Lobato implica a Moncloa ante el juez y confirma que recibió el correo sobre el novio de Ayuso
La causa que conduce el Tribunal Supremo afectaba exclusivamente hasta el momento al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y la jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez
El exsecretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, ha asegurado este viernes ante el Tribunal Supremo que una alto cargo de Moncloa le filtró un correo electrónico que la defensa de la pareja de Isabel Díaz Ayuso había enviado a la Fiscalía, pero en ningún momento le aclaró cómo había obtenido el mismo. La causa afectaba exclusivamente hasta el momento al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y la jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, pero Lobato ha extendido ahora la sospecha de la comisión de un delito de revelación de secretos al propio Ejecutivo. El socialista ha entregado además las actas notariales con los mensajes que se cruzó con esta alto cargo, a las que ha tenido acceso El Confidencial.
Lobato ha detallado ante el instructor la sucesión de hechos sucedidos durante la mañana del 14 de marzo, el día clave en la difusión de los emails en los que el abogado de Alberto González Amador trataba de cerrar un pacto de conformidad con la Fiscalía que le evitara la cárcel ante su imputación por dos delitos fiscales. El exsecretario general del PSM ha acudido como testigo y, por tanto, con obligación de decir verdad.
Como explicó en distintas declaraciones después de que el diario ABC desvelara que acudió a una notaría coincidiendo con el registro al despacho de García Ortiz, su intención fue la de asegurar la conversación que mantuvo con la directora de gabinete de Óscar López, Pilar Sánchez Acera, por si fuera necesario "acreditar" lo sucedido en un procedimiento judicial. La secuencia de lo sucedido aquella mañana indica que la asesora del ahora ministro y entonces jefe de gabinete de Pedro Sánchez le contactó a primera hora del 14 de marzo para remitirle el correo reservado con intención de que lo sacara durante el pleno que se celebraba aquel día en la Asamblea de Madrid.
Fuentes jurídicas explican que Lobato ha confirmado ante el juez que Sánchez Acera le envió una imagen del correo aquella mañana y que, pese a sus preguntas sobre la procedencia del mismo, eludió darle una respuesta clara. También ha señalado que la imagen en cuestión no incluía la marca de agua de ningún medio de comunicación, lo que en principio descarta que Moncloa lo obtuviera de algún periodista. La sospecha de que podía haber sido filtrado por la Fiscalía llevó entonces a Lobato a no utilizarlo, lo que meses después ha desembocado en su dimisión como secretario general del PSOE de Madrid y en su citación ante el Supremo. Las fuentes consultadas han precisado que tras su testifical se abre ahora la posibilidad de que Pilar Sánchez tenga que acudir como imputada.
En la comparecencia, estuvieron presentes el juez, la Fiscalía y la Abogacía del Estado y las acusaciones popular que ejercen Manos Limpias, el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) y la Fundación Foro Libertad y Alternativa.
El socialista recién dimitido llegó al Supremo solo y unos minutos antes de la hora de la citación. Portaba en la mano una carpeta blanca con el logo de su partido. Previsiblemente, el portafolios contenía las manifestaciones notariales que le reclamó el juez. Pese a su dimisión, mantiene el escaño. Acudió consciente de que se arriesgaba a acabar como investigado, pero finalmente ha mantenido su condición de testigo.
El exsecretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, ha asegurado este viernes ante el Tribunal Supremo que una alto cargo de Moncloa le filtró un correo electrónico que la defensa de la pareja de Isabel Díaz Ayuso había enviado a la Fiscalía, pero en ningún momento le aclaró cómo había obtenido el mismo. La causa afectaba exclusivamente hasta el momento al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y la jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, pero Lobato ha extendido ahora la sospecha de la comisión de un delito de revelación de secretos al propio Ejecutivo. El socialista ha entregado además las actas notariales con los mensajes que se cruzó con esta alto cargo, a las que ha tenido acceso El Confidencial.