El club del monólogo: Sánchez acude a la cumbre de barones con los deberes sin hacer

Sin cruzar documentos, sin reuniones institucionales preparatorias y sin hueco para el diálogo. Las expectativas ante la primera Conferencia de Presidentes en casi tres años han quedado enterradas bajo el manto de la crispación. Si hay una cosa en la que coinciden Gobierno y líderes autonómicos es en el profundo pesimismo con el que afrontan el cónclave de Santander. Todos muestran "voluntad de consenso", pero sin renunciar a posiciones de máximos en puntos clave. Salvo sorpresa, la cita servirá para cubrir expediente, pero no para desatascar asuntos de máxima urgencia, con el desafío migratorio, la vivienda, la sanidad o la financiación subrayados en rojo.

La última Conferencia de Presidentes —órgano de máximo rango en la cooperación entre el Ejecutivo y las comunidades autónomas— se celebró en marzo de 2022. Sánchez se saltó de forma reiterada el reglamento, que establece que debe reunirse "al menos" dos veces al año. Su negativa a convocar el cónclave despertó la ira de los barones del PP, que desde mayo de 2023 controlan la mayor parte de las comunidades autónomas. Con esa renovada fuerza territorial lograron abrir un frente en el Tribunal Supremo para obligar a Sánchez a "cumplir".

La presión surtió efecto. El cónclave se celebrará este viernes en Santander, pero entre los presidentes se extiende la amarga sensación de que Sánchez sólo ha convocado la reunión "obligado por las circunstancias", y no por un interés real de llegar a acuerdos. Hasta el imponente Palacio de la Magdalena se desplazará a primera hora de este viernes el Rey Felipe VI, el presidente del Gobierno y todos los representantes autonómicos, sin excepción, además del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

El jefe del Ejecutivo llega con los deberes sin hacer y sin tejer los mimbres previos que facilitarían algún acercamiento. Y los líderes territoriales de PP y del PSOE afrontan la cita con el máximo escepticismo. La mayoría de los dirigentes consultados rebajan las expectativas "a cero" y creen que es "muy difícil" que la reunión finalice con algún avance. "Será como una suma de monólogos", resume un presidente autonómico.

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El malestar es profundo. Los barones del PP se quejan de que el Ejecutivo no haya facilitado "ni un documento" sobre el que trabajar en los meses previos, más allá de un dosier con detalles logísticos y un orden del día con los asuntos esquematizados a tratar sobre los que, además, no se podrá debatir. El encorsetado formato lo impide. La Conferencia de Presidentes arrancará con una intervención inicial del presidente del Gobierno, a la que seguirán los discursos individualizados de los líderes autonómicos en cada una de las materias.

Una vez terminada la ronda, y si se sigue el guion preestablecido, habrá un turno para ruegos y preguntas, pero "sin opción de réplica" ni de debate. "No hay hueco para el diálogo", censura otro presidente popular. "Sólo vamos a escuchar a Sánchez", ironiza un tercer dirigente territorial, los dos del PP, donde se da prácticamente por seguro que saldrán con las manos vacías. No se queda atrás en las críticas el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page que definió el evento como "una exposición en cadena de opiniones", y lamentó la falta de sesiones preparatorias a iniciativa del Ejecutivo.

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En un principio, el Gobierno había convocado la Conferencia de Presidentes con el objetivo de debatir un único punto en el orden del día: el problema de la vivienda. La gran disputa reside en la negativa de las autonomías gobernadas por el PP, en el marco de sus competencias, a topar los precios y declarar zonas tensionadas. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, llegó a amenazar a las comunidades "insumisas" con no recibir fondos estatales si no aplicaban la norma en sus territorios, aunque terminó rectificando.

Sánchez llega a la cita con la tarea pendiente de desarrollar el anuncio que hizo en el Congreso Federal de Sevilla: la creación de una "gran empresa pública de vivienda", un plan que, sin conocer los detalles, ya ha despertado recelos en las filas de los populares. El PP, por su parte, tiene pendiente de registro en el Congreso de los Diputados su propia ley de Vivienda, en la que se opone de forma taxativa a los límites a los alquileres y apuesta por otras fórmulas, como la liberalización de suelo público y la agilización burocrática, además de medidas específicas contra la okupación.

Estas serán las líneas maestras que defenderán los líderes populares en esta cuestión, además de exigir la derogación de la actual ley de Vivienda. El único punto en el que se podría converger es en las conversaciones para modificar la ley del suelo, donde socialistas y populares tienen posturas muy próximas. La debilidad parlamentaria de Sánchez le obligó a retirar la mencionada normativa hace unos meses, y el PP se negó entonces a brindar su apoyo al Gobierno pese a que es una iniciativa que reclama los ayuntamientos, la mayoría de ellos gobernados por el PP, para dotar de mayor seguridad jurídica al sector urbanístico.

