Armengol tiene en sus manos el calendario del Congreso para intentar congelar el caso Ábalos

El periodo de sesiones del Congreso acaba el próximo 16 de diciembre y, con él, terminan también las posibilidades del Tribunal Supremo de lograr que la cámara tramite de forma ágil el suplicatorio para investigar a José Luis Ábalos, lo que es imprescindible para que la causa en su contra que está en manos del alto tribunal, avance. El control de los tiempos dependerá de la presidenta Francina Armengol. La socialista aparece salpicada en el procedimiento en el que se han detectado conversaciones con Koldo García para la gestión de contratos en su etapa al frente de Baleares.

El TS ha inaugurado hace solo unos días los primeros compases del procedimiento que arrancará este mismo jueves con la declaración voluntaria de Ábalos a las que seguirán las de su asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama. Sin embargo, si, una vez oído, el alto tribunal decide continuar adelante con sus pesquisas, necesita la aprobación por parte del Congreso de un suplicatorio. Ni la formalización de la imputación del exministro y diputado, ni la práctica de prueba -como la intervención de sus comunicaciones o el registro de sus propiedades- son posibles sin que el parlamento dé su luz verde a las pesquisas.

Todo apunta a que el trámite se alargará varios meses. El periodo de sesiones queda paralizado entre el 16 de diciembre y el 16 de febrero. Según contempla el Reglamento de la cámara parlamentaria, una vez recibido un suplicatorio, es la presidenta Armengol, previo acuerdo adoptado por la Mesa, quien debe remitirlo -en condiciones normales en el plazo de cinco días- a la Comisión del Estatuto de los Diputados.

Es esta comisión la que impulsa la gestión del suplicatorio con la obligación de concluir su trabajo en el plazo máximo de treinta días, después de haber escuchado al afectado, al que se convoca a una audiencia que puede solventarse de forma presencial o por escrito. Concluido el trabajo, la cuestión tiene que ser sometida al primer pleno ordinario de la cámara, como pronto, en la segunda quincena de febrero.

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Según distintos letrados consultados, los plazos están muy justos y será Armengol quien tenga las riendas y la posibilidad de impulsar o ralentizar el trámite. En el caso de que el Supremo tramite su solicitud esta misma semana, la Mesa estaría aún a tiempo de reunirse y adoptar el acuerdo exigido. En caso contrario, el órgano sigue reuniéndose de forma telemática y aproximadamente una vez por semana para abordar los asuntos que puedan darse. "La calificación del suplicatorio podría ser perfectamente uno de ellos", dice una de estas fuentes.

También aclaran que este parón de actividad de dos meses no es un periodo extraordinario, ya que no hay disolución. Por ello, si Armengol recibe un hipotético escrito del Supremo una vez haya acabado el periodo de sesiones, debe remitirlo a la Comisión. Se da la circunstancia de que el presidente de esta es el diputado del PP, Manolo Cobo.

La segunda intervención de Armengol se producirá una vez finalizados los trabajos. En ese punto hay que elevarlo a Pleno y quedará en su mano hacerlo. Los 'populares' disponen de la opción de solicitar la celebración de un pleno de forma extraordinaria si logran reunir a una mayoría absoluta, con la dificultad de lograr sumar a la iniciativa a alguno de los socios del Gobierno.

Denegar suplicatorios

En las últimas semanas, ha empezado, además, a agitarse como especulación las posibilidades de la mayoría del Congreso de denegar directamente suplicatorios. La idea no se relaciona tanto con una petición del TS dirigida a investigar a Ábalos como a otras futuras que afecten a miembros del Gobierno o incluso al presidente Pedro Sánchez. Sobre el papel, esta posibilidad existe, aunque no se ha dado jamás.

El suplicatorio se entenderá denegado si la cámara no se hubiere pronunciado en el plazo de sesenta días naturales, computados durante el periodo de sesiones a partir del día siguiente al del recibo del suplicatorio. También si una mayoría se pronuncia en contra. Hay juristas que consideran, sin embargo, que las cámaras no pueden hacerlo sin más y deben fundamentar la negativa y argumentar de forma sólida que no existe delito. Esta decisión sería recurrible.

El sumario del caso Koldo incluye indicios de irregularidades en la contratación por parte del Gobierno balear, que presidía entonces Francina Armengol, de empresas vinculadas a la trama. La Fiscalía Europea abrió al respecto unas diligencias que han acabado acumuladas al caso en la Audiencia Nacional. Envió al asesor de Ábalos el móvil de su consejera de Salud después de que este le ofreciera contratar a una empresa privada "para realizar pruebas PCR" en plena pandemia. "Vale cariño te mantengo informada de todo [sic]", le agradeció Koldo. Tras ese primer contacto, el Servicio de Salud de Baleares adjudicó al menos dos contratos por 1,1 millones a la empresa para que realizara las pruebas por el procedimiento de negociado sin publicidad. Además, el servicio sanitario público de las islas validó compras de mascarillas por valor de 3,7 millones.