Aldama aporta pantallazos al Supremo en los que pacta la adjudicación de obra pública

Víctor de Aldama ha vuelto a abrir fuego contra el Gobierno durante su declaración de este lunes en el Tribunal Supremo, y no se ha limitado a declarar. Ha aportado nuevas pruebas. Según afirman fuentes presentes en el interrogatorio, ha entregado al juez conversaciones de WhatsApp en las que pacta la atribución de contratos de obra pública. Se trata, en concreto, de mensajes con Koldo García que incluyen una fotografía donde este marca obras cuya adjudicación dependería del pago de comisiones. La conversación está fechada el 28 de mayo de 2019.

Durante el interrogatorio y a preguntas del magistrado Leopoldo Puente, Aldama ha explicado que estas anotaciones correspondían al compromiso futuro de adjudicación de contratos. Ha indicado que los pagos de comisiones comenzaron "incluso antes de octubre de 2019". Aunque se solicitaban primero por parte de Koldo García, asegura que parte del dinero, en concreto 170.000 euros, se lo entregó personalmente a José Luis Ábalos "en su casa o en el despacho". Según ha precisado, hizo entrega de esas cantidades tres veces en El Viso y cuatro o cinco en el Ministerio. En otras ocasiones, Koldo se encargaba del reparto y le informaba después de que el dinero había llegado al ministro.

El grueso de estos pagos se destinaba a adjudicaciones de obra, pero,si había otras cuestiones, "le ayudaba" también, ha precisado. El efectivo correspondía a porcentajes de entre un 1 o un 1,5 por ciento por obra, aunque había otros hitos por modificación o ejecución, ha detallado.

El empresario se ha ratificado, además, en sus acusaciones contra altos cargos socialistas y ha explicado las pruebas que aportó al alto tribunal el pasado 4 de diciembre, entre las que también figuraba un listado de contratos millonarios de obras públicas que supuestamente se adjudicaron de forma irregular a cambio del pago de comisiones. Aldama ha tratado de desmontar la tesis ofrecida por José Luis Ábalos, que descargó cualquier responsabilidad en Koldo, y ha confirmado la entrega de 15.000 euros al actual secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

Aldama ha reiterado cada una de las afirmaciones ya lanzadas en su primera declaración y en su escrito de alegaciones. Ha confirmado así la entrega de 25.000 euros al jefe de gabinete de María Jesús Montero, Carlos Moreno, para que una empresa obtuviera un aplazamiento ante el pago de una deuda pendiente. También el alquiler de un piso en Atocha para un encuentro con "señoritas" en el que supuestamente participó el ministro Ángel Víctor Torres y la firma, junto a Ábalos, del contrato de la casa del Paseo de la Castellana, una vivienda de cerca de dos millones de euros que supuestamente sirvió de garantía para que el exministro concediera adjudicaciones a la trama.

Durante su declaración del pasado jueves, Ábalos aseguró que apenas conocía a Aldama y que, en realidad, Koldo era el único que tenía relación con él. Pero el empresario ha desmentido esas palabras ante el magistrado. A esto se suma la fotografía inédita desvelada este lunes por El Confidencial, en la que se puede ver cómo Aldama se reunió el 29 de marzo de 2019 en la tercera planta de Ferraz con el ministro de Transportes y los enviados diplomáticos del expresidente interino de Venezuela, Juan Guaidó.

Aldama ha llegado al Tribunal Supremo pasadas las 9:30 y en un coche que conducía Daniel Esteve, el líder de Desokupa, una empresa que se dedica a desalojos extrajudiciales. Ha evitado hacer declaraciones a los medios y ha entrado al tribunal acompañado por su abogado, José Antonio Choclán. Al igual que ocurrió durante la comparecencia de Ábalos, el magistrado también ha limitado este lunes la entrada a las acusaciones populares: la del PP, que ha asumido la dirección letrada por haber sido la primera en personarse, ha seguido el interrogatorio en directo, pero los representantes de las otras seis —entre las que figura Vox— han tenido que quedarse fuera. Algunas como la que ejerce Hazte Oír han recurrido la decisión este mismo lunes al considerar que se está impidiendo "la intervención de la ciudadanía y de la sociedad civil en un procedimiento penal".