Inmigración y financiación, choque total

Los barones del PP, que presiden 11 de las 17 comunidades, consiguieron forzar al Gobierno a ampliar el orden del día para debatir otras materias ajenas al acceso al mercado inmobiliario, y que quedó fijado en la —única— reunión preparatoria del pasado 28 de octubre. Los puntos de discusión incluyen, de este modo, el enquistado debate de la financiación autonómica, la inmigración y la sanidad pública. Y al menos sobre los dos primeros asuntos, el choque entre Gobierno y PP es total.

La reforma del sistema de financiación es uno de los grandes debates políticos pendientes, y la prioridad de muchos de los barones citados. Sánchez ha ido citando uno a uno a los presidentes autonómicos en la Moncloa —la excepción fue Isabel Díaz Ayuso, que no aceptó la invitación— para tomar nota de sus reivindicaciones en un asunto que enfrenta a los barones con independencia de su color político. Pero la sensación generalizada es que la ronda no fue más que un "paripé" para que Sánchez "ganara tiempo" por el ruido de fondo del cupo catalán pactado entre ERC y Salvador Illa —que debuta en una Conferencia de Presidentes como presidente de la Generalitat—, al que el PP se opone de forma coral.

Los presidentes del PP trazarán un frente común para exigir que la reforma del sistema se aborde de forma multilateral, en línea con el documento firmado por todos los líderes territoriales populares en una cumbre presidida por Feijóo el pasado septiembre. En aquella reunión, todo el PP asumió la reivindicación de Carlos Mazón, Fernando López Miras y Juanma Moreno para activar un fondo de nivelación hasta que llegue el acuerdo para reformar el sistema de financiación. Esta exigencia "irrenunciable" estará también encima de la mesa. Y a partir de ahí, cada presidente autonómico defenderá las reivindicaciones singulares de su territorio.

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Aunque no forma parte del orden del día, todas las fuentes consultadas dan por seguro que en el encuentro saldrá a colación el asunto de las ayudas para los afectados por la DANA. El presidente de la Comunidad Valenciana hará su reaparición por primera vez después de la catástrofe, y se reunirá con sus compañeros de partido que, hasta la fecha, han mantenido las distancias y han evitado exhibir un apoyo claro a Carlos Mazón.

Las prioridades del líder valenciano han cambiado, y éste solicitará un Plan Nacional contra las Inundaciones y la creación de un Fondo Nacional contra Catástrofes, dos peticiones que sí podrían suscitar ciertos consensos. Aunque cada dirigente barrerá para su casa, los líderes del PP sí llevan una hoja de ruta de mínimos pactada, que se perfiló en una reunión de la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, con los consejeros de Presidencia de las comunidades autónomas el pasado lunes. Una prioridad que pretenden elevar en la reunión es, de hecho, la necesidad de activar un Plan Nacional del Agua, pese a que esta cuestión no figura en el orden del día.

En el ámbito de la sanidad, el objetivo es poner en común medidas para paliar la escasez de profesionales sanitarios, especialmente en la Atención Primaria. Gobierno y comunidades comparten que es un problema "acuciante" que repercute en las listas de espera y al que hay que buscar soluciones, si bien los presidentes populares pondrán el foco en la inminente desaparición de Muface y su impacto en el sistema público.

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Gobierno y PP también llegan a la reunión con las posiciones completamente enconadas respecto al desafío de la inmigración ilegal. Génova se niega a prestar sus votos para reformar el artículo 35 de la ley de Extranjería hasta que el Ejecutivo no cambie de forma radical su política migratoria para aumentar los controles en las fronteras y reducir el flujo de llegadas irregulares. Tanto la dirección nacional como las baronías autonómicas del PP rechazan de plano la posibilidad de llegar a un acuerdo en este ámbito.

Mientras tanto, la Moncloa ya busca a Junts para agilizar la modificación legal que permitirá reubicar menores procedentes de Canarias en todas las comunidades, a cambio de cerrar la comprometida cesión de competencias o, incluso, a que la policía catalana esté presente en puertos y aeropuertos.

Más allá de las evidentes discrepancias ideológicas, hay otros aspectos que dificultan cualquier posibilidad de acuerdo. Uno de ellos es la sombra de la presunta "corrupción" que rodea al Gobierno y la sensación en el PP de que el mandato de Sánchez está "agotado". En Génova, de hecho, ven ya inviable esbozar nuevos pactos de Estado —Sánchez y Feijóo sólo han firmado la renovación del Poder Judicial y la modificación del artículo 49 de la Constitución— en lo que dure la legislatura.