Fiscales piden al Supremo revisar las cámaras y dicen que García Ortiz pudo borrar pruebas

La Asociación Independiente de Fiscales, personada como acusación en la causa contra Álvaro García Ortiz por revelación de secretos, ha remitido un escrito al juez del Supremo Ángel Hurtado en que reclama que se libre oficio a la empresa responsable del servicio de seguridad integral de la Fiscalía General del Estado "para que aporte las grabaciones de las cámaras que enfocan al salón noble, ubicado en el patio central del edificio" ante la sospecha de que el jefe del Ministerio Público eliminara información de uno de sus teléfonos móviles.

El escrito precisa que el día que se produjo el registro del despacho del fiscal general, este fue visto junto a su número dos, la teniente fiscal Ángeles Sánchez Conde, alrededor de las siete de la tarde, cuando la Guardia Civil aún revisaba las dependencias. Ambos se encontraban "en el salón noble, concretamente en el espacio situado junto a una obra del navegante Juan de la Cosa, revisando un móvil aparentemente perteneciente al investigado", indica el escrito al que ha tenido acceso El Confidencial.

Para la APIF "es inconcebible que la fiscal encargada de un asunto se reúna con un investigado y examinen juntos, sin estar presente el abogado de este último, una prueba crucial del delito, máxime cuando todavía no se ha alzado completamente el secreto de sumario". Reclaman por ello al Supremo que cite como testigo al fiscal que les observó, Salvador Viada, y que se reclamen las grabaciones de urgencia, dado que no se conservan más allá de 30 días.

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Beatriz Parera

Hurtado ordenó la entrada y registro el pasado 30 de octubre en el marco de la investigación que se sigue contra el fiscal general por un presunto delito de revelación de secretos contra el empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. Decretó el secreto de las actuaciones durante un mes. La decisión se adoptó después de que la Sala de lo Penal concluyera el 16 de octubre que existen indicios suficientes para investigar a García Ortiz por la filtración de los correos que el abogado de González Amador envió a la Fiscalía para tratar de cerrar un pacto en la causa que se sigue contra él por fraude fiscal.

Información incautada

El magistrado dio la orden de incautar "cualquier tipo de material o soporte informático", incluyendo los teléfonos móviles de los que disponga el fiscal general, y de copiar de forma íntegra su contenido desde el pasado 8 de marzo hasta la actualidad, es decir, casi ocho meses. En un auto posterior, el Tribunal Supremo limitó el análisis que la Guardia Civil debe efectuar de toda la información incautada a aquellas que guarde relación con la causa y entre el 8 y 14 de marzo.

La entrada y registro ha sido recurrido tanto por la Abogacía del Estado que ejerce la defensa de García Ortiz como por la Fiscalía, representada por la misma fiscal a la que hace referencia el escrito de la APIF. Ambas partes consideran que la orden de Hurtado fue desproporcionada y destacan que el material que se incautó es de especial sensibilidad e incluso puede comprometer "la seguridad" estatal.