Consumo investiga a los grandes gestores de Airbnb que se hacen pasar por particulares

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, a través de la Dirección General de Consumo, va a investigar a los grandes gestores de pisos turísticos que se hacen pasar por particulares en plataformas con Airbnb. Como destapó El Confidencial en abril, esta es una práctica que ha ganado popularidad en los últimos meses y que desvirtúa el propósito de este tipo de alquileres, concebidos para que las personas rentabilicen sus domicilios cuando no los están utilizando.

Se mencionaba como ejemplo el caso de Fran y Marta, que se presentan como una familia con una hija y dos perros, incluidas fotos, pero que en realidad esconden a una empresa inmobiliaria llamada Soluciones Espuña, que controla 400 pisos por todo el país. Se trata de un servicio que contratan los propietarios para no tener que preocuparse de nada, desde la publicidad del piso, pasando por la limpieza y la entrega o recogida de llaves. "Hay muchísimas firmas como nosotros. Lo único es que, en vez de mostrarnos con un nombre de empresa, preferimos personalizar el servicio", explicaba Fran a este periódico.

En primera instancia, este tipo de prácticas van contra el espíritu de Airbnb. Tres estudiantes de San Francisco fundaron el negocio en 2008 con un colchón hinchable y una habitación libre, de ahí el “air”, (porque el inquilino tenía que inflar su propia cama), y el “bnb”, una contracción del clásico bed and breakfast. La idea siempre fue la de alquilar habitaciones libres y en ningún caso competir con los hoteleros ni el alquiler clásico, en tanto que no se someten a los mismos requisitos legales para funcionar. Es más, aún hoy la plataforma sigue apelando a los propietarios (“pon tu casa en airbnb”), obviando los negocios que surgen alrededor de su plataforma.

Fran, Marta y todos los que juegan al despiste para ganarse la confianza de los usuarios y obtener reseñas benevolentes, podrían estar vulnerando la ley. Al menos es lo que sospecha el ministerio que dirige Pablo Bustinduy, que cree que pueden estar incurriendo en prácticas engañosas al hacerse pasar por particulares cuando operan una mercantil de facturación millonaria. En concreto, la Ley de Competencia Desleal de 1991, en su artículo 5, indica que se puede considerar engañosa "cualquier conducta que contenga información falsa o información que, aun siendo veraz, por su contenido o presentación induzca o pueda inducir a error a los destinatarios, siendo susceptible de alterar su comportamiento económico".

Consumo ha puesto el foco en las malas prácticas del sector inmobiliario y la vivienda turística

Más adelante, el punto 27 del texto legal recoge nítidamente el caso de Fran y Marta, al señalar que se trataría de un engaño en caso de "afirmar de forma fraudulenta o crear la impresión falsa de que un empresario o profesional no actúa en el marco de su actividad empresarial o profesional, o presentarse de forma fraudulenta como un consumidor o usuario".

"Hay miles de familias que viven al límite en nuestro país a causa de la vivienda, mientras unos pocos se enriquecen con modelos de negocio que expulsan a las personas de sus hogares", afirma un Bustinduy que, como el resto de miembros Sumar en el Gobierno, ha identificado la crisis de vivienda como una prioridad absoluta durante esta legislatura.

No es la primera vez que Bustinduy levanta la ceja ante las prácticas del sector inmobiliario. Este verano, el ministerio informó de que había empezado a investigar los anuncios de pisos turísticos que no disponen de licencia y, en octubre, comenzaron a poner el foco sobre las agencias inmobiliarias que siguen cobrando al arrendatario una comisión por alquilar los pisos, pese a que la Ley de Vivienda de 2023 lo prohíbe expresamente.