La UCO detiene a la mujer que dijo haber llevado maletines de dinero a la sede del PSOE

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detenido a Carmen Pano, la mujer que dijo haber llevado maletines con dinero en metálico —hasta 90.000 euros— a la sede central del PSOE en la madrileña calle Ferraz, según confirman a El Confidencial fuentes conocedoras de la operación. Los investigadores también han procedido a registrar varias empresas vinculadas a socios del empresario Víctor de Aldama por la llamada causa de los hidrocarburos. Estas mismas fuentes precisan que los trabajos tienen lugar en Calatayud (Zaragoza), Madrid, Toledo y Sevilla.

Además de Carmen Pano, la Guardia Civil ha detenido a otras tres personas: su hija, Leonor María González Pano —expareja de Aldama— y los empresarios Carlos del Castillo y Luis Alberto Escolano. Las fuentes consultadas precisan que estos trabajos tienen que ver exclusivamente con la causa de los hidrocarburos y que no guardan relación alguna con las declaraciones de Pano en las que dijo haber llevado dinero negro a la sede socialista. Se trata de detenciones policiales realizadas por la UCO.

El caso hidrocarburos es por el que Aldama fue arrestado el pasado octubre y que le llevó a ingresar en prisión preventiva, donde permaneció hasta que, casi dos meses después, declaró en la Audiencia Nacional confesando parte de los delitos que se le imputan en el otro procedimiento que le afecta, el llamado caso Koldo. Lo relativo a la trama de los hidrocarburos se investiga en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional que dirige el juez Pedraz. A Aldama y sus socios se les acusa de integrar una trama que defraudó 182 millones de euros en el IVA de la gasolina.

Al menos a Carmen Pano se le acusa de blanqueo de dinero y organización criminal, precisan las fuentes consultadas por este periódico. La Guardia Civil ha emitido una nota de prensa en la que atribuye también delitos fiscales a los cuatro detenidos: "La organización criminal que se ha desarticulado disponía de una importante estructura societaria con la que ejecutaría el fraude fiscal; esta estructura era modificada por sus responsables con el fin de alcanzar un mayor grado de apocamiento y asegurar la perfección del fraude. Asimismo, contaban con una estructura paralela de sociedades, tanto en España como en terceros países, para el ulterior blanqueo de las cantidades obtenidas delictivamente".

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Según desveló este periódico, al frente de esta operativa estaba Aldama y otro empresario llamado Claudio Rivas, todavía en prisión preventiva. Utilizaron al menos cuatro testaferros para controlar gasolineras y activos inmobiliarios por toda España. Las diligencias sitúan a Rivas como máximo responsable y cerebro del grupo. Por su parte, Aldama, pieza clave en el caso Koldo, habría realizado presuntamente labores de intermediación y logró que el Ministerio de Transición Ecológica de Teresa Ribera concediera una licencia de operador mayorista de hidrocarburos a la principal mercantil la organización, Villafuel SL, en noviembre de 2022.

En un escalón inferior se encontraba presuntamente una hermana de Rivas, María Luisa. El último nivel correspondía a supuestos fiduciarios profesionales. Los investigadores atribuyen ese papel a Pedro Antonio Marín Alba, Félix Aparicio Vicente, Jaime Salmerón González y Francisco Javier Cillán Contreras. Salmerón González tenía negocios en Aragón. Rivas usó presuntamente a Salmerón González, para controlar otra empresa inmobiliaria en Córdoba, Proyectos Prados de Alderete SL y una gasolinera en Zaragoza, Carburantes Jalón-Plaza SL.

Estaba previsto que la semana pasada se levantase el secreto de sumario del caso, pero el juez Pedraz decidió prorrogarlo al menos un mes más. Como la Fiscalía anticorrupción pidió la puesta en libertad de Aldama tras su disposición a colaborar con las pesquisas, al no haber más acusaciones en el procedimiento bajo secreto, el magistrado tuvo que permitir la salida del empresario. Aldama declara este lunes en el Tribunal Supremo como imputado de nuevo por el caso Koldo y las comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de contratos para la compra de material sanitario durante la pandemia.

El juez ha pedido a la UCO que revise en los más de 170 dispositivos para verificar si existe algo que pruebe las declaraciones de esta mujer

Las acusaciones populares habían pedido la declaración de Carmen Pano en el marco del Koldo. Lo hicieron en base a las declaraciones efectuadas por Carmen Pano en The Objective, en las que mencionaba su intervención en la compra del inmueble situado en la localidad de La Alcaidesa —que la UCO considera que pudo ser una dádiva de la trama para el exministro José Luis Ábalos— y en la supuesta entrega en la sede del PSOE de dinero en octubre de 2020 por orden o encargo del presunto conseguidor Víctor de Aldama.

El juez del caso Koldo, Ismael Moreno, se ha negado a interrogarla a instancias de la Fiscalía. En su lugar, ha pedido a la UCO que revise en los más de 170 dispositivos digitales que tiene en su poder para verificar si existe algo que pruebe las declaraciones de esta mujer. La Fiscalía apuntó, además, que en caso de ser citada a declarar, tendría que acudir en todo caso como investigada.