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El PP de Baleares abre la veda y contempla un adelanto electoral tras la ruptura con Vox
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CRISIS EN LAS ISLAS

El PP de Baleares abre la veda y contempla un adelanto electoral tras la ruptura con Vox

Marga Prohens retira el proyecto de presupuestos para 2025 tras romper relaciones con los de Abascal y aliarse con la izquierda para mantener la ley de memoria democrática. La dirigente cuenta con el respaldo del PP balear si decide abrir las urnas

Foto: La presidenta del Govern balear, Marga Prohens. (Europa Press/Eduardo Parra)
La presidenta del Govern balear, Marga Prohens. (Europa Press/Eduardo Parra)
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El tira y afloja entre PP y Vox por la inmigración ha puesto sobre el alambre los presupuestos de seis comunidades autónomas. El órdago de Santiago Abascal, que decretó la semana pasada la suspensión de las negociaciones con los barones del PP, desató un enorme malestar entre los presidentes populares. Muchos ya contemplan una prórroga de las cuentas si los ultraconservadores llevan su amenaza hasta el final, mientras que otros creen que Vox "va de farol" y terminará volviendo a la mesa de negociación. A lo que se niegan de forma rotunda era a valorar un adelanto electoral. Esa vía, sin embargo, sí ha cobrado fuerza en Baleares.

A diferencia de territorios como Castilla y León, Murcia o Aragón, en el ejecutivo liderado por Marga Prohens no quieren cerrar la puerta a una hipotética apertura de urnas tras constatar la imposibilidad de aprobar los presupuestos territoriales por la ruptura manifiesta con Vox. E inciden en que es una vía que "está sobre la mesa" si los de Abascal persisten en el "bloqueo" a otras iniciativas legislativas.

La relación entre PP y Vox en Baleares está en una situación límite. La pugna abierta entre las dos formaciones no sólo trae causa de la cuestión migratoria, sino que existen otros puntos calientes que imposibilitan la búsqueda de acuerdos y que han situado a PP y Vox en posiciones casi irreconciliables. Uno de los grandes inconvenientes que enfrenta a Prohens con los de Abascal es la política lingüística. El PP se niega a eliminar el catalán como lengua vehicular en los centros educativos, una condición que Vox siempre ha situado como indispensable a cambio de sus votos para sacar adelante las cuentas autonómicas.

La sangre llegó al río este martes. El Parlament votaba una proposición de ley de Vox para derogar la ley de memoria democrática, otro de los grandes estandartes de la formación ultraconservadora. El PP tenía la oportunidad de ofrecer un guiño al partido situado a su derecha y apaciguar los ánimos. Pero, finalmente, Marga Prohens ha pactado con la izquierda posponer la votación y mantener, por el momento, la ley de memoria democrática. La dirigente ha anunciado, además, la retirada del proyecto de presupuestos para 2025 tras certificar la ruptura con Vox.

Foto: El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, junto al portavoz del partido en el Congreso, Miguel Tellado. (EFE/Kiko Huesca)

Desde Vox Baleares han estallado contra Prohens por intentar "negociar a la desesperada a dos bandas" sobre la ley de memoria democrática. "Lo que no vamos a admitir es que el PP se siente con Dios y el diablo a la vez", apuntan fuentes de la formación. "Que se aclare primero si quiere ir de la mano de los pupilos del criminal Sánchez o si quiere trabajar con luces y taquígrafos y sin estafar a los ciudadanos de Baleares en el fin de las imposiciones lingüísticas y la libertad", agregan.

Reunión con los alcaldes del PP

La presidenta del Govern convocó este domingo a decenas de alcaldes, portavoces municipales y presidentes de las juntas locales en Campos (Mallorca), su localidad natal, para evaluar la situación política, testar "el sentir de las bases" y "tantear el terreno" respecto a un hipotético adelanto electoral. Según trasladan en el PP balear, Prohens recibió un respaldo cerrado de los dirigentes municipales convocados, que pidieron de forma coral "no ceder al chantaje de Vox".

