Europa clama contra el 'Gran Hermano' hotelero e Interior se enroca: "Avisamos con tiempo"

El registro de viajeros impuesto por el Ministerio del Interior al sector turístico español ya ha sido bautizado como 'Gran Hermano'. Allende nuestras fronteras lo han bautizado así y como el legislador ateniense Dracon, cuyas severas normas dieron origen al término draconiano. La guerra está servida entre el sector turístico y el Ministerio del Interior. Desde la Mesa del Turismo se denuncia que los hoteles y agencias de viajes se convierten con este Real Decreto en una suerte de agentes 007 que preguntan hasta por la relación sentimental de los huéspedes. En cambio, fuentes del Ministerio de Fernando Grande-Marlaska afirman que se está exagerando con el tema -"solo se piden dos datos más que antes"-, que "se avisó con tiempo al sector" y que seguirán adelante con la normativa pese a las críticas.

Los turistas británicos son los más numerosos en nuestro país y también los que más gastan. En 2023 acudieron más de 17 millones de ingleses a hacer turismo en España (el 20% del total de turistas) y gastaron alrededor de 19.000 millones de euros. En el Reino Unido, la noticia del nuevo sistema de registro de viajeros en hoteles, campings, pensiones, agencias de viajes y compañías de alquiler de vehículos -donde deberán aportar datos como su teléfono, móvil, cuenta bancaria y parentesco con el menor que les acompañe- ha generado notables críticas.

El clúster de Asociaciones Europeas de Agencias de Viajes y Turoperadores (ECTAA) ha emitido un comunicado donde alerta de la situación: "Es fundamental concienciar al público y a los viajeros sobre la gravedad de esta normativa, ya que serán las principales víctimas de su aplicación". Critican que "el alcance de los datos solicitados es excesivo y podría violar la normativa de protección de datos". Desde ECTAA critican también que el Gobierno haya ignorado una PNL aprobada en el Congreso de los Diputados donde se solicitaba reanudar las conversaciones con el sector y el voto mayoritario del Senado en contra de esta norma.

"La imposición de estas nuevas obligaciones no solo supone una grave amenaza para la privacidad de los datos personales, ya que obliga a las agencias de viajes, alojamientos turísticos y alquileres de coches a recabar y transmitir al Ministerio del Interior información altamente sensible, como datos financieros, relaciones con viajeros e incluso patrones de viaje durante tres años, sino que también expone a los ciudadanos a potenciales riesgos de mal uso de su información en caso de ciberataques, lo que convierte a los viajeros en las principales víctimas de la potencial exposición de sus datos sensibles, ya que esta normativa no tiene precedentes en ningún otro país de la Unión Europea", concluyen.

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Desde el Ministerio del Interior se argumenta que el sector conoce el Real Decreto desde el 2021 y que se han otorgado hasta tres moratorias para su implantación. "Han tenido tiempo para prepararse", aducen. Explican que este "registro es un instrumento policial de prevención y lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, dos fenómenos en cuyos modus operandi la logística del alojamiento y la adquisición o uso de vehículos a motor es un factor determinante".

Según explican desde Interior, el registro de pernoctaciones hoteleras fue creado mediante decreto de agosto de 1959, hace 65 años, mientras que el decreto sobre el control de la actividad de alquiler de vehículos data de 1974. Consideran que son "dos regulaciones obsoletas porque no recogen las nuevas modalidades de negocio en ambos sectores y desaprovechan las posibilidades que ofrecen las modernas tecnologías de la comunicación".

La tecnología a la que se refiere el Ministerio es una aplicación a través de la cual las empresas hoteleras y de alquiler de vehículos incluyan los datos de los huéspedes. "El nuevo registro supone una modernización del mecanismo hasta ahora vigente, basado en los libros-registro que debían mantener los propios establecimientos hoteleros", afirman. No obstante, el primer día de entrada en vigor de la norma la plataforma ha colapsado. El 2 de diciembre (cuando entró en vigor el RD) se recibieron más de 100.000 comunicaciones con datos de usuarios.

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Interior apuntan que en los próximos días se someterá a consulta del sector la orden ministerial que regulará "el proceso para lograr que todas las empresas hoteleras y de alquiler de vehículos faciliten al registro el conjunto de datos fijado en el real decreto 933/2021". Algo que desconcierta al sector turístico. "Si el Real Decreto no funciona, ¿por qué hacen que entre en vigor y luego legislan otra Orden ministerial complementaria?", apunta Carlos Abella, secretario general de la Mesa del Turismo.

El sector califica de "imposible" el cumplimiento

Abella lamenta que el Gobierno no haya atendido "las peticiones del sector turístico" en la elaboración de este decreto. "Estamos cien por cien de acuerdo en colaborar con la seguridad y la lucha contra el terrorismo. Pero en contra de un RD que se promulga con un desconocimiento total del turismo y sin escuchar al sector", subraya.

Denuncia que pese a las reuniones que se han entablado con el Ministerio no se ha recogido lo consensuado en el RD final. Por ejemplo, se acordó excluir de este registro de datos al segmento MICE (congresos anuales, reuniones, cursos... celebrados en entidades hoteleras), una excepción que no recoge la norma. Por otra parte, señalan que la "carga burocrática" es inasumible para los pequeños operadores. "Estamos hablando de datos sensibles como cuentas bancarias que solo tienen las entidades financieras. Con este decreto, se obliga a un camping a conservar esta información durante tres años. ¿Bajo qué condiciones de seguridad? No tiene sentido".

El secretario general de la Mesa del Turismo considera que esta medida tendrá un impacto en el turismo. "Es una pérdida de competitividad brutal. Mercados como el británico o el alemán son sensibles a facilitar datos como el número de cuenta". Esgrime que la "ley es de imposible cumplimiento" en puntos como la organización de Congresos en hoteles. "El organizador del congreso debería dar los datos de todas las personas asistentes. Algo que impide la ley de protección de datos. Por tanto, cada asistente debería llamar para transmitirlos individualmente. En actos grandes es un sinsentido", concluye.