Los audios que confirman la implicación de la asesora de Moncloa: "Tengo un wasap de Cristina"

El rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Joaquín Goyache, y el exvicerrector Juan Carlos Doadrio confirmaron en sede judicial que la asesora de Moncloa Cristina Álvarez se implicó de forma directa en los negocios de Begoña Gómez. Así consta en sus declaraciones a las que tuvo acceso El Confidencial. Ambos responsables académicos ubican a esta mujer en las gestiones sobre la cátedra de la esposa del presidente y el software de la universidad que se apropió. La mujer de Pedro Sánchez se encuentra imputada por estos hechos, acusada de tráfico de influencias, corrupción entre particulares, apropiación indebida e intrusismo.

Las parejas de anteriores presidentes del Gobierno también disfrutaron de asistentes personales, pero ninguna de ellas los empleó para sus negocios o trabajos privados. Este periódico desveló en julio que Begoña Gómez usó a esta asesora del Gobierno para reclamar a empresas los pagos a su máster. Se llama María Cristina Álvarez Rodríguez y forma parte de los más de 800 asesores de Pedro Sánchez. Fue contratada a dedo y está en nómina del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes de Félix Bolaños.

Su nombre ha vuelto a la primera línea de esta investigación porque en uno de los últimos tomos del sumario que instruye el juez Juan Carlos Peinado aparecen correos electrónicos suyos. En uno de ellos, esta asesora trasladó a Reale el interés de Begoña Gómez en que la empresa aseguradora siguiera patrocinando la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva que dirigía la mujer del presidente del Gobierno. "PD: Me dice Begoña que te traslade que le encantaría que sigáis como patronos de la cátedra, aunque sea con una cantidad inferior. Dispuestos a colaborar con vosotros en lo que necesitéis", reza el correo electrónico fechado el pasado 8 de febrero.

El juez sospecha que la UCM creó irregularmente una cátedra extraordinaria para que la dirigiera Begoña Gómez porque es la mujer del presidente del Gobierno. Por estos hechos citó a declarar este verano como testigo al exvicerrector de la universidad Juan Carlos Doadrio. Según dijo, a él le llamó el rector Goyache para anunciarle el proyecto a finales de septiembre de 2020. "Me llama el rector por teléfono y me dice:'Tengo que crear una cátedra para Begoña Gómez, la mujer del presidente'", confesó Doadrio al juez. Goyache dice que no recuerda haber usado esas palabras y añade que nunca presionó para que el proyecto saliera adelante.

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Doadrio afirma que dejó de ser vicerrector de la UCM por desavenencias con Goyache y se presenta como un testigo clave en el caso. En sus respuestas aludió expresamente a la asesora Cristina Álvarez. La abogada que realiza las preguntas en representación de las acusaciones populares, Marta Castro, le interrogó por el proyecto del software. Doadrio relató que esa iniciativa surge en 2021 y que él les asesoró sobre cómo patentarlo a nombre de la UCM. "Tengo un wasap de Cristina Álvarez, que es la persona que la acompañaba en el que me dice: 'Necesito unos datos tuyos para la patente de la plataforma'".

Tal y como desveló este periódico, Begoña Gómez acabó poniendo a su nombre la plataforma informática, que era una herramienta de medición del impacto para pequeñas y medianas empresas. Hazte Oír presentó una querella por estos hechos que han terminado engrosando la causa que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid. Esta asociación ha pedido al juez Peinado que cite a declarar de nuevo a Doadrio a la luz de los nuevos acontecimientos. También han solicitado interrogar a la propia Cristina Álvarez. El magistrado, de momento, no ha contestado a estas peticiones.

Cómo se pagó el 'software'

En su declaración de julio, Juan Carlos Doadrio se refirió una vez más a la asesora: "En una visita que tuve, de Begoña con Cristina Álvarez me preguntaron cómo había que pagar porque había que terminar la plataforma". En ese momento, las empresas Indra, Google y Telefónica habían aportado dinero para desarrollar una primera fase del software. Las compañías accedieron al entender que se trataba de una colaboración "sin ánimo de lucro" con una institución educativa, pero la situación cambió en septiembre de 2023. Las tres multinacionales dieron por concluida su participación tras gastarse al menos 150.000 euros y asumir que podían estar incurriendo en un conflicto de interés por trabajar con la esposa del presidente.

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Para desarrollar la segunda fase del programa se invirtieron otros 60.000 euros y Doadrio les explicó a Begoña Gómez y su asesora que había que sacar una licitación pública debido a la cantidad económica. Deloitte Consulting SLU se adjudicó el encargo por 60.500 euros. Fuentes de la Complutense señalan que, al contar con financiación de la Universidad y desarrollarse en sus instalaciones, el software pertenece a la institución educativa. La UCM presentó en julio un escrito al juez en el que denunció la falta de "cooperación" de Begoña Gómez y ya apuntó a una "apropiación indebida".

Goyache declaró en dos ocasiones ante el juez, primero como testigo y después como imputado, con posibilidad de mentir para no perjudicarse a sí mismo. En su caso, está investigado por tráfico de influencias y prevaricación. En su segunda comparecencia, celebrada en verano, contó que él acudió directamente a reunirse con Begoña Gómez en el mismo Palacio de la Moncloa. Citó a Cristina Álvarez como una mujer que acudía a esos encuentros en los que se abordaban negocios privados con la mujer de Pedro Sánchez en el complejo presidencial. Luego matizó que no recordaba bien el nombre.

Un tercer protagonista de esta causa, el también imputado Juan Carlos Barrabés, abundó en que cuando iba a reuniones con Begoña Gómez en el Palacio de la Moncloa, ella se hacía acompañar de mujeres de su equipo. Según dijo este empresario, siempre eran mujeres. Barrabés aceptó la petición de la mujer de Sánchez para dar clases en su cátedra universitaria. Además, según desveló este periódico, la esposa del presidente firmó dos cartas de apoyo para que una de las empresas de Barrabés se hiciera con varias adjudicaciones de alrededor de diez millones de dinero público.