El email de la asistente de Begoña Gómez acorrala a Moncloa con sospechas de malversación

Los correos electrónicos que constan en el sumario del caso Begoña Gómez y que muestran cómo una asesora de Moncloa realizaba labores de asistente de la mujer del presidente del Gobierno en sus actividades profesionales privadas complican el horizonte penal, no solo de la esposa de Pedro Sánchez, también del propio Ejecutivo. En opinión de distintas fuentes jurídicas consultadas, los correos constituyen un indicio de la presunta comisión de un delito de malversación de caudales públicos del que serían coautores tanto la persona beneficiada —es decir, la propia Gómez— como aquella que ordenara que la asesora quedara a su disposición para asuntos ajenos a su función institucional.

El correo fue facilitado al juez Juan Carlos Peinado por uno de los patrocinadores de la cátedra de Transformación Social Competitiva que dirigía Gómez, la compañía aseguradora Reale. En él, la directora de Programas de la secretaría general de la Presidencia del Gobierno, María Cristina Álvarez, traslada a la empresa el interés de Begoña Gómez, en que el patrocinio se mantenga. "PD: Me dice Begoña que te traslade que le encantaría que sigáis como patronos de la cátedra, aunque sea con una cantidad inferior. Dispuestos a colaborar con vosotros en lo que necesitéis", dice el correo electrónico, fechado el pasado 8 de febrero, que se remite a la directora de Comunicación Institucional y RSE de Reale, Pilar Suárez-Inclán.

En otros de los emails que constan en el sumario, algunos remitidos desde la cuenta de correo oficial de Presidencia y firmados con su cargo de funcionaria pública, Álvarez realiza gestiones de organización vinculadas con la cátedra. Organiza en ellos reuniones o informa sobre eventos que nada tienen que ver ni con Presidencia ni con labor administrativa alguna relacionada con Moncloa. Es más que probable que el juez acuerde la citación de la asesora que ya ha sido reclamada por las acusaciones populares.

TE PUEDE INTERESAR

Begoña Gómez se negó a entregar las cuentas de su cátedra a la Complutense tras una tensa reunión

Beatriz Parera Pablo Gabilondo

Las fuentes jurídicas consultadas consideran que los hechos a los que apuntan estos emails encajan con un "abuso" de fondos públicos. Agregan que acreditan un uso de recursos humanos de Moncloa para fines privados que implicaría a aquel cargo que decidiera autorizar la labor de esta funcionaria. La declaración de la asesora se centrará así en quién le dio instrucciones para que desarrollara esa labor.

Señalan también que los tribunales han dictado decenas de condenas por comportamientos comparables. También menciona la jurisprudencia del Supremo que, en distintas sentencias ha determinado que "cualquier bien y fuerza de trabajo", incluidos por consiguiente aquellos supuestos en los que se utiliza a un empleado en horas en las que debe prestar su servicio público, y se beneficia de dicho trabajo un particular, debe entenderse como un tipo de malversación. "Dentro del concepto amplio de 'caudales' se integra la utilización en beneficio privado del trabajo de empleados públicos", dice, por ejemplo, el TS en una de esas resoluciones, de 2014.

Otro ejemplo, en este caso, de la jurisdicción ordinaria. La Audiencia Provincial de Badajoz condenó hace unos años a tres exdirectivos socialistas de la Institución Ferial de Extremadura (Feval) por, entre otras irregularidades, dar órdenes para que pintores y jardineros del organismo fueran a trabajar a sus casas particulares en horario laboral y sin recibir por ello otra contraprestación que su nómina de la institución.

Efectos sobre la imputación de Gómez

Los correos también complican el horizonte penal de la propia Gómez. Como beneficiaria de ese supuesto uso de recursos públicos, se arriesga a que el juez amplíe su actual imputación a la malversación. Sumaría así un delito adicional a los cuatro que ya pesan en su contra. El pasado 29 de octubre, el juez Peinado le atribuyó un delito de apropiación indebida y otro de intrusismo profesional por quedarse con el software que se desarrolló para su máster. El magistrado sumaba así una nueva línea de investigación, ya que también está imputada por tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

Las comunicaciones en posesión del juez sirven también para engordar las sospechas de tráfico de influencias. El trabajo de María Cristina Álvarez será uno de los ejes sobre los que gire su nuevo interrogatorio como imputada, previsto para el próximo 18 de diciembre. En su anterior citación del mes de julio, se negó a responder a las preguntas. Lo mismo hizo en su reciente comparecencia en la Asamblea de Madrid. Tampoco Pedro Sánchez quiso contestar cuando fue citado como testigo. Ambos siguen insistiendo en que existe una campaña política y mediática en su contra.