La ley que agiliza el desalojo de okupas, en riesgo: Podemos la veta a 48 horas de votar

La reforma legal que permite agilizar los desalojos en casos de okupación corre el riesgo de malograrse a 48 horas de su aprobación definitiva por el Congreso. Tras una tramitación parlamentaria rocambolesca, la famosa enmienda antiokupas que tiene al sector inmobiliario en vilo se ve amenazada en última instancia legislativa por los cuatro diputados de Podemos. El partido de Ione Belarra arrastrará al Gobierno a otra negociación in extremis en la que exige un compromiso "escrito" de que, en el plazo de dos meses, se volverán a prohibir los "desahucios exprés", sin distinciones.

Es preciso recapitular. El 14 de noviembre, el PNV logró incluir en la ley de Eficiencia del Servicio Público de la Justicia una modificación que permite el desalojo exprés de okupas por allanamiento de morada y usurpación. ERC y Bildu votaron "por error" a favor y quedó aprobada en la Cámara Baja con el apoyo del PP y Junts, la abstención de Vox -que no se fiaba de la iniciativa por llevar la firma nacionalista- y el rechazo del PSOE -que disimuló su posición para no contrariar a sus socios de Sumar y Podemos, pero que registró varias enmiendas similares la pasada legislatura-.

Pero los populares, partidarios de combatir a los okupas, vetaron la semana pasada la ley Bolaños en el Senado por otras razones. Y ahora, de vuelta en el Congreso, es cuando Podemos amenaza con tumbarla, si bien el Gobierno está confiado en salvar el trance sin dificultad.

El Gobierno requiere de la mayoría absoluta (176 votos) en el Pleno de este jueves para deshacer el veto del Senado. Sin Podemos, habrá un empate a 175 escaños. Aunque el Gobierno tiene la opción de someterlo a votación en dos meses, no podrán aprobar la ley si no firma con los morados un compromiso de que eliminará la enmienda antiokupas. En concreto, se trata de la modificación puntual de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) que permite que estos casos transcurran por el procedimiento abreviados, que acorta los tiempos ante el juez (fecha del jucio en 15 días y sentencia en 72 horas máximo).

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ERC y Bildu confirmaron a este periódico que dejarían finalmente pasar la ley porque esta contiene otras "victorias políticas" importantes, como es la selección de plazas de la Justicia con perfil lingüístico, que no quieren sacrificar. Lo mismo le ocurre a Sumar, ya que la ley para la reforma organizativa y la modernización de la Justicia está comprometida con Bruselas y de su entrada en vigor dependen 2.500 millones del Plan de Recuperación.

Podemos y el PNV se han enzarzado este miércoles en las redes sociales por este asunto. El portavoz izquierdista, Javier Sánchez Serna, ha manifestado en el Congreso su intención de tumbar toda la normativa de Justicia con el argumento de que no se puede tolerar ningún desahucio, tampoco el desalojo de okupas. "Un Gobierno que se dice progresista no puede reactivar el drama que supusieron los desahucios en la anterior década. Desde Podemos exigimos al Gobierno que se mantenga la prohibición en 2025".

El portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha contraatacado: "Podemos vuelve a tratar de confundir a la ciudadanía. La enmienda del PNV no va de echar a la gente de su casa: va de sacar cuanto antes de tu casa a quien te la okupa. Delitos de allanamiento de morada y de usurpación. Podemos y Bildu apoyan la okupación; el PNV, no", han escrito los nacionalistas vascos sobre las declaraciones del portavoz Sánchez Serna.