Transparencia obliga al Gobierno a informar sobre las reuniones con Aldama en Moncloa

Víctor de Aldama ha pasado de ser alguien digno de condecoración para el Gobierno (medalla al mérito de la Guardia Civil por su colaboración en la lucha antiterrorista), al pequeño Nicolás. Es la delgada línea que separa al amigo del enemigo en Moncloa. El cuartel general de Pedro Sánchez se negó a responder a una solicitud de Transparencia sobre las visitas de Aldama a la Moncloa. Presidencia optó por inadmitir a trámite la petición informativa. Sin embargo, el Consejo de Transparencia ya resolvió en un caso similar en contra del criterio del Gobierno, alegando que las visitas al Palacio de la Moncloa tienen la consideración de "información pública". Por tanto, el Ejecutivo estaría obligado a dar una respuesta en el caso de Aldama.

El Confidencial ha accedido a la resolución de este organismo público de septiembre de 2024 donde concluye que el Gobierno está obligado a facilitar dicha información cuando se le solicite en cumplimiento con la Ley de Transparencia. El Consejo de Transparencia atendía una solicitud de información de abril de 2024 donde se pedía al Ejecutivo que comunicase los encuentros mantenidos entre el presidente del Gobierno y el empresario Carlos Barrabés a instancias de Begoña Gómez: "Solicito la relación de encuentros oficiales mantenidos en el Palacio de la Moncloa entre el presidente y el empresario -Carlos Barrabés- motivo de tales encuentros y relación de personas que acudieron a los mismos".

El modus operandi del Gobierno de Sánchez en aquella ocasión fue mantener el silencio absoluto. Ni siquiera la reclamación de Transparencia a la Secretaría General de Presidencia del Gobierno para que remitiera la "copia completa del expediente derivado de la solicitud de acceso a la información y el informe con las alegaciones que considere pertinentes" despertó reacción alguna en Moncloa.

Una estrategia que permitió al equipo de Sánchez ganar tiempo, dado que faltaban varios meses hasta que Carlos Barrabés declarase ante el juez Juan Carlos Peinado como imputado en el caso Begoña Gómez. Gracias a esta jugada, Presidencia consiguió posponer la resolución de Transparencia durante cinco meses.

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Borja Negrete

El empresario Barrabés acabaría reconociendo en sede judicial que mantuvo dos reuniones en Moncloa con Begoña Gómez y la presencia de Pedro Sánchez. Encuentros que coinciden en el tiempo con las cartas de apoyo de la mujer del presidente que investiga el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid. Unas misivas que le permitirían acceder a más de 10 millones de euros en contratos públicos y llevarían a Begoña Gómez a ser imputada por tráfico de influencias y corrupción en el sector privado.

La resolución de Transparencia llegó dos meses después, en septiembre de este año. En la misma se estipula que la "falta de respuesta a la solicitud de acceso y al requerimiento de alegaciones de este Consejo no puede dejar sin eficacia el ejercicio de un derecho de rango constitucional, como es el derecho de acceso a la información pública". El ente cita una sentencia del Tribunal Supremo del 11 de junio de 2020 donde se establece que "la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración y solo resulta posible cuando concurra uno de los supuestos legalmente establecido".

El misterio Aldama

En el caso de las hipotéticas visitas de Aldama a la Moncloa, en lugar de negar su visita, Presidencia del Gobierno acude a un requiebro legal de la normativa de transparencia para inadmitir a trámite la solicitud de información alegando "información existente". Afirma que no cuentan con documentos o forma de acceder a la información solicitada, pese a que La Moncloa cuenta con un registro de visitas por cuestiones de seguridad. Aun así, Presidencia esgrime que "no obra en poder de este órgano documento o contenido que se corresponda con la información solicitada, por lo que, al no existir la (sic) objeto sobre el que ejercer el derecho de acceso, procede la inadmisión a trámite de la solicitud".

Una jugada que no esgrimió en 2019, cuando reconoció sin mayor problema ante Transparencia la visita a Moncloa del empresario George Soros para reunirse con Pedro Sánchez.

Rebeldía contra el Consejo de Transparencia

No es la primera vez que el Gobierno se revuelve contra el Consejo de Transparencia sin mayores consecuencias. En la mayoría de ocasiones, el Ejecutivo rehúye a las solicitudes de transparencia acudiendo a la Ley de secretos oficiales, una ley franquista de 1966. Esta es su baza favorita para no dar cuenta de los viajes en Falcon a lo largo y ancho del país. Este órgano ha dictaminado en varias ocasiones la obligación de Moncloa de responder a estas solicitudes, estipulando incluso una fecha límite. Ultimátums que el Gobierno ha desoído.