La pinza PP-Junts y un diputado negligente arrastran al PSOE a otra derrota sonrojante

La capacidad de asombro de los grupos parlamentarios ante el heterodoxo manejo del procedimiento legislativo del Gobierno es infinita. A la retirada recurrente de leyes por falta de apoyos (proyecto de Presupuestos de este año, ley del suelo, senda de déficit); la sucesión de pastiches normativos con añadidos que no guardan relación entre sí; o la última sesión de la Comisión de Hacienda que fue interrumpida hasta la madrugada mientras el PSOE imploraba el apoyo de sus socios para pactar las bases de una reforma fiscal, hay que sumar un último capítulo sonrojante. Y otra vez tiene que ver con la fiscalidad.

El Ejecutivo se ve ahora obligado a abortar la tramitación de otra ley para impedir una nueva severa derrota parlamentaria, en la que participan casi todos sus aliados. PSOE y Sumar se quedaron solos en la ponencia de la comisión de Transición Ecológica, donde PP y Junts lograron incluir una enmienda para eliminar el impuesto del 7% sobre el valor de la producción eléctrica, siempre y cuando no haya déficit de tarifa.

La pinza de Génova con el partido de Puigdemont, que viene de presionar a Pedro Sánchez para que se someta a una cuestión de confianza ante la Cámara, arrastró al resto de socios aliados del Ejecutivo. El PNV, que previno con antelación al PSOE de su postura, y ERC, que se ve desdibujado en los últimos meses ante el protagonismo de Junts, votaron a favor de la enmienda. Lo mismo hizo Vox. El BNG se abstuvo y Bildu optó por no votar. La realidad, aducen desde distintos grupos, es que el gravamen sobre las eléctricas repercute directamente sobre la factura de la luz. Y había que reformular el impuesto.

Lo cierto es que el Gobierno se metió solo en este nuevo callejón sin salida. El Ejecutivo tiene la potestad de vetar cualquier enmienda que suponga una disminución de ingresos o el aumento de créditos presupuestarios, una herramienta de la que "se abusa", denuncian los grupos parlamentarios.

Pero en esta ocasión no pudo ejercer el veto por culpa de la ausencia no justificada de un diputado socialista, Juan Antonio Lorenzo Cazorla, vicepresidente de la Mesa de la comisión. El diputado se encontraba el lunes en su tierra, Almería, sin cumplir con sus obligaciones como diputado para desesperación de la dirección de su grupo, que le multará con 1.200 euros, según confirman fuentes socialistas. El PSOE perdió dos enmiendas en total, a 600 euros de penalización por cada una.

Fuentes socialistas lamentan la "actitud injustificable" de su diputado andaluz, quien "ni siquiera llamó para avisar", lo que propició el despiste de la presidenta de la Comisión, Cristina Narbona, quien en lugar de desconvocar la reunión de la ponencia siguió adelante. Ante la llamada urgente de sus compañeros, el parlamentario confirmó que se encontraba en Almería y que no era consciente de la importancia de la sesión que estaba a punto de comenzar, para desesperación de los socialistas. "Nos ha metido en un lío gordo. Parece que algunos no saben a lo que hay que estar", censuró un miembro de la dirección del grupo.

Los aliados advierten del "escándalo" que eso representa, por mucho que no sea la primera vez

Desde Moncloa confirman que están explorando la fórmula de deshacer su propio entuerto, aunque ya dan por hecho que tendrán que retirar el proyecto de ley en tramitación y que la vía más fácil de corregirse es mediante un decreto ley que vuelva a corregir el tipo impositivo en el 7%. Desde los aliados advierten del "escándalo" que eso representa, por mucho que no sea la primera vez, y la imagen de debilidad extrema que arroja el Gobierno. "Otra chapuza más".

Esta modificación va incluida dentro del proyecto de ley por el que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, que España se ha comprometido a adaptar antes de 2025 si no quiere exponerse a una multa de Bruselas. Fuentes del Gobierno precisan que es suficiente con que Europa tenga claro cuál será el itinerario legislativo, sin que deba aprobarse necesariamente antes del 1 de enero.

Pero la sensación en el Ministerio de Hacienda que dirige María Jesús Montero es de seguir dentro de un túnel negro en todo lo que tiene que ver con la reforma fiscal. Este miércoles, la ministra ha citado a los aliados parlamentarios en el Congreso para intentar aproximar sus posiciones y negociar la continuidad del gravamen a las empresas energéticas, pero parece imposible un acuerdo ya que los socios parten de posiciones antagónicas en materia económica.

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De hecho, el PNV anunció anoche que ni siquiera acudirá a la cita. "No nos sentimos concernidos por las urgencias del Gobierno", insisten los vascos, que tumbarán cualquier intento de prolongar el gravamen sobre las eléctricas que no sea antes concertado con las haciendas forales. Tampoco Junts flexibilizará su postura, ante la presión que ejerce Repsol por la millonaria inversión de su planta en Tarragona.

Ahorro de 400 millones para familias

Según los cálculos del PP, la suspensión de este impuesto supondrá un ahorro estimado de 400 millones para las familias españolas. En el caso de las pymes, el ahorro será de 500 millones, y de 200 millones para grandes industrias.

El grupo popular registró ayer un escrito ante la Mesa de la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico tras la decisión "arbitraria y anti reglamentaria" de su presidenta, la socialista Cristina Narbona, de suspender sine die la comisión, que estaba anunciada para el jueves. "Cada día es más palpable la debilidad de este Gobierno de mayorías coyunturales que debe ir construyendo casi a diario y a cambio de lo que sea", censuran los populares.

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No fue la única derrota para el PSOE. Ayer, Junts y el PNV unieron sus votos al PP y Vox para tumbar en el Congreso una proposición de ley de los socialistas para que las personas mayores de edad puedan expresar de manera anticipada su voluntad sobre los cuidados y el tratamiento asistencial que desean recibir en el final de su vida, las conocidas como instrucciones previas.