El informe "catastrofista" del Gobierno que ha dividido a la comunidad educativa

El pasado martes 3 de diciembre, algunos de los expertos que habían formado parte del comité para el desarrollo de un entorno digital seguro del Ministerio de Juventud e Infancia, se despertaron con sorpresa. Habían empezado a recibir mensajes desde primera hora, que reflejaban una mezcla de enfado e incomprensión. “¿Cómo habéis podido firmar algo así?” es uno de los mensajes que recibieron. El informe en el que habían estado trabajando durante casi un año se había filtrado a los medios, apenas unas horas antes de ser aprobado por el Consejo de Ministros.

La noticia de la agencia Europa Press, por ejemplo, recogía que el informe desaconsejaba el uso de cualquier dispositivo digital hasta los seis años, y hasta los 16, la utilización de smartphones, en la misma línea que El País, el primero en publicarlo. Muchos de los expertos participantes no se sintieron reconocidos en las principales conclusiones del informe. Otros que no habían formado parte del comité se sorprendieron ante el espíritu restrictivo de las recomendaciones.

El resultado, una polémica que ha ido enconándose desde hace dos semanas en los entornos educativos y que vuelve a reflejar la creciente división entre visiones más restrictivas (para algunos, “catastrofistas”) y otras más escépticas, que consideran un error la prohibición y están a favor de una mayor pedagogía tanto en el colegio como en el hogar e inversión en formación. Algunos de estos 50 expertos consideran que esta última visión ha quedado orillada en favor de una visión más restrictiva, aunque en algunos grupos de trabajo, como el de Educación, fuese mayoritaria.

Una de esas expertas sorprendidas fue Laura Cuesta, profesora de Cibercomunicación de la Universidad Camilo José Cela, como ella misma manifestó en público al día siguiente, durante un congreso en Valladolid: “La situación en la que yo me encontraba era de una auténtica frustración, una auténtica decepción hacia todos vosotros, que después de los nueve meses que hemos estado trabajando duramente todo el grupo de Educación, todos los titulares iban sacando aquello que genera audiencia”, lamentaba, dirigiéndose al auditorio. “Nada importa la formación de los docentes, de los centros educativos y de los alumnos”.

"Las posturas más catastrofistas están sobrerrepresentadas en la academia"

“Este informe se publica sin consenso, sobre todo en el ámbito de la educación, porque la mayoría de los expertos del grupo insistimos en que la tecnología educativa no tiene nada que ver con los dispositivos en sí, ni con Tiktok, ni con los juegos de azar”, explica la autora de Conectados (Molina) a El Confidencial. “No confundamos a las familias. ¿Que tenemos que asegurarnos de que su uso va a ser beneficioso? Por supuesto, pero no confundamos dispositivos con tecnología, porque también hay programación, robótica, realidad aumentada y plataformas que benefician al alumnado y a los docentes”.

Uno de los nombres que muchos imaginaban que estarían en el comité pero que finalmente no formó parte fue el de José César Perales, catedrático del Departamento de Psicología Experimental de la Universidad de Granada y experto en adicciones, que admite que “si quisiera haber estado en el comité, habría estado”. El catedrático está seguro de que no “ha habido una intencionalidad de dejar fuera a gente que defendía ciertas posturas”, pero ha sido crítico con el documento en redes sociales y considera que “los que tenemos una postura menos catastrofista somos minoría”.

“Entiendo que desde fuera, la decisión de formar el grupo de expertos tiene una posición política, pero se ha formado con lo que hay, y lo que hay ahora mismo es que ciertas posturas están sobrerrepresentadas y otras infrarrepresentadas en la academia, por lo cual es normal que la composición sea esa”, explica. Perales añade que algunos de los expertos que él habría incluido “no son fáciles de encontrar”. Algunas empresas de contenidos educativos como Smartick se quejan de que no ha habido ninguna representante del sector en la comisión.

Otros expertos participantes en el grupo de trabajo con los que ha contactado El Confidencial, incluso aquellos que admiten haber mantenido posiciones firmes y menos “prohibicionistas”, recuerdan que aunque pueda haber desacuerdos en el proceso, el objetivo nunca fue llegar a un consenso total sino aportar información a partir de la cual se pudiesen tomar medidas políticas informadas. Su trabajo es un diagnóstico y punto de partida para tomar decisiones legislativas, y temen que airear esas discrepancias pueda alentar una polarización aún mayor.

El largo y tortuoso camino

El comité de 50 expertos se conformó a finales del año pasado, a petición del Ministerio de Juventud e Infancia, encabezado por Sira Rego, y comenzó a trabajar a principios de 2024. Los 50 expertos se dividieron en varios grupos: Salud, Privacidad, Derechos, Participación de niños y niñas y adolescentes, Pornografía, violencia y abuso sexual, Industria y Consumo y Educación, el más numeroso de todos, con 22 participantes, coordinado por Julio Albalad y Encarna Cuenca. Los principales desencuentros se produjeron entre este y el de Salud, dirigido por Abigail Huertas y Miriam Al Adib.

El primer revés se produjo cuando, en mitad del trabajo, a principios de junio, el comité se encontró con que el consejo de ministros aprobó el anteproyecto de ley de protección digital de menores por su cuenta. Una ley que, según explicaba Moncloa, “recoge las aportaciones del comité de expertos”, pero este aún no había entregado su informe. El anteproyecto fue presentado en rueda de prensa con la presencia de cuatro ministros pero sin la propia Rego. La primera sorpresa.

