscal del Gobierno afrontaba este jueves la votación definitiva en el Congreso. Moncloa maniobró para intentar frenar la pinza PP-Junts y que su paquete tributario permaneciese intacto. Pero no lo logró. Porque Feijóo ha conseguido colar en el texto final algunas de las enmiendas parciales que había presentado en el Senado, y que han contado con el refrendo de algunos de los socios de Sánchez.

Feijóo tenía la vista puesta especialmente en la enmienda 54, que anula el impuesto a las energéticas del Gobierno. Y tanto Junts como PNV han facilitado que esa modificación vea la luz. Los efectos prácticos de la enmienda son limitados, ya que el gravamen energético caduca el 31 de diciembre. Y aunque el Ejecutivo aprobará un decreto para reactivar el impuesto pactado con sus socios del arco progresista, del que se ha apartado Podemos, lo cierto es que no podrá ser convalidado en la Cámara Baja por falta de apoyos, y quedará en nada.

El PNV avanzó a primera hora de la mañana que facilitaría la aprobación de la modificación del PP. El Gobierno ha minimizado el impacto de la enmienda de los populares, aunque los jeltzales reiteran que con su aprobación no sólo decae el gravamen, sino que se "deroga el fundamento jurídico sobre el que se sustenta el impuesto a las energéticas" y, por tanto, inhibe la posibilidad de que pueda ser prorrogado. La portavoz de Junts, Miriam Nogueras, también despejaba dudas sobre el sentido de su voto a las puertas del hemiciclo. "No pondremos en riesgo las inversiones energéticas en Cataluña", afirmaba.

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Más allá de la enmienda 54, el PP ha conseguido introducir en el paquete fiscal otra modificación para eximir de IRPF las ayudas dirigidas a los afectados por la DANA, con el voto en contra de los partidos del Gobierno. Feijóo ha devuelto el favor a Junts, y también ha votado a favor de las dos enmiendas de los neoconvergentes que quedaban vivas tras su paso por el Senado: la rebaja del IVA del 4% en productos lácteos; y eximir del pago de cotizaciones a los clubes deportivos que trabajan en la formación de menores de edad.

Génova ha perdido el miedo escénico a salir en la foto con Junts si eso implica asestar un golpe al Ejecutivo. Hace unas semanas, las dos formaciones pactaron una enmienda transaccional para suspender el impuesto del 7% a la producción eléctrica. Y no fue un acuerdo puntual. Más bien todo lo contrario. Porque la pinza de populares entre populares y neoconvergentes, al menos en materia económica y fiscal, se ha ido afianzando con el paso de los días.

PP y Junts han mantenido intensas negociaciones en los últimos días a fin de alterar la reforma fiscal, una norma clave en la antesala de la negociación de los Presupuestos. Y ninguna de las dos fuerzas descarta más puntos de encuentro en el futuro.

El Gobierno salva 'in extremis' la ley Bolaños

Por otra parte, el Gobierno ha sufrido para sacar adelante la llamada ley Bolaños, que era crítica porque estaba comprometida con Bruselas y de ella dependían 2.500 millones de fondos europeos. Los cuatro diputados de Podemos han apoyado, finalmente, al Gobierno y han rechazado el veto del PP del Senado a la ley de modernización de la Justicia.

La enmienda del PNV que agiliza los desalojos de viviendas en casos de okupación había desatado la discordia en el bloque de la mayoría. Podemos amenazó con tumbarla. Pero un pacto alcanzado a última hora entre el ministro de Justicia, Félix Bolaños, con Ione Belarra e Irene Montero, que se ha unido a la negociación, ha desatascado la ley. A cambio, Moncloa se ha comprometido con Podemos a prorrogar, un año más, la prohibición de los desahucios y, por seis meses más, la gratuidad del transporte público. Ambas medidas serán incluidas en el decreto anticrisis que aprobará el lunes el Consejo de Ministros.

"Siempre hemos dicho que con nuestros votos no vamos a recortar derechos ni tampoco vamos a legitimar los desahucios", advirtió su diputada Martina Velarde en el debate de este jueves en el Congreso, que ha generado un inédito cruce de reproches entre Podemos y Bildu y ERC. Estos dos grupos se equivocaron en la votación del pasado 14 de noviembre en la Cámara Baja al apoyar la enmienda antiokupas del PNV, aunque ellos sí decidieron seguir adelante al considerar otros "efectos beneficiosos" de la norma, como es la reserva de plazas con perfiles lingüísticos -catalán, euskera, gallego- en la Justicia.

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"El error que cometieron ERC y Bildu que facilita el desahucio de las personas más vulnerables. No lo pueden pagar esas familias, lo tienen que arreglar los grupos parlamentarios", ha retado en los pasillos Ione Belarra. Para Podemos, cualquier desalojo es un desahucio que debe evitarse dada la situación de crisis habitacional que vive España. "Está en nuestro adn, no vamos a renunciar a esto", insisten los morados.

Podemos reclamaba al Gobierno que se coprometiera por escrito a articular una solución que corrija la enmienda antiokupas de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), para impedir los "desahucios exprés". El problema es que no se identifica la mayoría política en la Cámara para ello, ya que PNV y Junts son partidarios de endurecer las medidas en casos de allanamiento y usurpación de viviendas. Y con el PP, que registró en el Senado una ley antiokupación que duerme en el cajón del Congreso -33 prórrogas de enmiendas consecutivas- y el Vox, la mayoría absoluta es suya.

En el último pleno del año, y pese a salvar la ley Bolaños, el Gobierno ha terminado exhibiendo la inédita fragilidad de su mayoría parlamentaria, con gran parte de sus socios enfrentados en una continua guerra de reproches, sin mencionar el flirteo de Junts con el PP que puede obstaculizar la ansiada salvación de los Presupuestos Generales del Estado.