La UCO revisará la obra pública y prepara un informe con documentos pendientes

No se vayan todavía, que aún hay más. Acabados los tres días de maratonianas declaraciones en la investigación del Supremo sobre José Luis Ábalos y su presunto comportamiento irregular casi parece que termina un ciclo. Sin embargo, empieza una parte de las pesquisas más ingrata y callada que implicará que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil compruebe las versiones ofrecidas por los protagonistas de estos días con un asunto clave en la primera fila: la adjudicación de obra pública.

La UCO suma ahora nuevas tareas a una larga lista. Según aseguran fuentes del caso a El Confidencial, lleva ya semanas analizando una parte de la documentación incautada con intención de presentar conclusiones sobre aspectos relevantes del caso ya el próximo 2025. La primera declaración de Víctor de Aldama ante la Audiencia Nacional provocó hace semanas que el juez Ismael Moreno reclamara al Instituto Armado que llevara a cabo verificaciones. En aquel momento, sus acusaciones salpicaron fundamentalmente al ministro Ángel Víctor Torres, el secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y el alto cargo de Hacienda Carlos Moreno, además de complicar el panorama de Ábalos.

Tras la avalancha de declaraciones del Supremo la unidad tendrá que abordar los indicios de presuntos amaños y confirmar si hay agua en la piscina. Aldama ha puesto el foco en decenas de adjudicaciones y asegurado que mediaba para conseguir a una decena de empresas de su órbita un trato de favor que a veces funcionó y otras no tanto. Según su versión, estas constructoras que aspiraban a quedarse con grandes contratos disponían de información privilegiada y acudían así dopadas a los concursos. En ocasiones existía un compromiso previo de adjudicación y un anticipo a modo de promesa de comisiones futuras si las cosas salían bien. Una especie de propina que se da para garantizarse el buen trato.

De momento, la UCO tendrá que cruzar los indicios aportados por el comisionista con las licitaciones concedidas. No basta con revisar la adjudicación principal, sino también cualquier modificación posterior y los contratos vinculados para trabajos menores. Una tarea titánica dado el amplio periodo señalado, casi cuatro años y el número de empresas, una decena.

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La Guardia Civil ya tenía en el radar la obra pública. Habían llamado su atención dos vertientes. De un lado, las adjudicaciones efectuadas por ADIF relacionadas con la actividad de la mujer de Koldo García, Patricia Uriz, que estuvo a sueldo en 2022 de una constructora que se llevó al menos dos adjudicaciones. Del otro, las realizadas en la Comunidad Valenciana, el lugar de procedencia del exministro Ábalos y su relación con el empresario José Ruz Martínez, beneficiario de distintos contratos del departamento de Transportes.

Sin embargo, el enorme volumen de material incautado había dificultado hasta el momento la labor. Las nuevas revelaciones de Aldama permiten ahora afinar el tiro. De momento, el conseguidor ha proporcionado como respaldo a sus afirmaciones un listado de licitaciones incluidas en los Presupuestos Generales del Estado con subrayados y anotaciones que atribuye a Koldo o Ábalos y pantallazos de apuntes manuscritos que el asesor del exministro de Fomento le envió por WhatsApp.

El móvil clave

A esto se añade ahora un elemento que puede ayudar en las pesquisas o complicarlas aún más. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz acaba de pedir a la Guardia Civil que le proporcione el volcado del último teléfono móvil incautado a Aldama, el terminal que según él mismo ha señalado resultará determinante para respaldar la mayoría de las cosas que ha indicado en sus declaraciones judiciales. En ellas ha disparado contra distintos miembros del Gobierno, incluso contra Pedro Sánchez y su mujer Begoña Gómez.

El empresario asegura que en ese teléfono está todo. Lo que aún no se sabe es cuánto significa todo. Con la apertura del móvil y con su análisis por parte (de momento) del magistrado, el fiscal del caso y el propio Aldama se abre en realidad una caja de Pandora de alcance aún indeterminado. En el teléfono se guardan, según Aldama, conversaciones con destacados miembros del Gobierno. El primer estudio se mantiene reservado, al igual que la pieza específica que el juez ha abierto para iniciarlo.