El informe reconoce la existencia de dos posturas

La siguiente ha llegado con la filtración del informe, un documento de 231 páginas lleno de referencias bibliográficas y 107 medidas concretas en cada uno de los ámbitos. Un trabajo que ha sido calificado por algunos expertos externos como un pequeño Frankenstein de propuestas para las que no hay la suficiente evidencia, o cuyas defensas han sido seleccionadas entre multitud de estudios para encajar con una visión más cercana a la del “apagón” digital que a la del acompañamiento y la formación.

El propio trabajo lo pone de manifiesto: “En esos trabajos se han visualizado al menos dos grandes planteamientos, uno construido desde la perspectiva de la protección de la salud en el ámbito de la infancia, y otro con mayor foco integración y formación de las competencias digitales en el ámbito educativo”, se puede leer. “Fruto de ese intercambio de conocimientos, estudios y análisis, se han producido conclusiones o recomendaciones que difieren en determinados matices que se reflejan en este informe”. Para alguno de los participantes, han sido diferencias que no aparecen reflejadas en lo publicado. Para otros, un punto de partida para seguir discutiendo.

El contrainforme

Otros de los expertos que se han manifestado de forma más abierta contra el informe son María del Mar Sánchez, Carlos Magro y Jordi Adell, que están trabajando en una respuesta más detallada al trabajo. Después de la lectura del texto publicaron un pequeño editorial con sus primeras conclusiones, muy críticas con el texto final, en el que manifestaban su preocupación por “que las medidas de este documento pueden ser utilizadas para la toma de decisiones de instituciones y órganos de gobierno”.

En él, consideraban que “es una pena que los riesgos reales que se analizan en el documento (grooming, ciberbullying, sharenting…), luego no tengan presencia clara en las medidas que se plantean, y sin embargo, toda la parte que asume determinados efectos en el cerebro y la salud mental, que es precisamente la que está mal fundamentada, con sesgos y llena de cherry picking (usar solo los datos que fundamentan tu punto de vista) se utiliza para justificar prohibiciones y regulaciones en las aulas”.

“Son más de 200 páginas, con propuestas interesantes y algunas con enfoque muy innovadores que no se habían abordado lo suficiente hasta ahora, como el sharenting”, añade a El Confidencial Sánchez, profesora titular e investigadora en la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia, que valora positivamente la sección referida a la gestión de datos de menores o la violencia contra las mujeres. “Sin embargo, hay toda una parte, principalmente la que asume determinados daños cerebrales, que domina el relato y condiciona las propuestas y ensombrece el trabajo del resto del informe, tratando de invalidar las posibles aportaciones educativas”.

Aunque se trata de un tema en debate en la comunidad científica, la experta considera que el texto final se decanta por la visión más “sensacionalista” y sesgada. Perales, por su parte, valora positivamente la voluntad de “potenciar la educación digital en el ámbito educativo y la familia”. También, que que no se fíe todo a la responsabilidad social corporativa de las empresa, obligando a las compañías a garantizar la seguridad de sus productos.

"El posible impacto sobre la salud mental es más sutil de lo que pensamos"

Entre sus principales críticas, se encuentra la exageración de la evidencia sobre la relación entre usos y dispositivos digitales y problemas de salud mental. “Cuando realmente nos vamos a los estudios de mayor calidad, con grandes bases de datos, no de autoinforme, lo que se ve es que la evidencia no es ni mucho menos tan fuerte como nos quieren hacer creer”, desarrolla. “Lo que vemos hoy es que el posible impacto de la tecnología sobre la salud mental, si existe, es mucho más sutil y heterogéneo”.

Otras objeciones son considerar los dispositivos digitales como un todo sin diferenciar sus usos, hablando “de tiempo de pantalla en su conjunto”, y realizando recomendaciones genéricas para edad sin distinguir aplicaciones y otras actividades que se pueden estar realizando. Tampoco está de acuerdo con las recomendaciones referidas a la edad, porque no hay evidencia suficiente para establecer unos umbrales de edad tan concretos. La evidencia más clara, añade, es la de Amy Orben que muestra distintas ventanas de desarrollo según sexo: 14-15 para los chicos y 11-12 para las chicas.

Como señala Sánchez, “las medidas están condicionadas por la asunción de un enfoque que dice que la tecnología de por sí es mala, y esto afecta otras propuestas educativas”. En la misma línea que Perales, recuerda que no hay consenso sobre la capacidad adictiva de la tecnología, lo que provoca que se plantee que “en las aulas los dispositivos individuales son de por sí negativos y los grupales positivos”, mientras que la UE y la LOMLOE defienden “la importancia de desarrollar la competencia digital desde Educación Infantil”.

Otro formador y consultor de estrategia digital, Juan García de Crianza Digital, admite que tras la publicación de la noticia le han llegado un gran número de mensajes de padres preocupados. El experto considera que el informe puede dar “validez institucional” a aquellos padres que no quieren darle un móvil a sus hijos hasta los 16 años sin plantearse una alternativa más pedagógica, algo que tiene “un coste de oportunidad elevado” al prescindir de los beneficios de la tecnología. Cuesta y considera que aunque es partidaria de retrasar la entrega del smartphone a los niños, “cuando pones en marcha una legislación para prohibir que lo tengan antes de determinada edad, lo que haces es quitarle el marrón a la familia de implicarse en la educación de sus hijos, porque ya lo hace el gobierno”.

La sensación que abunda entre los expertos es la de que la visión restrictiva del grupo de salud le ha ganado la partida a las visiones más educativas, sociológicas y pedagógicas, menos prohibicionistas. Un traslado de lo que está ocurriendo en el ámbito académico. Como concluye Sánchez, “echo en falta una participación más clara desde el ámbito de la investigación educativa”, así como más investigación y trabajos clave en “pedagogía, sociología y psicología”. A partir de ahora, la pelota está en el tejado del gobierno.