El abogado de Begoña Gómez se lleva 85.000 € sin concurso de un organismo público del PSOE

El abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, ministro del Interior del último Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, se ha llevado un contrato público de 85.486 euros de un organismo controlado por el PSOE. La adjudicación se tramitó por la vía del procedimiento negociado, sin concurso y sin publicidad, y se resolvió en apenas 48 horas. La institución fue concedida por la Diputación Provincial de Albacete, que no valoró más ofertas, según consta en el expediente.

Camacho logró el encargo a través de Temistopoloi SL, la mercantil de su propio bufete, creado en 2019 y con oficina en el centro de Madrid. El antiguo alto cargo socialista figura como único administrador y accionista de la sociedad. Su objeto social es “el asesoramiento y la prestación de servicios e intermediación a empresas, profesionales e instituciones, en todos sus grados de desarrollo”.

El letrado de la mujer de Pedro Sánchez recibió la licitación el pasado febrero. El presidente de la Diputación de Albacete, Santiago Cabañero, concejal también del municipio de Cenizate y secretario general del PSOE provincial, promulgó un decreto para la contratación de Camacho el día 25 de ese mes y, al día siguiente, se formalizó el proceso, aunque el anuncio no se publicó en la Plataforma de Contratación del Estado hasta el 15 de marzo.

En ese lapso de tiempo, este diario publicó las primeras informaciones sobre las conexiones de Begoña Gómez con implicados en el caso Koldo y la trama de Air Europa. Las noticias acabaron provocando que el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid abriera diligencias contra ella en abril. Un mes después, el 17 de mayo, se desveló que la pareja de Sánchez había confiado su defensa a Camacho pero, en ese momento, el exministro del Interior ya lleva varios meses asesorando al matrimonio y al PSOE.

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Como reveló El Confidencial, el exministro de Zapatero tuvo un papel clave en las negociaciones de Ferraz con Junts per Catalunya para confeccionar el texto de la ley de amnistía que los independentistas catalanes pusieron como condición para investir a Sánchez. Camacho llegó a participar en algunas de las reuniones en representación de los socialistas e intercambió documentos con el asesor jurídico de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye.

Según explica a este diario una portavoz oficial de la Diputación, la contratación del abogado de Begoña Gómez está relacionada con el litigio que el organismo mantiene desde hace décadas con los herederos de Purificación Urrea, una millonaria que falleció sin hijos en 1966 y que dejó a la institución tres fincas valoradas en 30 millones de euros. Sin embargo, la licitación de 85.486 euros no encaja en la cronología de este proceso civil.

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En el año 2000, varias sobrinas de Urrea decidieron reclamar en los tribunales la devolución de las tres fincas alegando que la Diputación había incumplido las condiciones de la herencia. Tras más de dos décadas de conflicto judicial, la Audiencia Provincial Civil de Albacete dictaminó en julio de 2022 que las sobrinas tenían razón y que, además, debían ser indemnizadas con 11 millones de euros por los beneficiados generados en ese tiempo por las fincas.

El organismo controlado por el PSOE decidió un año después no recurrir la sentencia y comenzar los trámites para reintegrar las propiedades a sus legítimas herederas. Camacho se llevó la adjudicación de 85.486 euros casi un año después de que la Diputación de Albacete desistiera de alargar el procedimiento. El exministro del Interior tampoco es precisamente conocido por su trayectoria o pericia en el ámbito del derecho civil. Camacho ha declinado responder a las preguntas de El Confidencial sobre este contrato.

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Ni el Gobierno, ni Sánchez, ni Begoña Gómez han aclarado quién está pagando el trabajo de Camacho en la causa del Juzgado número 41 de Madrid ni a cuánto ascienden sus facturas. El abogado se desplaza continuamente en Moncloa para analizar todas las aristas del proceso y pactar hasta el último detalle de sus escritos. La mercantil del exministro, Temistopoloi SL, no presenta cuentas en el registro mercantil desde el ejercicio 2021. Sus ingresos son opacos.

El horizonte de la pareja del secretario general del PSOE también es oscuro. Primero fue imputada por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Hace sólo unos días, se le atribuyeron también los delitos de apropiación indebida e intrusismo profesional. Y documentos incorporados recientemente a las diligencias por Reale Seguros apuntalan una posible nueva imputación por malversación de caudales públicos.