El escaño permite a Ábalos aplazar la inspección de su patrimonio y su móvil al menos dos meses

José Luis Ábalos tiene una cita con el juez este jueves, pero, pese a todo, sigue a salvo de una investigación judicial en profundidad. El diputado acude al tribunal Supremo aún protegido por el aforamiento y de forma voluntaria, lo que le mantiene de momento a salvo de la revisión de su patrimonio y de otras medidas invasoras de derechos fundamentales como el análisis de sus comunicaciones o el registro de sus propiedades. Si, tras escucharle, el juez Leopoldo Puente concluye que debe seguir adelante porque se mantienen los indicios de criminalidad en su contra, tendrá que dirigirse al Congreso y cursar un suplicatorio. El plazo de respuesta de la cámara se alargará al menos dos meses. Su citación inaugura un calendario muy apretado de declaraciones en los procedimientos que rodean al Ejecutivo. Después de él vendrá Víctor de Aldama el próximo lunes y Koldo García el martes en el Supremo. Begoña Gómez está citado por el juez Juan Carlos Peinado el próximo miércoles y la asistente de Moncloa con la que trabaja, el día 20.

Ni la Fiscalía Anticorrupción ni las acusaciones -ahora unificadas bajo el mando del PP- ni las defensas del resto de imputados, entre ellos Aldama, esperan gran cosa de la declaración. En las distintas declaraciones públicas que ha ido haciendo desde que se conoció la decisión del alto tribunal de abrir causa en su contra, Ábalos ya ha avanzado cuál va a ser su postura. Negará así casi todos los indicios en su contra. Ni cobro de comisiones ni vinculación estrecha con la trama. Prevé limitarse a admitir aquello que no puede dar por falso, como la existencia de contactos mínimos con Aldama para la compra de mascarillas

En la misma línea de Pedro Sánchez y los miembros de su Ejecutivo -al que ya no pertenece, con expulsión incluida de su partido- en las últimas horas ha comprado al argumentario socialista y ha pasado a atribuir la instrucción a una "operación política" en la que implica al poder judicial. El presidente del Gobierno llegó a deslizar en un corrillo con periodistas este martes que los jueces mantienen contactos con el PP que facilitan al principal partido de la oposición "jugar con cartas marcadas".

Sin embargo, el caso Koldo (transformado ahora ya en el caso Ábalos) no está liderado por las acusaciones populares sino por la Fiscalía Anticorrupción. Y al Ministerio Público le preocupan algunas cosas. La principal es el periodo en el que el aforamiento le mantendrá libre de la fiscalización de sus cuentas y propiedades y de si, desde su llegada al Ministerio de Fomento, sus ingresos se vieron incrementados o hubo movimientos para ocultar fondos en el extranjero o bien a nombre de terceras persona o empresas.

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Esa protección se extenderá hasta que el Congreso apruebe el suplicatorio que previsiblemente remitirá el magistrado del Supremo para pedir la autorización parlamentaria obligatoria para llevar a cabo nuevas pesquisas. Como ha publicado El Confidencial, el fin del periodo de sesiones complica los plazos y, en la mejor de las situaciones, no será hasta la segunda quincena de febrero cuando se vote en el Pleno. Sin ese permiso no será posible ahondar de momento. Anticorrupción considera que la información patrimonial es fundamental para avanzar.

Comisiones y pagos

Mientras eso no suceda, Ábalos se refugiará en su versión que se centra en tachar de "mentiras" las acusaciones de Aldama y en poner en duda tanto las conclusiones de la UCO como las reflejadas en la exposición razonada que remitió el juez Ismael Moreno. Las complicaciones del que fuera secretario de Organización del partido socialista aumentaron desde que Aldama optó por cooperar y, además de corroborar sospechas ya acreditadas en la instrucción, añadió nuevas afirmaciones sobre el cobro de comisiones y la actividad del exministro y su asesor en el marco de la adjudicación de obra pública.

El fin del periodo de sesiones complica los plazos y, en la mejor de las situaciones, el suplicatorio no se despejará hasta medidados de febrero

Aldama ha soltado hasta el momento dos disparos contra el exministro. Primero en su declaración en la Audiencia Nacional y después en las alegaciones escritas que envió al Supremo. En el interrogatorio aseguró haber pagado comisiones en efectivo a Ábalos y precisó que destinó 250.000 euros a atar los contratos para las mascarillas y 600.000 a otras cuestiones que no precisó. Además, confirmó la compra para su disfrute del chalet La Alcaidesa, en La Línea de la Concepción, que pudo incluso poner "en alquiler y poder obtener así rendimientos económicos".

Esa propiedad, señalan, fue adquirida por Aldama por valor de 526.000 euros empleando sociedades presuntamente controladas por Claudio Rivas, socio del empresario en la trama de los hidrocarburos. El empresario también respaldó las averiguaciones de la UCO respecto al pago de 82.298 euros para alquilar un piso en Madrid en el que residía Jessica, su pareja en aquel momento. Los abonos se alargaron entre 2018 y 2022.

El segundo disparo vino con forma de escrito y sirvió para explicar, al menos en parte, esos 600.000 euros para negocios desconocidos. Aldama indicó a través de su abogado que pactó con Ábalos proporcionarle un piso ubicado en el Paseo de la Castellana de Madrid, valorado en 1,9 millones de euros, para que contara con una garantía de que un grupo de constructoras de su órbita le entregarían comisiones a cambio de que se preadjudicaran decenas de contratos de obra pública.

Opinión

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Durante la declaración, tendrá que enfrentarse a las preguntas sobre estas cuestiones del juez y la Fiscalía. Está por ver si se decide a responder a la acusación unificada que ejercerá el PP y las defensas. Sea como sea, está claro que este no será el último episodio. La semana que viene está citado de nuevo Aldama y ya ha anticipado su intención de ahondar en sus acusaciones.