El juez señala a Pedro Sánchez y le coloca como partícipe de la actuación de su mujer

En unas pocas líneas de una providencia, el juez Juan Carlos Peinado ha dado un paso más en la implicación de Pedro Sánchez en el procedimiento en el que investiga a su mujer, Begoña Gómez. El magistrado ha ordenado de forma simultánea dos diligencias que permiten intuir su objetivo. Por una parte, ha reclamado recabar las cuentas en las que la esposa del presidente aparece como titular. Por otra, reclama al Registro Civil copia del certificado de matrimonio. Ese documento le permitirá conocer el régimen económico del enlace y si es de gananciales o de separación de bienes.

La orden del juez vuelve a señalar —como ya sucedió en su declaración como testigo— la condición de marido de la investigada del presidente del Gobierno. En un contexto en el que se investiga un presunto tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo, la solicitud está vinculada con el posible alcance de la participación del esposo en los presuntos delitos cometidos por su mujer.

Para establecerlo, es necesario saber si la pareja tiene en su matrimonio el régimen ganancial, que convierte en comunes los bienes que obtengan ambos, o si conserva una autonomía patrimonial y dispone de sus bienes de forma individual. Incluso en el segundo caso, el disfrute o el beneficio de bienes obtenidos por su esposa de forma irregular convertiría a Sánchez en partícipe a título lucrativo. Según consta en su declaración de bienes presentada en el Congreso de los Diputados, el régimen del matrimonio es el de separación de bienes.

La figura del partícipe a título lucrativo ya adquirió relevancia en el caso Noos por la infanta Cristina. Ella e Iñaki Urdangarin estaban casados por separación de bienes, pero ese régimen no evitó que el Supremo terminara por condenarla a pagar casi 137.000 euros de responsabilidad civil. Según advirtió en su sentencia, era partícipe a título lucrativo de la malversación y el fraude porque ella también se había beneficiado de la actividad delictiva de su marido.

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En el caso concreto de Gómez y Sánchez, las sospechas del instructor se basan, entre otros aspectos, en la posibilidad de que ella disfrutara de ventajas laborales, como la concesión de su cátedra en la Complutense o la contratación por parte del Instituto de Empresa para dirigir el Africa Center, por su condición de cercanía con el jefe del Ejecutivo. Ambas labores le han reportado beneficios económicos que repercutieron en el patrimonio de la pareja.

La providencia reaviva así el temor de Moncloa a que la causa acabe provocando una solicitud de imputación del presidente del Gobierno. La providencia puede interpretarse como un paso dirigido a sustentar una futura exposición razonada que se remita al Tribunal Supremo. Ese miedo existe desde el arranque de la investigación y se reavivó cuando el juez decidió citar a Sánchez como testigo. Ahora regresa con fuerza.

La asesora de Moncloa y Güemes

Sánchez se ve además acorralado por el peso que está ganando en la investigación María Cristina Álvarez Rodríguez, la asesora de Moncloa que, como desveló este diario, se encargaba de reclamar pagos a las empresas para el máster de Gómez. Álvarez entró en Presidencia del Gobierno el 16 de julio de 2018 con el puesto de directora de programas, pero desde el primer día estuvo ejerciendo de secretaria personal de la pareja del líder socialista. Así se refleja en los correos electrónicos que ella misma envió a los patrocinadores de la cátedra de Gómez y que estos han aportado al juzgado.

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"Me dice Begoña que te traslade que le encantaría que sigáis como Patronos de la Cátedra, aunque sea con una cantidad inferior. Dispuestos a colaborar con vosotros en lo que necesitéis". escribió Álvarez a una directiva de Reale Seguros el pasado 8 de febrero. Algunos de estos mensajes los enviaba desde su correo de Moncloa, firmando como directora de programas e incluyendo el membrete oficial de Presidencia.

Distintas fuentes jurídicas consideran que estos correos constituyen un indicio de la presunta comisión de un delito de malversación de caudales públicos del que serían coautores tanto la persona beneficiada —es decir, la propia Gómez— como aquella que ordenara que la asesora quedara a su disposición para asuntos ajenos a su función institucional. Aunque acusaciones populares como Hazte Oír ya pidieron la citación de Álvarez como testigo el pasado octubre, el juez aún no se ha pronunciado al respecto.

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Otro de los frentes que salpica a Sánchez cogió fuerza este mismo lunes, cuando el juez imputó al exconsejero madrileño y actual presidente del Centro de Emprendimiento e Innovación de Instituto de Empresa (IE), Juan José Güemes. Peinado le había citado inicialmente como testigo, pero, tras apenas 15 minutos de interrogatorio, procedió a su imputación y ha vuelto a citarle a declarar el próximo 18 de diciembre.

El IE fichó a Gómez para dirigir su Africa Center en 2018, dos meses después de que Sánchez fuera nombrado presidente. Güemes declaró este lunes que sus primeros contactos con ella se produjeron a finales de 2017 y que en aquel momento consideró que su currículum no encajaba para ningún puesto del IE. El exconsejero señaló que, un año después, cambió de opinión ante la creación del Africa Center, pero esta versión choca con la sospecha de que este nuevo centro se puso en marcha a medida de la propia mujer del presidente. Como desveló El Confidencial, el líder socialista se reunió con Güemes antes de que su mujer fuera designada para este cargo.