Un informe del CGPJ desactiva el reparto paritario de las presidencias del Supremo

Un informe del gabinete técnico del Consejo General del Poder Judicial, reclamado por la presidenta Isabel Perelló, desactiva que la aplicación de la ley de paridad obligue a un reparto equitativo entre hombres y mujeres de las presidencias del Tribunal Supremo, entre ellas la de la Sala de lo Penal, que se ha convertido en los últimos meses en un área sensible al acumular procedimientos como las causas contra el exministro José Luis Ábalos o la abierta contra el fiscal general del Estado. El análisis al que ha tenido acceso El Confidencial indica que "debe descartarse la posibilidad de que el principio de presencia equilibrada se proyecte sobre la composición de los órganos judiciales".

La introducción de la norma de la paridad es relevante para determinar las posibilidades de los candidatos a presidir tanto esa Sala como el resto de presidencias del Supremo. A la Segunda, que dejará de estar a cargo de Manuel Marchena a principios del próximo diciembre, aspiran la magistrada Ana Ferrer y el magistrado Andrés Martínez Arrieta. El bloque progresista defiende el nombramiento de Ferrer en base a la obligación de paridad -entre otros argumentos- mientras que los conservadores apoyan a Arrieta y consideran que la candidata de sus compañeros es cercana al Ejecutivo.

Perelló solicitó el informe para determinar el ámbito de aplicación. Por primera vez entra en juego en los nombramientos la ley de representación paritaria por la que pretende garantizarse el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, de tal manera que las personas de cada sexo no superen el 60% ni sean menos del 40%. El dictamen concluye que la norma no supone obligación concreta en el área concreta de las presidencias.

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"El objeto del desarrollo reglamentario sería incorporar garantías procedimentales del cumplimiento del principio de presencia equilibrada como, por ejemplo, en línea con lo señalado en el II Plan de Igualdad de la Carrera Judicial, la composición equilibrada de las ternas, la motivación específica del grado de cumplimiento del principio de presencia equilibrada en el informe de la Comisión de Calificación, la determinación del contenido obligado de la Memoria anual respecto del principio de presencia equilibrada, etc", dice. También apunta que cabría introducir medidas que redujeran el sesgo de género en la valoración de ciertos méritos.

Nombramiento por sexo

Sin embargo, el gabinete técnico asegura que los antecedentes legislativos, el principio de proporcionalidad y la adecuación a la finalidad perseguida con el principio "excluyen claramente que en trance a proceder a un nombramiento se pueda atribuir al sexo de los candidatos, en términos imperativos, una relevancia mayor que al mérito y capacidad de cada uno de ellos".

Las conclusiones tendrán efecto en el debate que está a punto de abrirse respecto a las presidencias, que apunta ya a un nuevo bloqueo. Mientras los progresistas han comenzado a cerrar filas en defensa de la tesis de la paridad y cuentan con un informe anterior a este en el que la Comisión de Igualdad defiende el reparto paritario también respecto a los presidentes, los conservadores ven una maniobra para "colar", de nuevo, tanto la candidatura de Ferrer a la Sala de lo Penal como la de Pilar Teso a la presidencia de la Sala de lo Contencioso, frente a Pablo Lucas, que opta también a este nombramiento.

Los vocales de la derecha siguen pensando lo mismo que ya aseguraban cuando las dos candidatas optaban a dirigir el Supremo. Dicen que tanto una como la otra son las preferidas del Gobierno para ocupar la dirección de las dos Salas. También destacan que Arrieta es el magistrado más veterano del escalafón judicial, tras haber conformado, durante casi 25 años, la Sala Segunda.

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Al cierre del plazo para presentar candidaturas Ferrer y Martínez Arrieta fueron los únicos aspirantes en reclamar la plaza, mientras que sus compañeros Pilar Teso y Pablo Lucas se enfrentarán, también a solas, por la de lo Contencioso-Administrativo. En lo Civil solo concurre Ignacio Sancho y, en lo Social, se proponen Juan Molins y Concepción Ureste. La pelea está servida de nuevo.