Sánchez paga su deuda de investidura con ERC a costa de enfrentar a las CCAA por la quita

Punto de inflexión en la legislatura. Pedro Sánchez intenta desbrozar el camino hacia los Presupuestos, que siguen en el aire por el alto precio de sus socios de investidura. El independentismo catalán aprieta, y los gestos del Gobierno se multiplican. A Junts y a ERC. Este viernes, el presidente del Gobierno hizo señas claras a las dos fuerzas nacionalistas. Porque mientras representantes del PSOE volvían a Suiza para apaciguar a los de Puigdemont tras su último órdago, Sánchez se servía de la Conferencia de Presidentes para desempolvar una de las grandes cuentas pendientes con los republicanos: la condonación de la millonaria deuda de Cataluña.

El presidente del Gobierno asume que es el momento de cumplir sus compromisos con ERC. Hasta ahora, la formación independentista se había quedado al margen de las negociaciones presupuestarias por su situación de interinidad orgánica, que llega a su fin este mismo sábado. Hace poco más de un año, el Gobierno prometió a Oriol Junqueras que el Estado perdonaría parte del pasivo que debe Cataluña —15.000 millones de euros— a cambio de facilitar la investidura de Sánchez. Pero nada más se supo de aquello.

Moncloa pisa ahora el acelerador. Los Presupuestos Generales del Estado son la tabla de salvación a una legislatura marcada por una endeble mayoría parlamentaria, sin contar los múltiples frentes judiciales que se acumulan a las puertas del complejo presidencial. Como publicó El Confidencial, el Ejecutivo quiere ligar la negociación de la condonación de la deuda catalana a la negociación de las cuentas para atraer tanto a ERC como a Junts, que entronca con el compromiso de impulsar un cupo para Cataluña.

Consciente de la fuerte oposición que se encontrará en el resto de comunidades para culminar su plan de resistencia con el independentismo, Sánchez se adelantó a los presidentes y prometió una lluvia de millones en forma de absolución para intentar garantizarse su apoyo. El presidente del Gobierno convocará en enero al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para impulsar la asunción por el Estado de parte del endeudamiento de las regiones, y desactivar con ello la guerra abierta de los territorios, con independencia de su color político, contra las cesiones financieras y competenciales al separatismo.

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Con este anuncio, Sánchez remueve un debate nunca pacífico en el PP, pero tampoco en el PSOE. El presidente del Gobierno no había facilitado previamente a los presidentes autonómicos su propuesta de condonación, ni tampoco documento alguno para desarrollar las grandes materias que figuraban en el orden del día. La "suma de monólogos" del cónclave, en que los líderes tenían tan solo un tiempo tasado de 10 minutos para intervenir, finalizó con un libro en blanco en materia de inmigración, sanidad o vivienda. Pero la financiación amenaza con revolver, de nuevo, el gallinero autonómico.

Aunque el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, destacó al término de la reunión con la mayoría de presidentes autonómicos "aplaude" la propuesta de extensión de la quita de deuda, lo cierto es que estos desconfían y lo ven como un "chantaje" para "blanquear" su acuerdo con el independentismo. Del PP y también Page. Pero la casuística de cada una de las comunidades anticipa otro debate de alta tensión. Porque mientras regiones como Comunidad Valenciana, Murcia o Castilla-La Mancha tienen una importante deuda con el Estado, otras como Madrid, Castilla y León o Galicia apenas recurrieron al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).

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Entre los barones del PP, tanto en público como en privado, hubo una oposición coral a la propuesta de Sánchez. "Es un gancho, un caramelo. Tiene que haber una revisión total del sistema", alega el presidente de una de las regiones más endeudadas. "La quita tiene que ser una parte más. No vale de nada si al día siguiente no tengo una reforma que acabe con la infrafinanciación", apunta otro líder autonómico en una situación similar.

No obstante, en los discursos críticos de los presidentes del PP sí asomaban ciertos matices. Todos están de acuerdo en que la prioridad debe ser la actualización del sistema de financiación, pero algunos se mostraban completamente contrarios a perdonar la deuda en cualquier caso. "Es un traje a medida de unas pocas comunidades", lamentaban en una región que apenas adeuda al Estado. "¿Por qué hay que premiar a las comunidades que han gestionado mal sus recursos, y castigar a las que lo han hecho bien?", se preguntaban en otra autonomía popular. "Es injusto y poco pedagógico", aportaba un tercer barón.

El anuncio de Sánchez también enfrentó a algunos presidentes del PSOE. Emiliano García-Page llegó al cónclave dispuesto a incendiar el debate de la financiación frente a la propuesta del presidente del Gobierno, al que criticó por no haber llevado al cónclave ningún documento para abordar la actualización del sistema. El barón socialista pidió que las comunidades de PP y PSOE sumasen fuerzas para desactivar el "chantaje" de Junts y ERC. "No lo vamos a consentir. El Estado es mucho más que un Gobierno concreto", alegan en el entorno del mandatario socialista, quien reclamó que Hacienda presente un borrador en el plazo de tres meses.

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El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se estrenó en el cónclave con un discurso defensivo sobre la singularidad catalana que trae de cabeza a otros compañeros de partido. El president, tanto dentro como fuera del plenario, repitió que Cataluña está comprometida con la "solidaridad territorial", y protagonizó el único rifirrafe de la cumbre con la presidenta de la Comunidad de Madrid, a la que reclamó "lealtad fiscal". La madrileña le recomendó su receta para prosperar: bajar impuestos y captar inversiones. En el turno de ruegos y preguntas, Sánchez reservó la última palabra para Illa, quien acusó a Ayuso de "mentir" sobre Cataluña.

Una vez más, Isabel Díaz Ayuso asumió un rol protagonista en el cónclave. Por si había poca tensión en el debate de la financiación, la presidenta madrileña descolocó a sus compañeros con la propuesta de perdonar exclusivamente la deuda de la Comunidad Valenciana. Aunque es la voz más dura del PP contra la condonación de deuda, defiende que la situación en la región del Levante es "extraordinariamente grave" y debe recibir ayuda.