Aldama extiende las sospechas sobre 128 contratos públicos valorados en 54 millones
Asegura que la mayoría de esos contratos, adjudicados durante cuatro años, fueron otorgados a tres empresas relacionadas con Koldo García Izaguirre
Víctor de Aldama ha ampliado su confesión en un escrito ante el Tribunal Supremo en el que extiende las sospecha sobre nada menos que 128 contratos públicos adjudicados a determinadas constructoras. La suma total de estas adjudicaciones, realizadas entre 2018 y 2021, asciende a un total de 54 millones de euros y, según asegura, la mayoría fueron otorgadas a tres empresas relacionadas con Koldo García Izaguirre. Precisa que la mayoría de las pruebas están contenidas en su móvil, en poder de la UCO y que los wasaps del teléfono corroborarán sus acusaciones. Se ofrece ante el juez a desencriptarlo.
El conseguidor señala en concreto a Obras Públicas y Regadíos SA (OPR), Áridos Anfersa SL y Levantina, Ingeniería y Construcción SL y detalla los vínculos de estas compañías con el entorno más cercano a José Luis Ábalos y al propio PSOE. Según su relato, muchas de las pruebas de estas licitaciones se encuentran ya en poder de la UCO que cuenta incluso con un informe de la Agencia Tributaria en el que se analizan las adjudicaciones.
El escrito que firma su abogado José Antonio Choclán asegura que OPR tenía relación con el Gobierno socialista de Andalucía. En concreto, detalla que su máximo dirigente, Daniel Fernández Menéndez y su hermano Antonio (Toño) que ocupaba el puesto de gerente y apoderado y fue coordinador de la Delegación del Gobierno en Andalucía en octubre de 2022. Ambos reclamaron a Koldo García "que ejerciera su influencia sobre el presidente de Adif, don Ángel Contreras, para que su constructora ganara el contrato de una obra de emergencia para el tramo Monforte de Lemos-Lugo.
Respecto a Áridos Anfersa SL y Áridos Anfersa SL, el escrito señala que Francisco Coca Sánchez contrató a un familiar directo de Koldo para la empresa. Confirma así las sospechas de la UCO que ya había destacado en uno de sus informes que don José Luis Ábalos, su asesor entonces y el empresario se hospedaron en el Parador de Granada en la misma fecha. El interés de la empresa en aquel momento era conseguir la obra para la puesta en servicio de la Autovía GR-43 en el tramo Pinos Puente-Atarfe.
En cuanto a Levantina, Ingeniería y Construcción SL. otra de las adjudicatarias estrella a lo largo de cuatro años, el escrito asegura que los responsables de estas compañías fueron avistados con Koldo García por los agentes de la UCO durante los seguimientos. La sociedad, dominada José Ruz Martínez, "obtuvo habitualmente de la Dirección General de Carreteras la adjudicación de contratos públicos que ascendieron a un importe de 128 millones de euros (Tres adjudicaciones, una de 80 millones de euros, otra de 8 millones y una última de 20 millones).
La UCO detectó hace meses la pista de la obra pública, como adelantó en su momento El Confidencial. La tesis de los investigadores y de la Fiscalía Anticorrupción siempre fue que las mordidas cobradas por el ministro y su entorno no se limitaron a las mascarillas o la concesión de favores a la trama secundaria de los hidrocarburos. Según la declaración de Aldama, los pagos a Ábalos y Koldo rozaron el millón de euros y arrancaron desde la llegada del exministro a Fomento.
Otras empresas
El escrito de 37 páginas que firma Choclán apunta, además, a favores desde Fomento a otra serie de empresas. Entre ellas se incluye Civis Global que, como también adelantó El Confidencial y confirma ahora Aldama, fue la constructora que "motivó el desencuentro con Santos Cerdán, y que concluyó con el abono a éste de la suma de 15.000 euros, que refirió".
Apunta también a la sociedad ASCH, que resultó adjudicataria de obra pública en el periodo de gestión de Ábalos, fundamentalmente por ADIF. El escrito precisa que Ábalos determinaba "junto a doña Isabel Pardo de Vera, Presidenta de ADIF, las obras que podían adjudicarse a ASCH y otras constructoras". Por ejemplo, la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento adjudicó a Lantania y ASCH, en UTE, la ampliación a un tercer carril de la Autovía de la Plata A-66 en Asturias y la remodelación de los enlaces en el tramo entre Lugones y Matalablima. Es una de las obras que en el cuaderno aportado aparece señalada en rosa.
Como complemento a estas adjudicaciones, el conseguidor de la trama acaba de aportar al Tribunal Supremo documentación en la que identifica una decena de grandes obras adjudicadas por el Ministerio de Fomento en la etapa de José Luis Ábalos y cuya licitación -preraprobada por el exministro- relaciona con el pago de mordidas al socialista.
Víctor de Aldama ha ampliado su confesión en un escrito ante el Tribunal Supremo en el que extiende las sospecha sobre nada menos que 128 contratos públicos adjudicados a determinadas constructoras. La suma total de estas adjudicaciones, realizadas entre 2018 y 2021, asciende a un total de 54 millones de euros y, según asegura, la mayoría fueron otorgadas a tres empresas relacionadas con Koldo García Izaguirre. Precisa que la mayoría de las pruebas están contenidas en su móvil, en poder de la UCO y que los wasaps del teléfono corroborarán sus acusaciones. Se ofrece ante el juez a desencriptarlo.
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