El sector 'progre' del CGPJ vuelve a jugar "la carta de la mujer" para aupar a Ana Ferrer

La sombra del bloqueo en los nombramientos más sensibles vuelve a rondar el Consejo General del Poder Judicial. La amenaza de parón afecta ahora a la presidencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. La Segunda, que acumula asuntos tan delicados para el Ejecutivo como el caso Koldo o la causa contra el fiscal general, se quedará sin presidente a principios de diciembre, cuando acaba el mandato de Manuel Marchena. El sector más cercano a la izquierda ha comenzado ya a esgrimir la regla de la paridad para tratar de nombrar para este puesto a la magistrada Ana Ferrer, a quien Moncloa ve con buenos ojos. Los conservadores no piensan prestar sus votos y respaldan la designación de Andrés Martínez Arrieta.

Todo apunta a que se reproducirá el atasco que inauguró los primeros pasos del actual Consejo. Con su mandato recién estrenado, los 20 vocales tardaron varias semanas en alcanzar un acuerdo para nombrar a su presidenta. La elegida fue la progresista Isabel Perelló, cuyo nombre logró los apoyos necesarios como perfil de consenso. Antes de eso, los dos bloques se encasillaron en sus preferidos.

Los progresistas defendían ya entonces la elección de Ferrer o de la magistrada Pilar Teso, mientras que los conservadores apoyaban al magistrado Pablo Lucas. Tras constatar que ninguno de los dos bloques pensaba moverse, Perelló apareció como solución.

Diez de los vocales fueron designados a propuesta del PP y los otros 10, a propuesta del PSOE y Sumar. El acuerdo de la renovación pactado entre socialistas y populares implica que los cargos obtengan el respaldo de tres quintos del Consejo, es decir, de 13 vocales, lo que obliga a negociar. Perelló expresó desde un inicio su intención de apoyar aquella opción que obtenga mayores votos en todos los casos. Quiere evitar el mando presidencialista y se inclina por un papel de arbitraje cuando sea necesario ejercerlo. Ya desde su discurso en la apertura del año judicial reivindicó que el nombramiento de los futuros cargos para la cúpula judicial debería garantizar que se escoja a los mejores profesionales y que primen, por tanto, el mérito y la capacidad.

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La diferencia en comparación con nombramientos anteriores es que el proceso debe cumplir por primera vez la ley de representación paritaria por la que pretende garantizarse el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, de tal manera que las personas de cada sexo no superen el 60% ni sean menos del 40%. La duda está en cómo aplicar este criterio. En un reciente informe aprobado por la Comisión de Igualdad con los votos de los progresistas Lucía Avilés y Carlos Hugo Preciado, se defiende que el porcentaje se aplique al conjunto de las cuatro presidencias de Sala del Tribunal Supremo, de manera que resulten elegidos dos hombres y dos mujeres. Perelló ha encargado su propio informe al gabinete técnico.

"La carta de la mujer"

Mientras los progresistas han comenzado a cerrar filas en defensa de la tesis de la paridad en las presidencias, los conservadores ven una maniobra para "colar", de nuevo, tanto la candidatura de Ferrer a la Sala de lo Penal como la de Pilar Teso a la presidencia de la Sala de lo Contencioso, frente a Pablo Lucas, que opta también a este nombramiento. Distintas fuentes consultadas consideran que el bloque de la izquierda ha vuelto a jugar "la carta de la mujer" como ya hizo con la propia presidencia del Consejo para justificar sus preferencias.

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Los vocales de la derecha siguen pensando lo mismo que ya aseguraban cuando las dos candidatas optaban a dirigir el Supremo. Dicen que tanto una como la otra son las preferidas del Gobierno para ocupar la dirección de las dos Salas. También destacan que Arrieta es el magistrado más veterano del escalafón judicial, tras haber conformado, durante casi 25 años, la Sala Segunda.

Al cierre del plazo para presentar candidaturas, este lunes, Ferrer y Martínez Arrieta fueron los únicos aspirantes en reclamar la plaza, mientras que sus compañeros Pilar Teso y Pablo Lucas se enfrentarán, también a solas, por la de lo Contencioso-Administrativo. En lo Civil solo concurre Ignacio Sancho y, en lo Social, se proponen Juan Molins y Concepción Ureste. La pelea está servida de nuevo.