Las fuentes consultadas aseguran que Prohens llevó consigo encuestas internas que garantizan una "mayoría" del PP sin Vox en caso de forzar una apertura de urnas. La dirigente comprobó que cuenta con el respaldo del partido en caso de decidirse a pulsar el botón nuclear, aunque no es una decisión que se evaluará, dicen, en el corto plazo. "De momento se van a explorar todas las vías posibles", refrendan. Por ese motivo, aún no se ha elevado el asunto a Génova. La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, ya avanzó este lunes que su partido no tendría "problema" en acudir a las urnas, aunque tachó el órdago del PP de "comedia sobreactuada".

En la dirección nacional del PP no se han posicionado sobre el caso de Baleares pero, hasta el momento, la cúpula aleja de forma general el adelanto electoral en los territorios donde dependen de Vox. Los barones del PP en Castilla y León, Murcia y Aragón también rechazan por completo ese escenario y están dispuestos a agotar la legislatura pese a las trabas de los de Abascal. "Si no hay presupuestos, tampoco habrá elecciones", resumían. La Comunidad Valenciana respira porque, pese al posible bloqueo de Vox, el PSOE se ofreció a votar a favor de unos presupuestos centrados en la reconstrucción tras la DANA. En Extremadura, donde las negociaciones iban bien encaminadas, esperan que los ultraconservadores recapaciten.

El particular caso de Baleares

La relación entre PP y Vox en Baleares ha sido tormentosa desde el principio. Las dos fuerzas han protagonizado sonoros enfrentamientos pese a la escasa vida de su alianza política, que se fraguó en verano de 2023 y saltó por los aires un año después, cuando Santiago Abascal decretó desde Madrid la ruptura de los acuerdos territoriales con el PP. No sólo la política lingüística y la inmigración les ha enemistado, sino también asuntos como el hecho de que la bandera LGTBI ondease en el Parlamento con motivo de las fiestas del Orgullo; o el choque por la decisión del PP de bloquear la iniciativa de permitir la entrada de menores de 16 años a los toros.

A todo ello hay que sumar la crisis por la que Vox ha atravesado en Baleares. Los de Abascal conservan seis de los ocho parlamentarios que lograron en las elecciones autonómicas por las fracturas internas —dos de ellos, Xisco Cardona y Agustín Buades, pasaron al grupo de no adscritos—, pero siguen siendo suficientes como para condicionar la viabilidad presupuestaria de 2025.

Pese a las continuas disputas, la tensión entre PP y Vox escaló especialmente hace dos semanas. Los populares aprobaron por error una batería de enmiendas que Vox registró en una ley autonómica de simplificación administrativa, y que incluían la eliminación del catalán de la función pública. Los populares pidieron al presidente del Parlament, el polémico Gabriel Le Senne (Vox), que repitiese la votación por "fairplay parlamentario", a lo que los ultraconservadores se negaron. Prohens maniobró anunciando un decreto para eliminar dichas enmiendas, y Vox contraatacó.

Foto: El diputado de Vox Gabriel Le Senne. (EFE/Cati Cladera)

El 3 de diciembre, un día antes de que Abascal anunciase la suspensión global de las negociaciones con el PP, el partido asestó otro golpe al Govern balear bloqueando la ley presupuestaria en el paso previo a su votación plenaria. Lejos de reconducirse, la situación está más enconada que nunca. Aunque nunca firmó un acuerdo de coalición con Vox, Prohens suscribió en verano de 2023 un pacto programático que también quedó en suspenso tras la ruptura decretada el pasado mes de julio por la dirección nacional de Vox.

El tira y afloja entre PP y Vox por la inmigración ha puesto sobre el alambre los presupuestos de seis comunidades autónomas. El órdago de Santiago Abascal, que decretó la semana pasada la suspensión de las negociaciones con los barones del PP, desató un enorme malestar entre los presidentes populares. Muchos ya contemplan una prórroga de las cuentas si los ultraconservadores llevan su amenaza hasta el final, mientras que otros creen que Vox "va de farol" y terminará volviendo a la mesa de negociación. A lo que se niegan de forma rotunda era a valorar un adelanto electoral. Esa vía, sin embargo, sí ha cobrado fuerza en Baleares.

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