La pista de la asistenta de Begoña Gómez apunta a Bolaños y Óscar López por malversación
La investigación sobre las actividades de Begoña Gómez avanza hacia los altos cargos del Gobierno que permitieron que una asesora a sueldo del Estado se dedicara en realidad a los negocios privados de la mujer de Pedro Sánchez
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La causa del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid sobre las actividades de Begoña Gómez amenaza con extenderse al Gobierno. La utilización de una asesora del Ministerio de Presidencia como asistenta personal en los negocios privados de la mujer de Pedro Sánchez abre la puerta a la imputación de sus superiores jerárquicos por un delito de malversación de caudales públicos. Entre los señalados por la abundante jurisprudencia sobre esta materia se encuentran Félix Bolaños y Óscar López.
Como reveló El Confidencial el pasado julio, Begoña Gómez usó a esta asesora a nómina del Estado, María Cristina Álvarez Rodríguez, para exigir a empresas del Ibex que inscribieran a directivos en los dos máster que dirigía y en gestiones relacionadas con su Cátedra de Transformación Social Competitiva. Testimonios y correos incorporados a las diligencias del juez Juan Carlos Peinado reflejan que la asesora intervino en los negocios privados de la pareja del secretario general del PSOE al menos entre julio de 2020 y febrero de 2024.
Álvarez habría tenido diferentes jefes en ese periodo. Por un lado, el Registro Central de Personal indica que se incorporó al Gabinete de Presidencia el 16 de julio de 2018, apenas unos días después de la llegada de Sánchez al Gobierno, de acuerdo con información publicada por Civio. Álvarez aterrizó en Moncloa ocupando un puesto eventual, contratada a dedo, sin superar una oposición ni un proceso selectivo, como directora de programas y a la que se le asignó la plaza número 2266422. La última relación de puestos de trabajo (RPT) en vigor indica que ese código sigue formando parte de la plantilla del Gabinete de Presidencia.
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Oficialmente, Álvarez tuvo como superiores directos en el periodo bajo investigación a Iván Redondo, primer jefe de Gabinete de Sánchez -de julio de 2018 a julio de 2021- y Óscar López -de julio de 2021 hasta el pasado septiembre-, actual ministro para la Transformación Digital y la Función Pública. Sobre el papel, tanto Redondo como López permitieron que una subordinada con sueldo público se dedicara a los intereses particulares de Begoña Gómez.
Por otro lado, en paralelo a la RPT y a pesar de la adscripción formal de Álvarez al Gabinete de Presidencia, la asesora se identificó en varios correos electrónicos aportados recientemente por la empresa Reale Seguros como “directora de Programas” de la “Secretaría General de Presidencia”, un área independiente en el organigrama de Moncloa que dispone de su propia plantilla. Un portavoz oficial del Gobierno también encuadró a la asesora en la Secretaría General de Presidencia a preguntas de El Confidencial, el pasado julio.
En este segundo encaje, el primer jefe de Álvarez fue al actual ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que lideró la Secretaría General de Presidencia entre julio de 2018 y julio de 2021. El segundo superior de la asesora fue Francisco Martín, secretario general entre julio de 2021 y marzo de 2023. En la actualidad es el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid y uno de los valores en alza del PSOE regional. La tercera y última jefa con la que ha trabajado Álvarez es Judit Alexandra González Pedraz, actual secretaria general de Presidencia. Los precedentes en casos similares sitúan a Bolaños, Martín y González en el radar de una imputación por desvío de fondos públicos.
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El Partido Popular ha citado a la asistenta de Begoña Gómez a la comisión de investigación del Senado sobre los contratos de emergencia del covid. Álvarez tendrá que comparecer el próximo 26 de noviembre. Hay evidencias de que la empleada de Moncloa también intervino en el desarrollo del software de transformación social competitiva que presuntamente acabó apropiándose la mujer del presidente del Gobierno.
El juez Peinado ha dado un nuevo paso en las diligencias y ha ordenado que se investiguen los números de las cuentas bancarias relacionadas con la mujer de Sánchez. También se ha dirigido al Registro Civil para solicitar su “certificado de matrimonio”.
La causa del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid sobre las actividades de Begoña Gómez amenaza con extenderse al Gobierno. La utilización de una asesora del Ministerio de Presidencia como asistenta personal en los negocios privados de la mujer de Pedro Sánchez abre la puerta a la imputación de sus superiores jerárquicos por un delito de malversación de caudales públicos. Entre los señalados por la abundante jurisprudencia sobre esta materia se encuentran Félix Bolaños y Óscar López.