Reale financió el máster de Begoña con un código ético que prohibía las "contribuciones políticas"

Reale Seguros financió el máster de Begoña Gómez pese a contar con un código ético que le prohibía realizar "contribuciones de ningún tipo a partidos políticos ni a candidatos a las elecciones", así como "conductas que puedan hacer pensar en una intención de influir en las decisiones de la contraparte o, peor aún, que se quiere obtener un trato de favor". El convenio que Reale firmó en octubre de 2020 con la Universidad Complutense de Madrid, al que ha tenido acceso El Confidencial, hacía referencia a este reglamento interno a la hora de justificar la entrega de 60.000 euros a la cátedra de Transformación Social Competitiva de la mujer de Pedro Sánchez.

El consejero delegado de Reale, Ignacio Mariscal, ya explicó el pasado agosto ante el juez que fue un amigo del presidente que trabaja como corredor de seguros, David Sanza, quien le pidió que se reuniera con Gómez para financiar su máster: "Me llama para decirme: 'Ignacio, si no te importa, ¿podrías recibir a Begoña Gómez, que tiene un proyecto en la Complutense?". El juez le preguntó si era consciente de que se trataba de la mujer de Sánchez y si ese año Reale había financiado algún otro máster similar. Mariscal respondió que sí a la primera pregunta, pero de forma negativa a la segunda: "De estas características, con universidades públicas, ninguna".

El corredor de seguros que hizo de intermediario, David Sanza, es amigo de Sánchez desde su época de instituto en el Ramiro de Maeztu y su equipo de baloncesto, El Estudiantes. Al advertir esa cercanía con el presidente, las acusaciones pidieron la citación de Sanza como testigo, pero el juez aún no ha atendido su solicitud.

Como desveló El Confidencial, Reale fue la principal fuente de financiación de su máster junto a la Fundación La Caixa, que se comprometió al pago de otros 60.000 euros. El convenio que ambas empresas firmaron advertía además de que los pagos se realizarían "sin perjuicio de que puedan aprobarse otras fuentes de financiación adicional". El pasado febrero, Gómez trató de reactivar esa financiación a través de María Cristina Álvarez, una mujer que entró en Presidencia del Gobierno en julio de 2018 con el puesto de directora de programas, pero que, como también desveló este diario, ejerció como secretaria personal de la pareja del líder socialista desde el primer día.

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"Me dice Begoña que te traslade que le encantaría que sigáis como Patronos de la Cátedra, aunque sea con una cantidad inferior. Dispuestos a colaborar con vosotros en lo que necesitéis", escribió esta asesora de Moncloa a una directiva de Reale el pasado 8 de febrero, cuando el convenio inicial ya había llegado a su fin. El sumario también incluye mensajes que Álvarez envió a Reale en años anteriores, para lo que llegó a utilizar su correo de Presidencia y firmó como directora de programas de la institución.

El código ético de Reale

La referencia al mencionado reglamento de Reale se incluía en la octava cláusula del convenio, bajo el título de "responsabilidad penal y código ético". Tanto esta compañía como la Fundación La Caixa y la Complutense se comprometían con ella a "adoptar, en el ámbito de sus respectivas actividades y autonomía, todas las medidas oportunas para prevenir la comisión de delitos o actos ilícitos". Según apuntaban, esto incluía "el establecimiento de protocolos internos de prevención de riesgos penales encaminados a la prevención de la comisión de delitos, especialmente aquellos tipificados con responsabilidad para las personas jurídicas".

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La cláusula destacaba a su vez que las partes manifestaban "expresamente conocer y respetar el contenido de sus respectivos códigos éticos y/o normas de transparencia", para lo que se incluía un link al reglamento de Reale. Este código se alargaba 18 páginas y contaba con un apartado sobre las "relaciones institucionales" que apuntaba a la ya mencionada prohibición de "contribuciones de ningún tipo a partidos políticos" y de conductas que "puedan hacer pensar en una intención de influir", así como "cualquier forma indebida de presión a los representantes públicos": "En la relación con representantes de entidades y administraciones públicas, de organismos de vigilancia y de organizaciones políticas y sindicales, Reale Group mantiene una conducta que se basa en los principios de corrección, profesionalidad e imparcialidad", advertía.

Cuatro años después de firmarse el convenio que incluía este código, Gómez está imputada por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional. Entre los investigados también figura el rector de la Complutense, Joaquín Goyache, mientras que el consejero delegado de Reale, Ignacio Mariscal, y el subdirector general de la Fundación la Caixa, Marc Simón Martínez, han comparecido ya como testigos. Para aclarar hasta qué punto Gómez se valió de su posición como mujer del presidente, el juez también ha citado a testificar el próximo 20 de diciembre a la asesora que Moncloa, que ejercía como su secretaria personal.