España deja libre a un exbanquero británico buscado por Interpol por una estafa millonaria

España ha dejado en libertad y sin medidas cautelares a un ciudadano nacido en Azerbaiyán, pero con nacionalidad y pasaporte británico. De 58 años de edad, fue detenido en Málaga el pasado febrero. Pesaba sobre él una orden internacional de detención y una alerta roja de Interpol. Las autoridades azeríes le reclaman por estafa. Le acusan de haber generado un agujero de 1,5 dólares en un banco de su país tras una serie de préstamos no devueltos. La Audiencia Nacional considera que los hechos han prescrito y ha denegado su entrega con el visto bueno de la Fiscalía.

Azerbaiyán dio cuenta de que este individuo abandonó ese país el 9 de junio de 2022 en vuelo que salió de Bakú hacia Moscú. Se sospechaba que pudiese estar en Turquía, Rusia o Reino Unido. Sin embargo, fue detenido en España a principios de este año y pasó a disposición del Juzgado central de Instrucción número Uno de la Audiencia Nacional que dirige el magistrado Francisco de Jorge. El 21 de mayo de 2024 se celebró la primera comparecencia sobre su extradición y el banquero se opuso a su entrega. Se le acusa de haber estafado con préstamos bancarios que solicitó cuando gestionaba tres empresas en Azerbaiyán.

En junio de 2009 solicitó al Turan Bank un préstamo para financiar sus actividades comerciales, aumentar el volumen de ventas y comprar los productos y equipos necesarios para la red de tiendas pertenecientes a sus empresas. Se ganó la confianza del banco y prometió pagar la deuda a tiempo. Así, en nombre de una de las empresas recibió 625.000 dólares en virtud de un contrato de préstamo de doce meses con un tipo de interés anual del 22% y 587.000 dólares en virtud de un contrato de préstamo de seis meses con un tipo de interés anual del 22% con fecha del 25 de diciembre de 2009.

Posteriormente, en nombre de otra empresa, recibió 986.800 dólares mediante contrato de préstamo de fecha de agosto de 2009 por un período de 18 meses con una tasa de interés anual del 20% y 500.000 dólares mediante contrato de préstamo de diciembre de 2009 por un período de seis meses con una tasa de interés anual del 22%.

No pagó la deuda

Más tarde, por evadir los pagos periódicos del préstamo al Turan Bank, creó la impresión de que sus empresas enfrentaban dificultades financieras y no podían pagar la deuda del banco. Pudo convencer a los funcionarios del Turan Bank de transferir el préstamo. El 24 de junio de 2011, el banco le firmó un nuevo contrato y pudo recibir 473.200 dólares adicionales durante 60 meses con un tipo de interés anual del 8%. De todos los préstamos recibidos, sólo pagó 271.436 dólares; los 1.425.885 dólares restantes no los pagó.

Por este motivo le acusan de apropiarse fraudulentamente del dinero del banco mediante abuso de confianza y engaño, lo que causó graves daños financieros al banco que se vio afectado en su reputación y su estabilidad.

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José María Olmo Alejandro Requeijo

Este verano, el juez De Jorge elevó la cuestión a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para que tomara una decisión. Los jueces contaban con el criterio de la Fiscalía, que se opuso a la extradición. A juicio del fiscal Pedro Martínez Torrijos, los hechos de los que se le acusa al banquero han prescrito y no se da el caso de la doble incriminación, es decir, que los hechos de los que se le acusa en Azerbaiyán no serían motivo de condena en España.

Desde su arresto, este empresario y ex banquero estaba en libertad provisional con medidas cautelares. Tenía que firmar periódicamente en un juzgado y se le había retirado el pasaporte. La vista definitiva se celebró el 19 de septiembre y el juez ponente de la resolución fue Jesús Eduardo Gutiérrez Gómez. A su juicio, no se da el caso de una persecución política contra el banquero y considera que los hechos por los que se le acusa en Azerbaiyán, en España sí podrían ser constitutivos de un delito de estafa agravada. No obstante, la Sala de lo Penal sí coincide en que los hechos ya están prescritos.

La fecha de referencia se remontan al año 2011, cuando se le concedió el último préstamo no devuelto. El auto al que ha tenido acceso El Confidencial calcula que por los hechos denunciados se le podría condenar con un máximo de ocho años y en esos casos la prescripción son diez años. De ese modo, el plazo para poder actuar contra este individuo expiró en 2021. Fijado este criterio, la Audiencia Nacional rechazó entrar a valorar el resto de argumentos esgrimidos por su abogado Juan Gonzalo Ospina. A preguntas de este periódico, el letrado ha rechazado hacer declaraciones sobre el paradero de su cliente.