Los funcionarios pagarán un 150% más por su seguro de salud privado sin Muface

La tensión aumenta entre los funcionarios y el Gobierno. Muface está a 42 días de su extinción definitiva. El Ministerio de Transformación Digital, que ha asumido las competencias en Función Pública, trabaja contrarreloj en un nuevo concierto sanitario que, esta vez sí, logre convencer a las aseguradoras privadas que ofrecen sus servicios sanitarios a un millón de funcionarios (alrededor del 70% del total). Son 1.007.322 personas las que tendría que absorber de golpe una sanidad pública lastrada ya por el envejecimiento de la población (que aumenta la demanda de asistencia sanitaria) y unas listas de espera en aumento.

Además del impacto que supondría para la sanidad pública (y la privada), la desaparición del modelo Muface afectaría de manera directa al bolsillo de más de un millón de funcionarios. Según datos recabados por la consultora Roams Insurtech, los empleados públicos pagarían un 150% más si decidiesen contratar un seguro de salud privado con condiciones similares a las que ahora disfrutan con Muface. Esto se traduce en que los funcionarios pagarían, de media, 740 euros más al año.

Esta correduría de seguros explica que los mutualistas pagan en estos momentos de media al año 478 euros. Un cálculo que extraen tomando como referencia las últimas cuotas mensuales disponibles en Muface referentes a 2023 en cada uno de los grupos funcionariales. Las pólizas familiares de salud -que incluyan pareja e hijos como beneficiarios- son las que más se verían afectadas por el hundimiento de Muface. Los usuarios que están hoy con Muface en esta modalidad "pagarían entre 977 € y 1.359 € más de media al año contratando el seguro por su cuenta", según los datos extraídos por Roams Insurtech.

Hasta 1.500 euros de diferencia

Este aumento sería menos acusado -aunque también importante- en el caso de las pólizas individuales, donde "los asegurados pagarían al año entre 95 € y 338 € más de media". La edad es un hecho diferencial. Los más jóvenes pagan menos al año que los más mayores. “Pero si hay algo que condiciona el precio de la póliza es el tipo de seguro”, apunta Pablo Pareles, director de Roams Insurtech.

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Un seguro de salud básico cuesta de media 575 euros. O sea, que el mutualista pagaría 100 euros más por este producto. El más habitual es el seguro completo (que incluye hospitalización y cirugías). Este seguro con copago cuesta de media 1.230 euros, más del doble del coste de Muface. Sin copago, el precio asciende a los 1.851 euros, tres veces por encima de lo que les cuesta la sanidad ahora a los funcionarios.

Huelga de funcionarios

La indignación en el sector público es mayúscula tras la propuesta del Ministerio de Sanidad de eliminar Muface en un plazo de nueve meses. En realidad, se trata de un deseo de Mónica García y su formación (Más País) que viene de lejos. En el programa electoral de las elecciones generales de 2019 ya plantearon la disolución de Muface: "Inclusión, dentro de la cobertura sanitaria universal, de las personas que reciben actualmente prestación sanitaria bajo mutuas de prestación sanitaria privada (MUFACE-MUGEJU-ISFAS). Integraremos a dicha población, de forma paulatina, escalonada y programada, bajo la prestación sanitaria del sistema sanitario público. Asimismo, se eliminará la posibilidad de que las entidades locales realicen aseguramientos privados colectivos para sus empleados públicos".

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Esta medida volvió a ser incluida en el programa de Sumar de las últimas elecciones. El sindicato mayoritario de los empleados públicos, CSIF, ha arremetido con dureza contra la propuesta de García: "No vamos a aceptar bajo ningún concepto una decisión unilateral del Gobierno sobre esta cuestión". Fuentes sindicales confirman que en estos momentos se está valorando el alcance de sus movilizaciones sobre la base de la respuesta del gobierno. Se plantean manifestaciones, paros y hasta la huelga si es necesario.

"El Gobierno está jugando con la tranquilidad y la salud de un millón y medio de personas, funcionarios y sus familias (personas mayores y menores de edad) que en estos momentos ven con incertidumbre el futuro de su asistencia sanitaria", concluye CSIF.