Indra, controlada por la SEPI, admite que gastó 155.000 euros en el 'software' de Begoña Gómez

Indra, la multinacional controlada por el Gobierno, gastó 155.415,27 euros en el software del máster de Begoña Gómez. Así lo reconoce la compañía al juez Juan Carlos Peinado en un escrito recogido por la Guardia Civil y al que ha accedido El Confidencial. La empresa admite que esta labor y estos gastos tuvieron un "carácter gratuito" para la Universidad Complutense.

La Asesoría Jurídica de Indra asegura que no hubo contraprestación alguna por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. En concreto, subraya que ni Indra Business Consulting ni ninguna otra compañía de Indra han disfrutado de "beneficios o deducciones fiscales por dichos trabajos"

Indra reconoce ante el juez un gasto que duplica el que en su día admitió a este periódico, que informó en exclusiva de su colaboración y la de otras dos multinacionales (Google y Telefónica) en el desarrollo de una plataforma para el máster de Begoña Gómez. La empresa, participada por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), enmarca este desarrollo en el marco de su colaboración "altruista con distintas universidades".

Indra Business Consulting inicia su colaboración con la Cátedra para la Transformación Social Competitiva (TSC) que dirigía Begoña Gómez en agosto de 2022. Una adenda al convenio por el que se creó la cátedra establece su colaboración en el desarrollo de una herramienta tecnológica para empresas denominada 'Plataforma de Medición de Impacto Recurrente' para su entrega a la Universidad con "carácter gratuito".

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Para efectuar dicho trabajo, Indra contó con una empresa de su grupo, Flat 101. Sus trabajos consistieron en desarrollar "para su uso principalmente por pequeñas y medianas empresas, un módulo de valoración de su desempeño en el ámbito del impacto social y otro módulo de recomendación de actuaciones para mejorar esa valoración (rating)". Los trabajos se completaron en 2022 sin que Indra Business Consulting ni otras compañías del grupo participasen "en el despliegue de la primera versión de la plataforma ni en ulteriores desarrollos del producto".

Los gastos por este trabajo figuran en 5 facturas, la primera del 31 de agosto de 2022 y la última del 22 de diciembre del mismo año. La existencia de un posible conflicto de interés fue clave en la retirada de esta empresa. Cabe recordar que en febrero de 2022, el Consejo de Ministros aprobó elevar la participación de la SEPI del Ministerio de Hacienda en Indra del 18% al 28%. En total, Indra se gastó 155.415,27 euros.

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Para desarrollar la segunda fase del proyecto, la Universidad Complutense adjudicó a dedo el mismo mes de diciembre de 2022 un contrato menor a Deloitte por 14.999 euros, que se oficializó en marzo de 2023. En otoño de 2023, la mujer del presidente del Gobierno firmó los pliegos de otra adjudicación relacionada con el software que se adjudicó también a Deloitte por 60.500 euros. El presunto registro de este software a nombre de Begoña Gómez en lugar de la Universidad Complutense se investiga como presunto delito de apropiación indebida.

Utilización de una asesora de Moncloa

El próximo 20 de diciembre deberá declarar ante el juez de instrucción Juan Carlos Peinado la asesora con la que contaba la mujer del presidente para gestiones relacionadas con su cátedra. Se trata de María Cristina Álvarez, que se negó a declarar hace una semana en la Comisión de investigación del Senado.

Álvarez llegó a remitir un correo electrónico el pasado 8 de febrero a una directiva de Reale Seguros para solicitar su continuidad como patrocinador: "PD: Me dice Begoña que te traslade que le encantaría que sigáis como Patronos de la Cátedra, aunque sea con una cantidad inferior. Dispuestos a colaborar con vosotros en lo que necesitéis". El Confidencial desveló que Gómez utilizó a esta asesora para reclamar a las compañías los pagos a su máster. Actos que de acuerdo a las acusaciones populares podrían suponer un presunto delito de malversación de fondos públicos.