Dos socios de Aldama eluden explicar los pagos a Koldo y niegan vínculos con Canarias y Baleares

El juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Koldo ha escuchado en declaración este lunes como imputados a Luis Alberto Escolano y a César Moreno. Son dos socios del empresario Víctor de Aldama vinculados presuntamente a la trama de las mascarillas y de los test PCR en aeropuertos de Canarias y Baleares, así como a los pagos ilegales a Koldo García y a un mando de la Guardia Civil. También están acusados de ayudar a Aldama a despatrimonializar sus bienes llevándolos Portugal para esconder a Hacienda sus ganancias por los contratos de las mascarillas. Los dos investigados han negado en el juzgado su participación en la compra de material sanitario.

Al inicio de la investigación, la Guardia Civil encontró un chat denominado “4 mosqueteros”, en el que figuraba Moreno, Aldama y otros dos investigados que declararán mañana, Ignacio Díaz Tapia y Javier Serrano. Las conversaciones en ese chat dejan constancia de unos movimientos que la UCO interpreta como pagos al asesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García, a través de su hermano en República Dominicana, suposición que Aldama corroboró en su declaración voluntaria.

En sus informes, la Guardia Civil sostiene que Aldama “mantiene bajo sus directrices al resto de socios detenidos con él”, y que, entre otras cosas, se encargaban de la gestión, localización y entregas de dinero en efectivo al comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, que, según lo investigado, recibía de Aldama 2.000 euros de manera mensual. En un atestado del pasado mes de febrero, la UCO sostenía también que Aldama y los tres investigados, que se hacían llamar los "4 mosqueteros", habrían abonado 10.000 euros en efectivo a Koldo García, el exasesor del que fuera ministro de Transportes José Luis Ábalos.

Baleares y Canarias

El fiscal no pasa por alto la relación de este grupo con Baleares y Canarias y el jueves dedicó la última pregunta de su interrogatorio a Aldama para tantear lo que sabía. "Se realizaron gestiones por parte de Koldo García tanto con el Servicio canario como con el Servicio balear de Salud para la venta de PCR, ¿no?", quiso saber. "Eurofins Megalab", respondió Aldama en referencia a la empresa adjudicataria. "Son sociedades a las que están vinculados algunos de sus socios, ¿no? Ignacio Díaz Tapia y Serrano… ¿Usted tuvo algún tipo de participación en esto?". "Nada. Ahí no intervine", aseguró el comisionista. "Esto fueron Koldo y sus socios", concluyó entonces el fiscal.

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Esta línea de investigación ha ido cogiendo fuerza en la Audiencia Nacional desde septiembre. En principio, las adjudicaciones concedidas durante la pandemia por los Gobiernos socialistas de Torres y la entonces presidenta balear, Francina Armengol, quedaron en manos de la Fiscalía Europea por afectar a fondos de la UE, pero los últimos informes de la Guardia Civil ya analizan el modo en que se cerraron. "Aprieta [sic] con los PCR que lo consigues seguro", escribió Koldo en agosto de 2020 al entonces presidente canario y hoy ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. "Vale, cariño, te mantengo informada de todo", se comprometió también Koldo con Armengol después de que le facilitara el contacto de su consejera de Salud.

En su último informe, la Guardia Civil ya destacaba los mensajes que el “mosquetero” Díaz Tapia se había cruzado con Torres para cerrar los contratos sobre los PCR, a los que se suman otras conversaciones que apuntan a reuniones con el jefe de gabinete del entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa.

La Guardia Civil detectó estos contactos al analizar los dispositivos de Díaz Tapia, que era uno de los responsables de Megalab. El 25 de agosto de 2020, este empresario escribió a Torres para presentarse como el responsable de la compañía, que había estado en "su despacho de cara al control de pasajeros" y le envió una presentación sobre ello. "A continuación, Torres respondía que le gustaría hablar después sobre los avances y solicitaba a Tapia que le enviase la información del otro día, ya que había hablado con 'Illa' estos días y parecía que había buena recepción", explica la UCO. "Seguidamente, Torres compartía el contacto de Blas Trujillo [su consejero de Salud]".

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Los investigadores señalan que estos contactos con Armengol y Torres desembocaron en que el Servicio de Salud de Baleares adjudicara "por el procedimiento de negociado sin publicidad" dos contratos por 1,1 millones a la mencionada empresa, mientras que el de Canarias les concedió otros tres por 5,4 millones. Estos últimos se formalizaron el 18 de diciembre de 2020, el 1 de enero de 2021 y el 1 de febrero de 2021. Todos ellos estaban relacionados "con la realización de test para la detección del covid", pero la UCO destaca "en particular" el primero de ellos porque se centraba en "el proyecto para el cual Koldo habría tratado de ejercer su influencia" desde agosto.

Despatrimonialización en Portugal

Por otro lado, según dice la Guardia Civil, Aldama llevó cabo una despatrimonialización de sus bienes en territorio nacional. “Para ello, estaría empleando un entramado empresarial en el que participarían sus socios Luis Alberto Escolano, Ignacio Díaz, Javier Serrano y César Moreno. Este extremo, que ya de por sí solo es llamativo, habida cuenta de que estaría empleando a terceros para ocultar su patrimonio, resulta todavía más interesante para la investigación en curso porque algunos de los componentes que lo conforman mantienen vínculos con Koldo”.

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Según informan a El Confidencial fuentes conocedoras del interrogatorio de este lunes, han sido dos comparecencias breves en las que Escolano y Moreno solo han contestado a las preguntas de sus abogados y han evitado enfrentarse a los cuestionarios del fiscal y de las acusaciones populares. Al acudir como imputados tienen derecho a replicar solo aquellas preguntas que consideren. En el caso de Escolano, las cuestiones han girado en torno a aclarar sus participaciones en las empresas que obran en el sumario y corregir en ese sentido algunas de las conclusiones de los informes de la Guardia Civil.

Ha negado tener relación con actividades destinadas a la adquisición de material sanitario, por lo que ha dicho no guardar vínculos ni con el Gobierno de Baleares ni Canarias, dos de las administraciones que contrataron con la trama. Sí ha dicho que sus empresas tributan en Portugal y tienen las cuentas al día. El otro imputado, Moreno, también ha negado cualquier relación con la compra de material sanitario y ha dicho que conoce a Víctor de Aldama desde diciembre de 2020, eso son meses después de que el empresario empezase a adquirir las primeras mascarillas.

El fiscal explica que de la investigación se desprende que Díaz Tapia, Escolano y Moreno —detenidos en su día por la Guardia Civil— podrían haber participado en un delito de blanqueo de capitales y estarían todas ellos "especialmente vinculados con Víctor de Aldama" —el conseguidor de la trama—. A su juicio, se les podría imputar el delito de integración en organización criminal e, incluso, "por su participación en los pagos realizados a otros investigados que desempeñaban funciones públicas, bien de forma directa o por medio de terceros, también se les ha de imputar a Díaz Tapia, Escolano y Serrano un delito de cohecho".