La defensa de Begoña aporta unos correos que demuestran que utilizó a una asesora de Moncloa para gestionar su máster

Begoña Gómez ha aportado al juez Juan Carlos Peinado una serie de correos electrónicos para intentar demostrar que ella solo firmó "el pliego de prescripciones técnicas" del software que se desarrolló para su máster en la Complutense porque "así se lo indicó expresamente" la universidad. El problema para su defensa radica en que los mensajes, a los que ha tenido acceso El Confidencial, también prueban que utilizó a la directora de programas de Presidencia del Gobierno, María Cristina Álvarez Rodríguez, para estas gestiones de carácter privado.

El correo electrónico de la asesora de Moncloa figura entre los destinatarios de todos los mensajes que ha aportado su defensa. De hecho, en uno de ellos, la responsable de la oficina de transferencia de resultados de investigación de la Complutense, María Jesús Morillo, se dirige de forma directa a Álvarez para que se encargue de realizar las gestiones necesarias en nombre de Begoña Gómez. "Estimada Cristina: perdona, que me ha hecho un renuncio el ordenador. El contrato de cesión de derechos válido es este que se acompaña ahora".

Álvarez entró en Presidencia del Gobierno el 16 de julio de 2018 con el puesto de directora de programas, pero, como desveló El Confidencial, desde el primer día estuvo ejerciendo de secretaria personal de la pareja del líder socialista. Entre los correos electrónicos que obran en el sumario, destaca también uno que ella misma envió el pasado 8 de febrero a una directiva de Reale Seguros. "PD: Me dice Begoña que te traslade que le encantaría que sigáis como Patronos de la Cátedra, aunque sea con una cantidad inferior. Dispuestos a colaborar con vosotros en lo que necesitéis".

El rector de la Complutense, Joaquín Goyache, y el exvicerrector Juan Carlos Doadrio también confirmaron ante el juez que Álvarez se implicó de forma directa en el máster, pero la defensa de Gómez se ha encargado ahora de despejar cualquier posible duda que quedara. Como informó este diario, distintas fuentes jurídicas consideran que esta clase de correos constituyen un indicio de la presunta comisión de un delito de malversación de caudales públicos del que serían coautores tanto la persona beneficiada —es decir, la propia Gómez— como aquella que ordenara que la asesora se encargara de asuntos ajenos a su función institucional.

La decisión queda ahora en manos del juez Juan Carlos Peinado, que mantiene imputada a Begoña Gómez por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional. La defensa de la mujer de Sánchez confiaba en que estos correos le ayudarían a demostrar que ella siempre siguió directrices de la Complutense respecto el software y que, por tanto, los delitos de apropiación indebida e intrusismo carecen de base alguna, pero las referencias a Álvarez la dejan expuesta a una posible imputación por malversación.

El abogado de Gómez, Antonio Camacho, ya ha solicitado que se cite como testigos a los cargos de la Complutense que figuran en estos correos, pero en su escrito no hace mención alguna a la asesora de Presidencia del Gobierno. "Los datos de las mismas aparecen en los citados correos que se aportan junto a este escrito", afirma a la hora de pedir la citación de la responsable de la universidad que comenzaba su correo con el "estimada Cristina".

Apropiación indebida e intrusismo

La última línea de investigación contra Begoña Gómez se centra en que pidió a directivos de Indra, Telefónica y Google que le hicieran gratis este software para su Máster de Transformación Social Competitiva. Según datos proporcionados por las compañías, los trabajos les supusieron un coste de al menos 150.000 euros, pero ni Gómez, ni el máster, ni la universidad les abonaron cantidad alguna. La mujer de Sánchez registró después la aplicación informática en la Oficina Española de Patentes y además controla el 100% de las acciones de una empresa que lo ofrece.

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El juez considera que estos hechos en principio encajarían "evidentemente" con una apropiación indebida, a lo que se suma el de intrusismo por haber firmado el mencionado pliego de prescripciones técnicas del máster: "La querellada no ha acreditado disponer de conocimientos ni facultades para estar cualificada técnicamente al objeto de conocer científicamente las citadas necesidades exigidas a los licitadores", advirtió el juez a la hora de acordar su imputación por este delito.

Para descartar esa tesis, la defensa de Gómez sostiene que los correos que ha aportado demuestran que la firma de los pliegos "se realizó de acuerdo con las normas de la Complutense". También insiste en que "el registro del dominio, que no de la propiedad intelectual, fue realizado siguiendo las instrucciones de la propia universidad", remarcando a su vez que al menos existe otro caso de una codirectora que "tiene inscrito el dominio" de su máster "a su nombre". Esos son los principales argumentos de la mujer de Sánchez de cara al próximo 18 de diciembre, cuando el juez ha vuelto a citarla a declarar como imputada.