Sánchez convocará en enero a las CCAA para condonar su deuda y cumplir con ERC

En el horizonte de la XXVII Conferencia de Presidentes, la primera en tres años, no se vislumbraba ninguna posibilidad de acuerdo, pero el presidente del Gobierno ha ensalzado la imagen de "unidad territorial" que transmite la reunión con todos los mandatarios autonómicos, incluido el lehendakari, Imanol Pradales, y el presidente de Cataluña, Salvador Illa. Sánchez no ha cruzado ningún documento con los líderes territoriales para desarrollar el encuentro, pero sí se guardó un anuncio importante para comunicárselo en directo e incendiar el cónclave. Convocará en enero un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para impulsar que el Estado asuma parte del endeudamiento de las comunidades autónomas y diluir ahí el concierto catalán pactado con ERC para su investidura.

Sánchez ha aprovechado este foro multilateral para abrir el fuego de la financiación autonómica. Los presidentes del PP rechazan cualquier "enjuague" fiscal para Cataluña y dentro están insistiendo en que no permitirán negociaciones bilaterales. Lo mismo ocurre con el resto de comunidades gobernadas por el PSOE, cuyo frente lidera Emiliano García-Page desde Castilla-La Mancha, muy crítico con los pactos del Gobierno con el independentismo catalán. Precisamente, Page ha pedido al Ejecutivo que presente "en tres meses" un borrador marco sobre la reforma del modelo de financiación. "Y, entre tanto, que no haya más documentos de ningún tipo".

”Queremos una financiación solidaria con el resto de España. No aceptaré lecciones de solidaridad de quienes practican la insolidaridad fiscal”, ha asegurado dentro Salvador Illa.

Hace casi un año, el Gobierno se comprometió con Oriol Junqueras a condonar la deuda que tiene Cataluña con la Administración Central, que asciende a 15.000 millones de euros, a cambio de que ERC apoyase la investidura de Pedro Sánchez. No obstante, desde aquel momento no se volvieron a conocer más detalles sobre cómo se producirá esa quita. Como publicó El Confidencial, el Ejecutivo quiere utilizar la negociación de la condonación del pasivo para aprobar los Presupuestos Generales del Estado y atraer tanto a ERC como a Junts.

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Con este anuncio, que procede de una exigencia del independentismo catalán, Sánchez reanima las conversaciones sobre la enquistada reforma del sistema de financiación autonómica. Y lo hace con una de las patas que más preocupa a las regiones más endeudadas, es decir, Comunidad Valenciana, Andalucía o la Región de Murcia, las tres gobernadas por el PP. En ese grupo también está Castilla-La Mancha.

Hay que recordar que Feijóo pidió a sus barones no negociar la quita de deuda de forma bilateral con el Gobierno pese al peso que soportan algunas de sus autonomías. Pero sí hay regiones del PP dispuestas a aceptar esa condonación parcial, siempre y cuándo se aborde con todas las comunidades a la vez y haya café para todos.

Sánchez ha trasladado a los presidentes autonómicos su interés en impulsar un "nuevo modelo de financiación" que "concilie la multilateralidad y la bilateralidad", en línea con lo que trasladó a los barones socialistas en el Congreso Federal de Sevilla. El presidente del Gobierno ha trasladado la necesidad de que esa reforma "blinde la solidaridad" entre territorios y garantice, además, que las comunidades autónomas "reciban más recursos".

El presidente del Gobierno también ha propuesto a los líderes autonómicos que reprogramen una parte de los fondos europeos para dar a los territorios afectados por la DANA, especialmente la Comunidad Valenciana, una línea adicional de ayuda.

Sánchez ha defendido blindar el “carácter público y social” de las viviendas financiadas con recursos públicos “de forma permanente e irreversible”, de modo que el parque público llegue al 20%. También ha reclamado que se apruebe una reforma de la Ley del Suelo, que el Gobierno tuvo que retirar en julio ante la falta de apoyos, y ha exigido a las comunidades que “hagan uso” de la Ley de Vivienda, que permite intervenir el mercado del alquiler en las zonas tensionadas, pero que el PP rechaza porque, afirma, sube los precios.

Una entente vasco-canaria para la crisis migratoria

El lehendakari, Imanol Pradales, ha presentado ante el resto de mandatarios un documento pactado con Canarias en el que plantean un reparto extraordinario de menores extranjeros no acompañados antes de “tres meses” que tenga en cuenta cinco criterios: población, PIB per cápita, tasa de desempleo, media de acogidos por 100.000 habitantes y total de menores acogidos en los cinco años previos. La propuesta fue perfilada ayer en una reunión en Ajuria Enea entre el lehendakari y el presidente canario, Fernando Clavijo.

El documento, que ha sido presentado al resto de mandatarios, reclama una financiación suficiente por parte del Estado y busca un reparto “equilibrado, coordinado y justo” de los menores para superar el bloqueo político en la cuestión migratoria. Según Canarias y Euskadi, se debe buscar una “figura jurídica oportuna” en un plazo “no superior a tres meses” para articular esta distribución de los más de 5.100 menores que se hacinan en las islas desde hace más de un año.

Sánchez ha reclamado a las CCAA que acuerden “de una vez una solución compartida al problema del reparto de los menores no acompañados a través de criterios objetivos”. El Gobierno y el ejecutivo de Canarias exigen la modificación de la Ley de Extranjería para fijar el modelo de redistribución, pero hasta ahora se han encontrado con el rechazo del PP y de Junts; con este último partido negocia ahora Moncloa un pacto global que incluirá la transferencia de la competencia de inmigración y el control de los Mossos de la seguridad en puertos y aeropuertos, entre otras cuestiones.

El líder del PSOE les ha pedido a las CCAA que se sumen a una política migratoria “responsable y solidaria, basada en la ciencia y no en los prejuicios, y responsable con las necesidades demográficas y laborales de nuestro país”.