El novio de Ayuso acusa a la Abogacía de intentar reescribir "el objetivo de la investigación"

El novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, ha remitido al Tribunal Supremo un escrito en el que acusa a la Abogacía del Estado de intentar cambiar "el ámbito temporal y el objetivo de la investigación" que se sigue contra el fiscal general, Álvaro García Ortiz. Su defensa responde así a la petición de los servicios jurídicos del Estado de anular el registro de los despachos de García Ortiz y de la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, por un presunto delito de revelación de secretos contra González Amador.

La Abogacía, que defiende en el procedimiento al máximo representante de la Fiscalía, solicitó en noviembre el borrado de todo el material incautado durante estos registros al considerar que la iniciativa del juez había estado repleta de “defectos”, suponía una “notoria desproporción” y vulneraba varios “derechos fundamentales”. Su escrito centraba el objeto de la causa en el "periodo comprendido entre las 22 horas del martes 13 de marzo de 2024 y las 10:20 horas del miércoles 14 de marzo de 2024", pero la defensa de González Amador tacha ese marco temporal de "invento" y recuerda que el arranque de las filtraciones tuvo lugar una semana antes.

El novio de Díaz Ayuso destaca para ello que los propios mensajes de la fiscal jefe provincial de Madrid revelan que el 7 de marzo ya había enviado las diligencias que se seguían contra él a Diego Villafañe, actual teniente fiscal de la secretaría técnica y antiguo número dos de García Ortiz en este departamento. En esas mismas conversaciones, Rodríguez apuntaba además a la Fiscalía General del Estado como el origen de la posterior filtración a la prensa, a lo que se sumaba otro wasap que ella misma envió a García Ortiz el 8 de marzo: "Hola, jefe. A tu disposición".

Al no hacer mención a lo ocurrido esos días, González Amador denuncia que la Abogacía está intentando dejar fuera de la investigación parte de las filtraciones y, en concreto, las primeras gestiones realizadas por "el equipo Fortuny", que es el nombre de la calle en la que se encuentra la sede de la Fiscalía General. Según remarca, la primera noticia sobre la investigación que se sigue contra él por fraude fiscal no se produjo la noche del 13 de marzo, sino un día antes: "La pareja de Ayuso defraudó 350.951 euros a Hacienda con una trama de facturas falsas y empresas pantalla", publicó Eldiario.es a las 6:01 del día 12.

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Para anular los registros, la Abogacía General del Estado incidía además en que en el material incautado a García Ortiz "hay información que puede comprometer la seguridad del Estado", pero el novio de Díaz Ayuso no pasa por alto que el propio magistrado ponía límites en su auto: "La autorización de recabo de datos se limitará exclusivamente al examen de aquellos correos electrónicos y mensajes que puedan extraerse de la memoria física o virtual de los dispositivos que pudieran tener una relación directa con los hechos objeto de concreta investigación en la presente causa", señalaba el juez en sus resoluciones.

En la misma línea, la defensa de González Amador argumenta que estos registros resultaban necesarios por la actitud que García Ortiz y Rodríguez han mostrado a lo largo de la investigación. "Operar desde esa mutación del objeto de la instrucción y del contenido del sumario como propone la Abogacía del Estado es, evidentemente, inasumible, como también hacerlo al margen (...) de la actuación procesal de mentira continuada, absoluta falta de colaboración con la actividad instructora y de activa obstaculización de la misma protagonizada por María Pilar Rodríguez Fernández y Álvaro García Ortiz", critica en su escrito.

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En el caso del fiscal general, el novio de Díaz Ayuso extiende además esa actitud obstaculizadora al hecho de que se mantenga como superior jerárquico de la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María de los Ángeles Sánchez Conde, quien es la representante del Ministerio Público en el procedimiento que se sigue contra él. Según destaca González Amador en su escrito, Sánchez Conde no ha hecho más que recurrir distintas resoluciones del magistrado, pero el pasado 29 de noviembre, cuando el exsecretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, compareció como testigo, no hizo pregunta alguna sobre la posible intervención de Moncloa en las filtraciones.