El fiscal ya apunta a las PCR de Canarias tras las revelaciones de Aldama: "Torres pide 50.000 €"

El expresidente canario y actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, fue uno de los señalados por Víctor de Aldama este jueves. "Koldo me dice que pide 50.000 euros", reveló a preguntas de su abogado. "Me dice que si no lo hago vamos a tener problemas". Aldama sostiene que se negó a realizar el pago y que "evidentemente" los "problemas" llegaron poco después con acusaciones de que "las mascarillas eran falsas", pero el fiscal Anticorrupción, Luis Pastor, quiso ir un paso más allá durante el interrogatorio: su interés ya no solo se centra en las mascarillas, sino también en los 6,5 millones de euros que Baleares y Canarias pagaron a la trama para realizar PCR.

Esta segunda línea de investigación ha ido cogiendo fuerza en la Audiencia Nacional desde septiembre. En principio, las adjudicaciones concedidas durante la pandemia por los Gobiernos socialistas de Torres y la entonces presidenta balear, Francina Armengol, quedaron en manos de la Fiscalía Europea por afectar a fondos de la UE, pero los últimos informes de la Guardia Civil ya analizan el modo en que se cerraron. "Aprieta [sic] con los PCR que lo consigues seguro", escribió Koldo a Torres en agosto de 2020. "Vale, cariño, te mantengo informada de todo", se comprometió con Armengol después de que le facilitara el contacto de su consejera de Salud.

El fiscal no pasa por alto esa línea de investigación y este jueves dedicó la última pregunta de su interrogatorio a tantear a Aldama sobre los que sabía. "Se realizaron gestiones por parte de Koldo García tanto con el Servicio canario como con el Servicio balear de Salud para la venta de PCR, ¿no?", quiso saber. "Eurofins Megalab", respondió Aldama en referencia a la empresa adjudicataria. "Son sociedades a las que están vinculados algunos de sus socios, ¿no? Ignacio Díaz Tapia y Serrano… ¿Usted tuvo algún tipo de participación en esto?". "Nada. Ahí no intervine", aseguró el comisionista. "Esto fueron Koldo y sus socios", concluyó entonces el fiscal.

La duda se centra ahora en si las respuestas llegarán este lunes, cuando el magistrado ha citado como imputados a tres de los empresarios que centran la investigación sobre las PCR: Ignacio Díaz Tapia, Javier Serrano y César Moreno. Aldama dio este jueves el pistoletazo de salida al cooperar con los investigadores, pero queda por ver si los que fueran sus socios siguen sus pasos. En su último informe, la Guardia Civil ya destacaba los mensajes que Díaz Tapia se había cruzado con Torres para cerrar los contratos sobre los PCR, a los que se suman otras conversaciones que apuntan a reuniones con el jefe de gabinete del entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa.

La Guardia Civil detectó estos contactos al analizar los dispositivos de Díaz Tapia, que era uno de los responsables de Megalab. El 25 de agosto de 2020, este empresario escribió a Torres para presentarse como el responsable de la compañía, que había estado en "su despacho de cara al control de pasajeros" y le envió una presentación sobre ello. "A continuación, Torres respondía que le gustaría hablar después sobre los avances y solicitaba a Tapia que le enviase la información del otro día, ya que había hablado con 'Illa' estos días y parecía que había buena recepción", explica la UCO. "Seguidamente, Torres compartía el contacto de Blas Trujillo [su consejero de Salud]".

Los investigadores señalan que estos contactos con Armengol y Torres desembocaron en que el Servicio de Salud de Baleares adjudicara "por el procedimiento de negociado sin publicidad" dos contratos por 1,1 millones a la mencionada empresa, mientras que el de Canarias les concedió otros tres por 5,4 millones. Estos últimos se formalizaron el 18 de diciembre de 2020, el 1 de enero de 2021 y el 1 de febrero de 2021. Todos ellos estaban relacionados "con la realización de test para la detección del covid", pero la UCO destaca "en particular" el primero de ellos porque se centraba en "el proyecto para el cual Koldo habría tratado de ejercer su influencia" desde agosto.

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A falta de ver si alguno de los imputados tira de la manta este lunes, quedaría a su vez una tercera línea de investigación que también protagonizan Moreno, Díaz Tapia y Serrano: los supuestos encuentros que Koldo mantuvo con el entonces director de gabinete de Illa, Víctor Francos, para que estos empresarios pudieran sacar adelante un nuevo negocio. "Se trata de un ejercicio de la influencia directa de Koldo en favor de Aldama, esta vez, empleando a sus contactos del más alto nivel en el Ministerio de Sanidad para la inscripción de una sociedad en un registro que posibilita operar como entidad de intermediación de medicamentos", advertía la UCO en su informe.

Ni la defensa de Aldama ni el fiscal preguntaron por esa cuestión durante el interrogatorio de este jueves, pero las conversaciones intervenidas reflejan que Francos reenvió a Koldo mensajes en los que se hacía referencia a la empresa en cuestión y se le informaba de que ya se habían puesto en contacto con directora de la Agencia Española de Medicamentos, María Jesús Lamas. Después de que los 116 minutos de declaración de Aldama hayan caído como una losa sobre el Gobierno, sus socios deben decidir ahora si también colaboran con los investigadores y aclaran estos otros negocios.