Ábalos adjudicó obras a empresas señaladas por Aldama y Raquel Sánchez les subió el precio un 11,4% con un modificado

Un contrato público señalado por Víctor de Aldama por supuestos amaños fue adjudicado a una UTE integrada por Lantania SLU y ASCH Infraestructuras y Servicios SA, dos constructoras que presuntamente participaron en la red de comisiones ilegales del caso Koldo. El proyecto fue licitado en 2019 por José Luis Ábalos y, en 2022, su sucesora en el Ministerio de Transportes, Raquel Sánchez, concedió a las empresas una modificación del coste que elevó el precio final de la obra un 11,4%.

La adjudicación fue tramitada por la Dirección General de Carreteras, dependiente del Ministerio de Transportes; tenía por objeto la “Autovía A-66. Ampliación a tercer carril y remodelación de enlaces. Tramo: Enlace de Lugones – Enlace de Matalablima”; el plazo máximo de ejecución era de 42 meses y su precio base ascendía a 23.268.490 más IVA, según consta en la Plataforma de Contratación del Estado.

El anuncio de la licitación se publicó a finales de mayo de 2019, dos meses después de la fotografía de Aldama con Ábalos y representantes de la oposición venezolana en la tercera planta de Ferraz, que publicó El Confidencial este lunes, y sólo cuatro semanas después de que el entonces ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE firmara un contrato de alquiler con opción a compra de un piso del intermediario situado en el número 164 del Paseo de la Castellana de Madrid y valorado en 1,9 millones de euros.

El proyecto de ampliación de la A-66 aparece subrayado en las hojas de los Presupuestos Generales del Estado de 2021 que Aldama ha entregado al Tribunal Supremo y que, según manifestó este lunes en sede judicial, reflejan las licitaciones concretas que Ábalos y su mano derecha, Koldo García Izaguirre, supuestamente pretendían adulterar a cambio de comisiones y entregas de dinero al PSOE.

Además, Aldama entregó este lunes en el Supremo una captura de móvil de un papel manuscrito presuntamente por el propio Koldo con un listado de obras y adjudicaciones presuntamente manipuladas. La primera obra de la lista es precisamente la ampliación y mejora de la A-66 entre Lugones y Matalablima.

Hasta 25 constructoras se presentaron al concurso. En la primera parte, correspondiente al apartado técnico puntuado por el tribunal con criterios cualitativos o de juicios de valor, la UTE de Lantania y ASCH obtuvo la mejor nota, con un 62. El sistema de cálculo le otorgó automáticamente los 100 puntos que se podían obtener como máximo en ese apartado. La segunda nota más alta correspondió a Comsa, con 60,50, pero esta compañía tuvo que conformarse con una puntuación final de 93,18 puntos, casi 7 menos que la coalición de Lantania y ASCH.

Posteriormente se abrió el sobre con la oferta económica, correspondiente al apartado de valoración objetiva. El precio determinaba el 100% de la nota en esta segunda fase del concurso. Varias empresas hicieron ofertas de 16 y 17 millones de euros, pero fueron descalificadas por baja temeraria. Una UTE integrada por Copcisa SA y Becsa SA presentó la oferta más barata permitida, de 18.161.056 euros, y se llevó la calificación máxima de 100 puntos.

Lantania y ASCH quedaron en cuarta posición, con un precio de 18.391.415 euros, a tan poca distancia de los primeros que se quedaron cerca del máximo, con 95,49 puntos, según refleja la Plataforma de Contratación del Estado.

Ese dato fue suficiente para que el sistema de cálculo del resultado (49% fase de juicios de valor y 51% precio) concediera a la alianza de Lantania-ASCH la nota total más alta, 97,6 puntos, y se llevara la adjudicación. La UTE de Copcisa SA y Becsa SA tuvo que conformarse con 96,1 puntos y el segundo puesto, por su baja calificación en la fase subjetiva.

Sin embargo, el expediente de la licitación demuestra que el coste real de las obras de la A-66 acabó siendo más alto. En junio de 2022, con Raquel Sánchez ya al frente del Ministerio de Transportes, la Dirección General de Carreteras autorizó un incremento del precio de las obras que permitió elevar la cantidad facturada por Lantania y ASCH un 11,4% sobre el precio de adjudicación. El importe subió en 2.102.886 euros más IVA, quedándose finalmente en 20.494.301,57 más impuestos. También se aumentó el periodo máximo de ejecución a 47 meses.

Si la UTE de Lantania y ASCH hubiera ofertado ese precio en el concurso, su nota máxima habría sido de 77,1 puntos en lugar de los 97,6 puntos que logró, y habría quedado por detrás de la alianza de Copcisa SA y Becsa SA y de otros tres candidatos. Un portavoz de Lantania ha manifestado a este diario que la compañía "ha cumplido siempre la legalidad y colaborará en todo momento con la justicia". "Durante la época de Ábalos solo recibió un contrato de los 80 a los que concurrió (en dinero supone un 0,6% de éxito). Los sobrecostes que menciona el artículo se deben a un incremento generalizado de las materias primas que fue detallado en el expediente y que se basó en una serie de reales decretos que aprobó el Consejo de Ministros durante esos años para mitigar el encarecimiento de esas materias primas provocado por el estallido de la guerra de Ucrania”, alega la constructora.

Aunque Ábalos abandonó el Gobierno en julio de 2021, su sucesora mantuvo varios hilos que la conectaban con su antecesor. Uno de ellos era el jefe de gabinete del dirigente valenciano, Ricardo Mar, que continuó en el mismo puesto cuando llegó Raquel Sánchez y se fue con ella a Paradores del Estado cuando esta fue nombrada presidenta del ente público. Aldama habló expresamente de Ricardo Mar este lunes a preguntas de su abogado, José Antonio Choclán.

Las investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil también han acreditado que Koldo mantuvo hasta su detención en febrero de 2024 una estrecha relación con otros altos cargos de la cartera de Transportes que siguieron en puestos de confianza tras la llegada de Óscar Puente al Ministerio en noviembre de 2023.

Aldama también se refiere expresamente a Lantania en la documentación que presentó en el Supremo. Asegura que esta compañía “se ocupó de las obras de demolición del edificio de la calle Juan Pérez Zúñiga, número 18” de Madrid, que era propiedad del intermediario. En la actualidad hay un solar en esa dirección.

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EFE

Asimismo, el empresario habla en su escrito de ASCH. “Resultó adjudicataria de obra pública en el periodo de gestión del señor Ábalos, fundamentalmente por ADIF. El señor Ábalos determinaba, junto a doña Isabel Pardo de Vera, presidenta de ADIF, las obras que podían adjudicarse a ASCH y otras constructoras”.

Según Aldama, habría pagado al menos 170.000 euros en efectivo al exministro en su casa oficial de El Viso, en Madrid, y en su despacho de Transportes. Las presuntas comisiones oscilaban entre el 1% y 1,5% del valor de los contratos. El intermediario afirmó que Ábalos y Koldo le dijeron que una parte del dinero era para financiar al PSOE.